La reciente derogación del artículo 365 del Código Penal de Chile y la aprobación de una norma que iguala en 14 años la edad de consentimiento sexual para parejas de igual y distinto sexo (1), no solo es histórico en cuanto a derechos para las personas LGBTIQA+, al dejar atrás el último artículo homofóbico del Estado (1874), sino también se puede ver como el comienzo de un nuevo ciclo, a solo días de que se apruebe la nueva constitución.
Lo planteo ya que el nuevo texto constitucional, contiene distintos artículos referidos a la diversidad sexual, los cuales le ponen fin al Estado heteronormativo que nos ha regido desde el siglo XIX, y el inicio de un nuevo Estado, que se hace cargo de una historia de discriminaciones, violaciones, torturas y muertes a muchas personas, por el solo hecho de tener una orientación sexual e identidad de género diferente a la oficial.
Es cosa de revisar un poco el daño que ha causado históricamente el Estado de Chile, a cualquier tipo de disidencia sexogenérica, heredando así la visión patriarcal de la monarquía española y de la iglesia católica, al negarse a pensar más allá de un sistema binario de género (hombre y mujer) y de un mandato de masculinidad imperante.
De ahí que la nueva República de Chile, no haya tocado la concepción sexual y de género del régimen colonial anterior, al profundizar una cruzada contra la diversidad sexual, reemplazando con el tiempo los argumentos religiosos por otros de carácter científico, al plantear que quienes no eran heterosexuales ya no eran pecadores sino enfermos.
Es así como cualquier expresión sexual y de género, fuera de la norma heteronormativa, era considerada desviada, trastornada y un delito que debía tener pena de muerte incluso, a través de la hoguera, siendo la "sodomía" una aberración para la comunidad médica, en donde recién en el año 1999 se elimina como delito en el Código Penal de Chile.
En consecuencia, se hace imposible no mencionar el daño enorme que generó la Ley de Estados Antisociales para miles de personas, promulgada por el dictador Carlos Ibáñez del Campo (1954), la cual sirvió para perseguir a grupos considerados como peligrosos socialmente, dentro de los cuales estaban las personas no heterosexuales.
Lo mismo con respecto a la dictadura de Augusto Pinochet (1973) en donde las fuerzas armadas, carabineros y los servicios de inteligencia existentes (DINA, CNI), tuvieron un especial brutalidad y violencia contra la comunidad LGBTIQA+, siendo muchos de ellos golpeados y asesinados.
Frente a esto, el rol que han jugado las distintas organizaciones y agrupaciones LGBTIQA+ ha sido enorme, quienes han resistido y visibilizado la homofobia y transfobia institucional por siglos que hemos tenido como país, empujando importantes avances.
Los casos de las marchas de orgullo gay desde la vuelta a la democracia (1990), la ley antidiscriminación (2012), ley de unión civil (2015), ley de identidad de género (2018), ley de matrimonio igualitario (2021), entre otros muchos avances históricos, nos muestra que se va por un muy buen camino en Chile.
No obstante, se vuelve muy insuficiente, considerando un estudio realizado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Organización Trans de Rancagua y Fundación Iguales, en donde el 89% de personas que son parte de la comunidad LGTIBQ+ en Chile han sufrido discriminación, el 62% ha sufrido delitos relacionados con su identidad y el 31,8% ha pensado en suicidarse, siendo las personas trans las más afectadas (2).
Por lo mismo, la nueva propuesta constitucional se hace cargo de esta realidad en distintos artículos, planteando de manera explícita que el Estado promoverá que las disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva en el país (Art.6) y que promoverá la educación sexual integral (Art. 40).
En la misma dirección, la nueva carta magna también plantea que el Estado reconoce las diversas formas de familia (Art.10), lo que pone fin a la imposición de un tipo de familia tradicional y heterosexual, que no representa la pluralidad de la sociedad y discrimina a quienes no son parte de ella, como lo hace la constitución actual.
A su vez, es muy destacable que se señale que el Estado prohibirá cualquier tipo de discriminación, en donde la orientación sexual e identidad de género de las personas nunca pueda ser pasada a llevar por nadie ni por ningún tipo de organización (Art. 25).
Asimismo, está también el derecho a la identidad y la obligación del Estado a realizar acciones afirmativas al respecto, que promuevan una valoración social de la diversidad sexual, la cual sea vista en todos los espacios como parte de la riqueza humana existente (Art. 64).
Uno de esos espacios, son los nuevos sistemas de justicia de la propuesta constitucional, los cuales están obligados a adoptar medidas de protección para las disidencias sexuales y de género, entre otros grupos (Art. 312).
Visto todo lo anterior, cuesta pensar que quienes han sufrido discriminaciones por su orientación sexual y su identidad de género, no vean esta nueva constitución como una oportunidad de pensar un país distinto.
Por otro lado, para quienes hemos conocido personas que han sido objetos de burlas, humillaciones y violencias, por razones homofóbicas y transfóbicas, también nos debería movilizar desde la empatía y justicia esta nueva constitución, la cual pone en el centro la dignidad de las personas.
En sentido opuesto, los sectores más conservadores en Chile parecieran no darle ningún valor a todo esto, e incluso han preferido burlarse del sufrimiento de otros, como se ha manifestado en la franja del rechazo, al mostrar una historia ficticia de una persona trans, la cual menciona que no denunció a su agresor por amor, lo que es bastante macabro para decir verdad (3).