700 días hemos tardado en vernos de nuevo el rostro en el súper y en buena parte de nuestros trabajos. Durante casi dos años, los ojos fueron la parte visible de una identidad disimulada por una pandemia que, si bien hoy se halla atemperada, continúa entre nosotros. Al Estado le ha ocurrido algo parecido. La urgencia sanitaria, un agosto para comisionistas, eléctricas, bancos y farmacéuticas, ha sido la máscara que cubrió mucho de lo que hoy redescubrimos. Pegasus, el programa de espionaje telefónico usado para violentar los derechos de unos 66 dirigentes políticos y sociales en Catalunya y País Vasco, entre ellos, 4 presidentes de la Generalitat (incluido el actual), representa una vergüenza que se intenta, tras salir a la luz, seguir tapando. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha acudido a Catalunya para hablar de la "investigaciones internas en el CNI" y de la reapertura de comisión parlamentaria de secretos en las Cortes. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, señala que todo debe hacerse "sin poner en riesgo la seguridad".
Parece claro que no hay la más mínima voluntad de responder a este profundo ataque a la democracia organizado desde el propio Estado. Se anda justificando a los espías y las acciones delictivas y antidemocráticas que éstos practican con dinero de todos
El altar del Estado monárquico se sostiene, por un lado, sobre cloacas y basura inconfesable y por el otro, en jueces reaccionarios y políticos que aceptan supeditar su acción al sacrosanto respeto de la llamada razón de Estado. Con tales procederes no hay manera de ganar derechos o de mantener los conseguidos.
Que el resultado de la voluntad popular votada haya sido considerado objeto de espionaje por parte del propio Estado para garantizar su seguridad no es nuevo, sino hijo directo del Frankenstein generado tras la transición pactada con los herederos del franquismo. Una transición que negó no solo la igualdad republicana entre las personas, sino entre los pueblos del actual reino de España.
A diferencia de la mascarilla que, al ocultar partes sensibles de nuestros rostros, nos protegía contra la infección, la manta con la que los jefes del PSOE buscan tapar la deformidad antidemocrática rampante y genética del régimen no ayuda a combatirla. Al contrario, favorece la extensión de la pandemia antidemocrática que infecta al Estado y sus instituciones.
Vox ya está gobernando en alianza con el PP en Castilla y León y apoyando profusamente al PP de la Comunidad de Madrid. Debilitar su base y fuerza llegará, igual que en Francia, de la mano de medidas decididas de higiene democrática, de igualdad real y de garantía de derechos. Los discursos jesuíticos de hoy sobre "la maldad moral" de la extrema derecha, poco ayudan.
Hay que apostar por disolver el CNI y defender que la seguridad se organice sobre bases republicanas, controlables, supeditadas al pueblo y al derecho de autodeterminación de vascos, gallegos o catalanes. Aprovechemos que cayó la máscara.