La condena a seis años de cárcel e invalidación de ocupar cargos de por vida a la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner demostró las irregularidades y la corrupción dentro del sistema judicial argentino donde una serie de jueces continúan alineados a los sectores de la derecha que apoyaron durante siete años los horrores cometidos por la dictadura militar.
Tras la sentencia y con la valentía que le caracteriza, Cristina denunció que existe una mafia judicial, en un Estado paralelo y su juicio se caracterizó como un paredón de fusilamiento debido a una venganza política
El fallo se basó en una "administración fraudulenta" por unas licitaciones viales en Santa Cruz que ganó el empresario Lázaro Báez y que según los acusadores, Cristina se beneficiaba con las coimas, una hipótesis de la que no existe ninguna prueba ni pudieron presentar una mínima evidencia.
Los abogados de la defensa indicaron que a la vicepresidenta le adjudican el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Pero ella no tenía facultades. Las obras y su valor se decidieron en las leyes de presupuesto votadas por el Congreso Nacional. La administración del presupuesto corresponde, por la Constitución, a los jefes de Gabinete. Es ridículo, agregaron, que las obras que se licitaron, adjudicaron, pagaron y controlaron en Santa Cruz se impute a una Presidenta que no tenía facultad en la decisión provincial y tampoco en la administración de fondos presupuestarios. O sea, el delito es de imposible ejecución.
Como se desprende, el fallo tiene como única explicación sacar del ruedo político a la principal figura del peronismo que junto a su ex esposo Néstor Kirchner lograron sacar a la Argentina de la profunda crisis neoliberal en que cayó la nación a finales del pasado siglo XX.
Los magistrados que la condenaron, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, están completamente ligados a los sectores más derechistas del país. Basso es un super aliado de Mauricio Macri, quien intentó condenar a Cristina por "asociación ilícita", propuesta que fue desestimada. Por su parte, Rodrigo Giménez Uriburu, juega al fútbol en el mismo equipo que el fiscal Diego Luciani, en la mansión de Macri.
Los fundamentos del veredicto serán conocidos el 9 de marzo de 2023, fecha a partir de la cual las partes presentarán sus apelaciones a la Cámara de Casación, la cual también esta dominada por jueces macristas como Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
La Casación tardará en resolver la apelación hasta principios de 2024. Luego Cristina Fernández de Kirchner podrá presentar un recurso ante la Corte Suprema, que no tiene plazos. Lo previsible es que haya decisión del máximo tribunal en 2025. Mientras tanto, la inhabilitación no rige y la vicepresidenta puede ser candidata, aunque en sus últimas declaraciones desestimó esa posibilidad.
La sentencia tuvo lugar cuando se ha conocido que varios magistrados judiciales, funcionarios del gobierno derechista de Buenos Aires, empresarios de medios de comunicación y exintegrantes de la Asociación Federal de Inteligencia, se reunieron hace unos días, en forma clandestina, en una enorme estancia del multimillonario inglés Joe Lewis en Lago Escondido, provincia de Río Negro.
Según denuncias, allí se planeó, entre otras cosas, continuar la persecución judicial a los exfuncionarios del gobierno de Cristina; trabajar por la impunidad de Macri en la causa por los peajes y del espionaje a opositores, y elaborar la campaña electoral de 2023 con el apoyo de los medios hegemónicos de comunicación como el diario Clarín.
Por cierto, el ideólogo del Grupo Clarín, Marcelo Longobardi dijo recientemente a Radio Mitre que "algún día tendremos una sorpresa porque vamos a tener que formatear a la Argentina de un modo más autoritario para manejar semejante descalabro". ¿Habrá llamado a otra dictadura militar?
En cuanto a la cofradía contra Cristina, el presidente Alberto Fernández afirmó: "Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente. Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido por jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana". Por su parte el canciller Santiago Cafiero dijo: "La causa es una mentira por eso la sentencia ya estaba escrita".
En el ámbito internacional el rechazo a la farsa fue contundente: Luís Arce, de Bolivia manifestó: "nuestra solidaridad con la hermana Cristina a quien se busca proscribir de la vida política con una sentencia injusta. Estamos seguros que la verdad se impondrá ante todo atentado contra la dignidad de los pueblos y la democracia".
Desde Cuba, Miguel Díaz Canel-Bermúdez sentenció: "Reiteramos nuestro rechazo a los procesos judiciales políticamente motivados y reafirmamos todo el apoyo y solidaridad a Cristina frente al acoso judicial y mediático en su contra".
Andrés Manuel López Obrador declaró: "No tengo duda que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo"
Otros líderes mundiales como Xiomara Castro de Honduras, Nicolás Maduro de Venezuela; el Grupo de Puebla y numerosas organizaciones sociales se manifestaron en el mismo sentido.
Como corolario se desprende que los países nacionalistas y progresistas deben estar alertas porque la derecha mantiene sus poderes en América Latina, apoyada incondicionalmente por Estados Unidos, lo cual hacen peligrar las democracias. Recordemos los casos de Lula y Dilma en Brasil, Zelaya en Honduras, Correa y Jorge Glas en Ecuador, Castillo en Perú, Fernando Lugo en Paraguay. La historia no se puede olvidar.