Desde que Guillermo Lasso inició el gobierno el 24 de mayo de 2021 se preveía que su gestión conllevaría peliagudos problemas para el pueblo ecuatoriano debido a los programas neoliberales que impulsaría el multimillonario banquero.
Las sospechas fueron exactas: en los primeros siete meses desmanteló Seguros Sucre, la principal empresa de seguros del Estado y repartió el mercado de aseguramiento entre sus socios financieros; creó un sistema para comercializar hidrocarburos y elevar los precios de los combustibles con el fin de beneficiar a los inversionistas privados y de esa forma los importadores de hidrocarburos podían utilizar la infraestructura estatal de Petroecuador sin abonar dinero.
Impuso, sin pasar por el Congreso, varias regulaciones para fomentar un mercado para la distribución de la energía eléctrica y le transfirió capacidades de derechos y control a las compañías privadas.
En su obsesión privativa, en el ultimo trimestre de 2021 envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley con más de 400 artículos que reformaban más de 30 legislaciones, entre éstas las laborales en las cuales se planteaba que cuando un trabajador resultara despedido de forma intempestiva, debía ser el obrero quien indemnizara al empresario. También autorizaba el trabajo infantil, pero como era de esperar, el texto fue rechazado por la Asamblea.
La lluvia de leyes neoliberales no cesaban y a fines de 2021 el régimen envió otro paquetazo que proponía la privatización de la banca pública de desarrollo, nuevos impuestos para las clases medias y regulaciones para los contratos petroleros, entre otros.
A finales de 2021 estalló los denominados Papeles de Pandora, una pesquisa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en la que se vinculaba a Lasso con 14 sociedades offshore (Paraísos Fiscales) establecidas en Panamá, Estados Unidos y Canadá que habían financiado su campaña presidencial.
Pese a que el análisis sobre el delito se llevó a la Asamblea, el mandatario no fue destituido por el apoyo que le dio el movimiento Pachakutik, partido político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), que tuvo desavenencias con el gobierno de Rafael Correa. Esto motivó que en un principio Pachakutik se aliara con Lasso, quien le ofreció algunos beneficios, los cuales no cumplió.
La copa se fue llenando pues a la profunda crisis político, económica, financiera dejada por su antecesor, Lenin Moreno, se unieron las dañinas medidas neoliberales de Lasso en el primer año de gobierno. Su popularidad actual no rebasa el 20 %.
Como consecuencias de los dos últimos desgobiernos, el de Lenin Moreno y el de Guillermo Lasso, el pueblo ecuatoriano ha sufrido enormes retrocesos.
El panorama en Ecuador es caótico: la pobreza se sitúa en 35 % (en las zonas rurales 47 %) y la extrema en 15,2 %; más de 5,6 millones de ecuatorianos sobreviven con menos de 84 dólares al mes. La desnutrición afecta al 26 % de los niños de 0 a 5 años, cifras que aumentan al 40 % en el campo.
De cada diez personas con capacidad para trabajar, apenas tres de ellas tienen empleo. La inversión pública en salud, educación, inclusión social cayó a sus peores indicadores desde décadas atrás. Para cumplir con los adeudos del FMI, Lasso la redujo en 2022 a 1 800 millones de dólares (su promedio era de 4 000 millones) y en el primer trimestre del año solo había entregado 67 millones de dólares.
Sin oír las reivindicaciones que la CONAIE reclamó al gobierno en varias conversaciones, el movimiento indígena, liderado por su presidente Leonidas Iza, decidió ir a una huelga general a la que se unieron estudiantes, obreros y grupos sociales.
Desde los primeros momentos la CONAIE exigió 10 puntos:
congelamiento de los precios de los combustibles; alivio económico para los pequeños deudores del sistema bancario y financiero; precios justos para los productos del campo; políticas de empleo y derechos laborales; moratoria a la frontera extractiva; respeto a los derechos colectivos; evitar la privatización de los sectores estratégicos y, en especial, de la banca pública de desarrollo; políticas de control de precios para los bienes de primera necesidad; presupuesto para salud y educación y libre ingreso de los jóvenes al sistema universitario; políticas públicas efectivas contra la delincuencia, el sicariato y la violencia.
Lasso respondió como siempre lo hacen los regímenes de derecha, con máxima represión que dejaron en 18 días de paro, 6 fallecidos, más de 350 heridos y casi dos centenares de detenidos. Pero ante la decisión de la CONAIE de continuar las protestas, el gobierno tuvo que ceder, y a través de la Confederación Episcopal se logró volver a las negociaciones y finalizar temporalmente el paro.
Con el acuerdo el Gobierno reduce un total de 15 centavos por galón en los combustibles (previamente había rebajado 10 centavos).
También el régimen se comprometió a intensificar operativos para prevenir y controlar la especulación de precios; una declaratoria de emergencia en el sector salud; la concesión de créditos con un interés de 1% a 30 años y un subsidio de 50% en el precio de la urea, entre otros.
El presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, declaró que aunque no están conformes con algunos temas, suspenderían el paro y seguirán discutiendo otra serie de aspectos que si no son cumplidos en un plazo de 90 días, se reiniciarán las demandas callejeras por todo el país.
La realidad es que el neoliberalismo le explotó en la cara a Lasso, cuyo derechista gobierno ha quedado tambaleándose.