Con más de 26 meses de duración, la huelga de las y los periodistas de la agencia mexicana de información Notimex es uno de los conflictos más largos de la historia sindical contemporánea de América Latina.
Se inició el 21 de febrero del 2020 y continúa. La lanzó SutNotimex (https://sutnotimex.com.mx/), el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que cuenta con el apoyo activo del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, organización afiliada a la Federación Internacional de Periodistas (FIP) con sede en Bruselas, Bélgica.
Para esa fecha Notimex había despedido a 245 de sus 327 colaboradores. La principal reivindicación de la huelga sigue siendo la restitución del personal cesanteado y el pleno respeto al Contrato Colectivo de Trabajo.
Desde entonces, el servicio informativo "clásico" de Notimex está suspendido. La agencia reemplazó a una parte de los despedidos y recurrió a otros canales y medios sociales para tratar de mitigar el impacto de la huelga en su oferta informativa cotidiana.
SutNotimex contabiliza en la actualidad un centenar de miembros, el 90% son mujeres. "Hemos vivido dos años y dos meses muy complejos. Sin salarios y sin prestaciones sociales", explica a este corresponsal Adriana Urrea, joven periodista y secretaria general de dicho sindicato. Urrea participó en la última semana de abril en el 4to. encuentro de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Lucha que se realizó en Dijon, Francia.
Aunque el Ministerio del Trabajo reconoció la legalidad de "nuestra medida de fuerza", comenta Urrea, "hemos sufrido muchas presiones. Sectores del gobierno y ciertos medios de comunicación cercanos al poder nos han tratado de criminalizar. Esgrimen que nuestro movimiento no es legítimo". Sin embargo, enfatiza, "hemos revertido estas acusaciones y ese intento de criminalizar nuestra lucha. Hemos modificado esa situación desfavorable, ganando una credibilidad social que no contábamos en 2020 cuando nos lanzamos a la huelga".
Urrea ha sido acusada, a través de tres diferentes procesos judiciales, de corrupción y desvío de recursos públicos durante sus viajes de servicio en sus funciones de reportera, antes del conflicto. Fue declarada inocente en dos de los tres juicios por falta de mérito. Un tercer fallo, de abril del año en curso, la sanciona por no haber presentado comprobantes de gastos por la irrisoria suma de 120 dólares. "Es un burdo pretexto para desprestigiar nuestra lucha. Mis abogados tienen todas las pruebas en las manos y van a recurrir esta nueva embestida jurídica", argumenta.
La acción legal tiene un objetivo claro: desprestigiar a la dirigente sindical. Algo totalmente coherente con la actitud de la dirección de Notimex, que ya en junio de 2021 propuso resolver el conflicto y respetar los salarios caídos con la única condición de que Adriana Urrea no regresara a su puesto de trabajo. "Las afiliadas y afiliados no aceptaron esta propuesta. Rechazaron la falta de respeto de la empresa tanto a la libertad sindical como a la persona que les representa", explica la dirigente.
Al momento del balance de este conflicto siempre en marcha, la dirigente subraya con emoción la presencia mayoritaria de mujeres. "Protagonizamos una lucha larguísima con compañeras que no aceptan levantar la huelga porque sienten que sería una claudicación". Y que se juegan por el sindicato que recuperaron de las manos de una burocracia inoperante y que lograron reconstruir.
Urrea reivindica también la enorme legitimidad nacional e internacional: "Amplios sectores gremiales y de la sociedad civil mexicana hoy nos apoyan activamente, nos reconocen y adhieren a nuestras demandas. Al igual que organizaciones del mundo entero. Esta es ya una gran victoria de nuestro combate sindical".
Otra lucha, las mismas armas
A casi 4.500 kilómetros al sur de México, en diciembre pasado estalló un frontal conflicto sindical en pleno corazón del Perú andino. Sus protagonistas: los trabajadores de la mina de Andaychagua, en el departamento de Junín (44 mil kilómetros cuadrados). Exigen a la Volcan Compañía Minera, propiedad de la multinacional suiza Glencore, la firma de un Convenio Colectivo de Trabajo.
A pesar de que las autoridades peruanas ya habían reconocido la legitimidad de las demandas sindicales, ante el rechazo empresarial de negociar dicho acuerdo, el 20 de diciembre del año pasado el Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de Andaychagua convocó a la huelga. Luego de más de 60 días de conflicto, el Gobierno peruano exigió a la filial de Glencore que se sentara a negociar. La empresa rechazó la decisión oficial y optó por apelar ante la justicia, recurriendo a diversos pretextos formales.
"Una de las posibles causas de fondo por la cual la Volcan no aceptaría la negociación es la decisión del sindicato de ampliar el ámbito de afiliación a los trabajadores tercerizados", explica en entrevista exclusiva Gianina Echevarría, asesora sindical y miembro de Programa Laboral de Desarrollo (PLADES), institución especializada en la problemática laboral en Perú y América Latina (http://www.plades.org.pe/).
La mina de Andaychagua, que se dedica especialmente a la extracción de plata y zinc, cuenta con aproximadamente 400 trabajadores directos (de planta) incluyendo el staff administrativo. Otros 1.100 son trabajadores de empresas subsidiarias o contratistas de la Volcan, por lo cual no gozan de los mismos derechos que los trabajadores directos. Sus contratos temporales pueden no ser renovados sin obligar a la Volcan a pagar indemnizaciones y derechos sociales.
Echevarría visitó recientemente Suiza invitada por organizaciones helvéticas para la celebración del 1 de mayo y para participar en varios eventos informativos sobre la situación sindical en su país. "Otro nivel de tensión, detonante de la huelga", explica, "fue la oposición de la patronal de Volcan a firmar una Convención Colectiva con el sindicato. Éste propuso en julio de 2021 un pliego de peticiones que la filial de la Glencore rechazó negociar".
Según esta asesora sindical, que representa también en Perú a la organización CNV Internacional --de los Países Bajos--, "las condiciones de trabajo de los trabajadores tercerizados son, muchas veces, peores que las de los empleados directos". Laboran a cientos de metros bajo tierra, en espacios mal ventilados, con temperaturas muy altas y sin equipos de seguridad adecuados.
Desde el comienzo de la pandemia, la situación de los mineros se deterioró aún más. Esta situación impulsó al sindicado en su reunión de diciembre de 2020 a modificar sus estatutos, con el fin de autorizar la afiliación de sus colegas tercerizados. La oficina regional de trabajo aprobó este cambio, pero la filial de Glencore presentó un recurso para invalidarlo. Las autoridades rechazaron dicho recurso. La empresa entonces tomó represalias contra el sindicato y multiplicó los obstáculos jurídicos formales para no negociar con su contraparte sindical.
El respeto a los convenios y a la negociación colectiva es un derecho universal reconocido por la Organización Internacional del Trabajo y un instrumento esencial para los trabajadores. Sin embargo, dicho derecho produce irritación en amplios sectores patronales. La huelga sigue siendo en algunos países latinoamericanos, un arma esencial del combate sindical.
Miles de trabajadores recurren a esta medida de lucha. Paros que exigen grandes sacrificios personales de parte de sus protagonistas. Sin embargo, estas-os ven que sus reivindicaciones y luchas gozan de buena salud, recogen un apoyo social significativo y, muchas veces, incluso, su compromiso ejemplar despierta y moviliza a la solidaridad internacional.