El Estado es un reflejo del estado del alma de los ciudadanos, y a viceversa, el alma de los ciudadanos es un reflejo del Estado en el que viven. Un Estado justo es a la vez hijo y padre de ciudadanos justos.
- Platón-
Platón, el prominente filósofo griego, creador de la universidad occidental, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, al referirse a los fines y estructura del Estado Justo, concebía como colofón de la política la implantación del bien y la felicidad de todos los ciudadanos. Siendo su designio, su razón de ser, la cristalización de tales objetivos, acudiendo a la fuente de las virtudes y de los valores que inspiran a ese propósito común: Respeto, igualdad, justicia, libertad, ciudadanía, equidad y seguridad. ¿Qué mayor reflejo de tales premisas que La Constitución para una república, como punto de partida para el establecimiento de un sistema de gobierno con instituciones, reglas y principios que regulen las relaciones entre esas instituciones y sus ciudadanos?
La explosiva manifestación social acaecida en Chile en octubre de 1919, puso de manifiesto la necesidad de llevar adelante uno de los más caros anhelos para el establecimiento de un marco de relación entre los diversos actores, en función de renovar el pacto democrático para la superación de los déficits de gobernabilidad, para renovar el modelo establecido a partir del Pacto de la Concertación en 1990, con énfasis en las demandas y aspiraciones estructurales de la sociedad, de cuyo reflejo devienen los resultados en favor de la elaboración de una nueva Constitución, en la consulta popular del 2020, cuando 78% de los votantes se inclinó por poner fin a la actual Constitución, trayendo como paso posterior, la elección, en 2021 de la Convención Constituyente que tuvo la responsabilidad de redactar un proyecto que habrá de ponerse a la consulta del pueblo chileno el venidero 04 de septiembre.
A pesar de los accidentes e inconvenientes por que ha transitado la Convención Constituyente, más por posiciones disimiles de sus integrantes, conductas asumidas catalogadas de intransigentes y por supuesto de aquellos que apuestan a la vigencia de la Constitución actual y por ende de la permanencia del estado de cosas en Chile tal y como están, esta logró redactar un texto que ahora pasará por el examen popular, lo cual en definitiva determinará que Chile cambie de Constitución o permanezca con la actual.
Sin duda que el Proyecto de Constitución a ser puesto a la consideración contiene aspectos novedosos, algunos de los que precisa el régimen democrático para alcanzar su estabilidad y el orden de las cosas, en un nuevo escenario de adecuación, sobre todo en cuanto a la reivindicación de derechos y oportunidades capaces de ampliar tanto la inclusión como la participación activa de las fuerzas de la sociedad, tanto individual como colectiva, en la gestión pública.
Resultan evidentes las premisas muy disímiles en la manera en cómo fueron redactados ambos textos (la Constitución vigente y el proyecto que irá a consulta popular el próximo 4 de septiembre), y es que el proyecto de Constitución que va a consulta, no se redactó en el marco de un periodo autoritario como sucedió con la actual, sino partiendo de la premisa de un acuerdo de todas las fuerzas políticas para revertir la crisis de legitimidad de las instituciones democráticas tras las manifestaciones de 2019. El encumbramiento democrático puesto de manifiesto por el pueblo chileno, conllevó a la elección popular de una Convención Constituyente, con un total de 154 integrantes,17 de esos escaños reservados para indígenas y una elevada cifra de independientes, fuera de los partidos políticos, que no deja lugar a dudas su legitimidad e inclusión, me atrevo a decir, como la hermana nación nunca ha tenido
El proyecto de Constitución reúne un conjunto de aspectos que, de entrada, ofrecen diferencias sustanciales con respecto a la Constitución vigente tales como: la caracterización del Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico; la relevancia del papel protagónico del Estado en la economía, el incremento de la gestión pública en favor de la protección ambiental, la igualdad de género, el establecimiento de los derechos de los pueblos indígenas y las premisas para efectuar cambios al sistema fiscal y de pensiones, así como de un sistema social de salud con énfasis en los sectores sociales más necesitados. La Constitución vigente produjo un modelo político y económico favorable a las instituciones privadas por encima del Estado en cuanto a la provisión de bienes sociales como educación, salud y pensiones se refiere. Igualmente, el establecimiento del agua como bien "inapropiable". Así como el "derecho humano al agua", y su prioridad ante sus demás usos, creándose una Agencia Nacional de Aguas para su uso sostenible, considerado de singular preeminencia en momentos en que la usanza, el acceso y protección del agua forma parte del debate en Chile, e incluso es parte de un creciente número de conflictos ambientales que han alcanzado sus reclamos hasta instancias judiciales. El tema de la inclusión para el ejercicio de la gestión pública, la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales, establecido en su artículo 7, propia de los modelos federales cooperativos, facilita la coordinación eficaz para el ejercicio de la gestión pública entre las diferentes instancias territoriales de gobierno.
Cabe igualmente mencionar lo establecido en su artículo 24, en cuanto al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de las graves violaciones a los Derechos Humanos. La condena a la desaparición forzada, la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, que serían imprescriptibles e inamnistiables. La prevención, investigación y sanción a todo acto violatorio de los derechos humanos, impidiendo su impunidad. Inclusive, las investigaciones de oficio y el derecho a la reparación integral por parte del Estado a las víctimas de tales violaciones, forma parte de un avance que sentará precedente a fin de que tales aberraciones solo sean triste evocación de un oscuro pasado.
Otros aspectos incluidos han venido generando polémicas en el desarrollo del debate nacional, tales como, el ejercicio de la autonomía política y la justicia indígena. La eliminación de la Cámara del Senado, de larga tradición institucional, por un Congreso bicameral catalogado por diversos sectores como "asimétrico", que potencia al Congreso de Diputados y Diputadas y reemplaza al actual Senado por una Cámara de las Regiones con atribuciones más limitadas. Cabe recordar que el Senado en los regímenes democráticos liberales occidentales, incluyendo la tradición democrática chilena, viene a ser la instancia reposada para el perfeccionamiento de la actividad legislativa y promueve la presencia del equilibrio en las regiones independientemente de su demografía, como una manera de garantizar paritariamente las exigencias presupuestarias y legales de las regiones, regulando bajo esas tendencias, las políticas emanadas desde el gobierno central, lo cual riñe con el propósito descentralizador del proyecto. Igualmente, la ausencia de premisas reguladoras para la actividad de los partidos políticos, y de la estructura y caracterización del sistema electoral chileno se omiten en el proyecto.
A esta fecha no existe una claridad meridional con respecto al triunfo de la propuesta del SI "apruebo", pienso que tal vez ocasionado por los ruidos venidos desde el seno de la Convención Constitucional, por la manera en cómo se abordaron los debates y de las imprecisiones que contiene el texto, algunas anteriormente mencionadas. Y aun cuando el estadio ideal es que el "apruebo" gane con una amplia mayoría, no alcanzar el propósito fundamental sería un desconsuelo, por tratarse de un acontecimiento de primer orden para la vigencia, desarrollo y refrescamiento de la democracia chilena. Los trances que afronta el proceso constituyente actual en Chile pudiéramos resumirlos a partir de las siguientes caracterizaciones:
1.Las dificultades para cosechar amplios acuerdos y el mayor consenso posible. El no promover intercambios acertados en momentos en que se requiere de mucha serenidad, ocasionando dificultades para generar ambientes propicios, amén de las omisiones y falta de claridad en cuanto al papel de órganos vitales como el tema sobre el Poder Judicial.
2.De lo anterior deviene un clima polarizador en que dos posturas, una en favor de "apruebo" y la otra de "no apruebo", rompe con la posibilidad de examinar alternativas que permitan alcanzar el mayor consenso posible.
3.La desinformación a consecuencia de las actitudes exageradamente radicales de algunos integrantes de la Convención (eventos a veces inevitables en órganos colegiados integrados por un variopinto de pensares), los textos aprobados en las comisiones de trabajo divulgados y lo que finalmente aprueba la Plenaria del Foro diferente a los difundidos, conlleva a especulaciones sobre lo que se discute, trayendo consigo la indiferencia y hasta cierta desconfianza hacia un órgano que debió mostrarse más abierto y tolerante a la discusión, al debate y al logro de salidas intermedias capaces de reivindicar el sentimiento de ese 78% de la población que en 2020 votó en favor de la redacción de una nueva Carta Magna.
4.La situación de Chile, por su tradición democrática, su diversidad de pensamiento político-ideológico, no da en estos momentos, ni para la implantación de una Constitución Socialista, ni para una Constitución a la que pudieran aspirar sectores conservadores de la derecha que reivindique el pensamiento neoliberal y excluyente (me niego a creer haya sido el propósito de la Convención Constitucional). Se trata en tal caso de alcanzar una Carta Magna que profundice la democracia, que, por ejemplo, rescate las conquistas pospuestas una y otra vez, anhelos especialmente de los excluidos, en lo concerniente a los derechos laborales de la gran masa trabajadora, y otros pendientes como el de una educación universal camino seguro a la gratuidad y de un sistema de salud de calidad al alcance de los más necesitados. No creo en eso de que la carga presupuestaria del Estado para afrontar tales retos, la educación, la salud y el óptimo nivel de ingresos para los asalariados se catalogue de gasto, más si de inversión para una nación que ha demostrado una capacidad sorprendente, de sobreponerse a la adversidad y dar muestras de progreso y de desarrollo, que jamás consolidará tales estadios llevando consigo el lastre de la pobreza y de la exclusión.
Los tiempos de cambios y avances subyacen en el corazón de las mayorías chilenas, los acontecimientos políticos escenificados en los últimos tres años así lo reflejan. En tal caso queda pendiente la decisión del pueblo chileno el venidero 4 de septiembre. "Vox populi, vox Dei". Que prevalezca la inmortal frase del padre de la independencia uruguaya, José Gervasio Artigas: "Para mí no hay nada más sagrado que la voluntad de los pueblos.