Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución
EL CONTRATO ENTRE PDVSA Y CHEVRON: ES ILEGAL, INCONSTITUCIONAL Y DAÑINO PARA VENEZUELA
El giro que han tomado las relaciones entre los gobiernos de Venezuela y EEUU es consecuencia de las negociaciones directas que se abrieron entre ambos, a raíz del envío a Caracas en marzo de este año por la administración Biden de una delegación de alto nivel. Este hecho marcó el fin, por ahora, de la estrategia del gobierno paralelo de Guaidó, impulsada desde Washingon para promover el cambio de régimen en Venezuela, aunque la Casa Blanca insiste en reconocerlo como presidente "legítimo", a pesar de que en la práctica a quien reconoce es al gobierno que despacha en Miraflores, con lo cual, de facto,ha dado por cerrada y fracasada dicha estrategia buscando enfocarse en la promoción para el 2024 de una opción electoral que garantice sus intereses económicos y geopolíticos, construida a partir del núcleo opositor representado en la llamada "plataforma unitaria" que conforman lo que queda del grupo de partidos del G4.
La agenda de negociación se ha centrado en los intereses políticos y económicos de ambos actores. El gobierno de Maduro exigió el fin de las sanciones, la liberación de su testaferro de oro Alex Saab y de los "sobrinos", todos ellos acusados por narcotráfico o lavado de activos y por su parte, el gobierno de Biden exigió la liberación de los exdirectivos de CITGO procesados por corrupción y los estadounidenses participantes en la llamada operación intervencionista armada "Gedeón", el reinicio del diálogo de México, la obtención de garantías electorales para las presidenciales de 2024 y el suministro exclusivo de petróleo para cubrir el déficit creado por la salida del petróleo ruso del mercado de EEUU debido a las sanciones aplicadas por el gobierno de Biden debido a la guerra en Ucrania.
Transcurridos más de ocho meses de estas negociaciones se ha producido un intercambio de prisioneros indultados por ambas partes y en el ámbito económico la liberación de algunos activos congelados en el exterior, los cuales serán administrados por la ONU a través de un fideicomiso destinado a financiar el plan que vienen adelantando los organismos especializados de dicho ente internacional, para la atención de la población en materia de salud y alimentación, además de la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional. Si bien esta asignación de los recursos es bienvenida porque está destinada a la atención de ingentes necesidades de la población, no está claro cómo se realizará el control de la ejecución de esos recursos que son venezolanos pero que serán administrados fuera de la órbita del Estado, para evitar que sean desviados o presa de la corrupción como ocurrió en una experiencia similar de la ONU con motivo de la invasión de EEUU a Irak. Recientemente se produjeron dos hechos adicionales resultantesde esas negociaciones: el reinicio del diálogo de México a lo cual se resistía el gobierno de Maduro y simultáneamente, la emisión por la OFAC[i] de la licencia general para Venezuela 41 (LG41), mediante la cual se permite a la transnacional estadounidense Chevron y a las empresas mixtas, en las que participa ésta como socia minoritaria en una asociación con PDVSA, producir y exportar petróleo venezolano exclusivamente al mercado estadounidense hasta cubrir su capacidad instalada.
El llamado diálogo de México no es más que la puesta en escena de un simulacro de diálogo entre el gobierno y la fracción opositora que está allí representando los intereses de Washington, que carece de legitimidad por su carácter excluyente al no haber incorporado a todos los factores políticos opositores y a los movimientos sociales que son expresión de la sociedad civil venezolana. De hecho, la agenda y los acuerdos de ese supuesto diálogo pasan por la aprobación previa del Departamento de Estado, quien es el que en definitiva decide y funge como tutor de ese grupo opositor, lo cual es público y notorio como lo evidencian las reuniones realizadas en Bogotá y Panamá del G4 con el embajador designado para Venezuela por la Casa Blanca. Éste es un hecho vergonzoso, pero es la realidad cruda que refleja la descomposición de ese liderazgo opositor.
El levantamiento parcial de las sanciones a PDVSA a través de la licencia LG41 de la OFAC, tiene un alcance temporal limitado a seis meses renovables y un tope de producción hasta cubrir la capacidad instalada que poseen las empresas mixtas en las cuales participa Chevron y la filial de PDVSA (CVP). Esto último significa que la autorización no cubre nuevas inversiones más allá de las necesarias para reactivar la capacidad instalada, tal como lo corroboró recientemente el alto ejecutivo de esa empresa transnacional Michael Wirth[ii], quien además señaló que el propósito principal de la licencia General para Venezuela de la OFAC (LG41) es relajar algunas sanciones para "permitir que parte del petróleo venezolano fluya de regreso a Estados Unidos, lo que ayudará al sistema de refinación estadounidense". Esa es la razón por la cual la LG41 establece la obligación de PDVSA o su filial de venderle de manera preferente o exclusiva el petróleo producido por la empresa mixta a Chevron para su exportación a EEUU. Esta preferencia podría significar que las refinerías venezolanas no podrían contar con ese petróleo para producir los derivados necesarios para satisfacer la demanda interna, debido a la cesión del control de esa actividad por el Estado venezolano a Chevron.
Por otra parte, la LG41 autoriza la compra o importación de bienes e insumos requeridos para las actividades de producción, comercialización y mantenimiento de los sistemas operados por las empresas mixtas en la cuales participa Chevron, pero se excluye a las empresas iraníes y rusas como proveedoras, limitando la capacidad de decisión de dichas empresas mixtas. De esta manera se está instalando un monopsonio al existir un solo comprador, con todas las distorsiones que ello implica.
Un aspecto clave a considerar en esta "flexibilización" de las sanciones del gobierno de EEUU a PDVSA, es el tratamiento que se da al beneficio económico que le corresponde percibir por ley al Estado por la extracción y comercialización del petróleo, el cual se realiza mediante el cobro de la regalía, los impuestos previstos en la ley y los dividendos. En ese sentido, la LG41 establece taxativamente la prohibición a Chevron de cancelar la regalía y los impuestos que genere la producción petrolera al gobierno venezolano. Asimismo, esa prohibición se extiende al pago de dividendos, incluyendo los dividendos en especies (petróleo), a PDVSA o a cualquier empresa en la cual PDVSA o sus filiales posean igual o más del 50% del capital social. Alrededor de este tema surgen múltiples interrogantes que debe aclarar el gobierno de Maduro al pueblo venezolano, quien es el legítimo y único propietario de los recursos petroleros.
Si el petróleo producido va a ser comprado a la empresa mixta que controla PDVSA por su socia Chevron y es ésta quién lo producirá y exportará a EEUU, y además, el dinero que obtenga la misma por la venta será transado a través del sistema financiero estadounidense ¿Quién garantiza que la regalía, los impuestos y dividendos que le corresponden al Estado a través de PDVSA y sus filiales, serán efectivamente pagados por Chevron, dado que la LG41 le prohibe efectuar ese pago y ni siquiera podría efectuarlo en petróleo u otros insumos? La respuesta es evidente, cuando el gobierno acepta los términos de la LG41 y los incorpora al contrato PDVSA-Chevron está vulnerando la Constitución y la ley, cediendo la soberanía petrolera y ello incluye la decisión sobre el uso y usufructo del petróleo producido, decisión que ha quedado en manos del gobierno de EEUU.
Por lo tanto, a primera vista pareciera que el Estado no recibirá ningún beneficio inmediato por la venta de ese petróleo según lo establece la LG41, con lo cual estaríamos en presencia de un absurdo o un fraude monumental, a menos que todo lo producido se destine exclusivamente al pago de la deuda que tiene PDVSA con Chevron, pero en ese caso las exportaciones a EEUU solo servirían para reducir pasivos pero no generaría ingresos fiscales utilizables en atención de las necesidades del país. Lo cierto es que en todo esto hay gran opacidad e incertidumbre debido a que no se ha publicado el contrato que firmó PDVSA con Chevron, el cual podría contener alguna explicación. Esto ocurre sin que la Asamblea Nacional haya considerado y aprobado previamente dicho contrato, en franca violación del artículo 150 de la Constitución y por ende sin la rendición de cuenta que le debe el gobierno al pueblo venezolano.
Con la firma de éste contrato de espalda al país, teniendo como fundamento los términos leoninos establecidos en la licencia LG41, el gobierno puso en marcha una nueva apertura petrolera entregando nuestra soberanía petrolera, colocándose al margen de la Constitución (artículos 12, 302, 303) y la Ley Orgánica de Hidrocarburos (artículo 22), al otorgarle a una empresa extranjera (Chevron) el control de las actividades de extracción y comercialización de los hidrocarburos líquidos. Este contrato ilegal e inconstitucional sienta un precedente que le permitirá a otras transnacionales petroleras interesadas en explotar el petróleo venezolano, exigir también el control de la gestión de la actividad petrolera. Con la licencia LG41 el gobierno de EEUU está ensayando en América Latina y el Caribe, un modelo colonial de coerción aplicando la fuerza y el chantaje de las sanciones económicas y diplomáticas, para imponer decisiones de sus órganos gubernamentales a otros Estados pasando por encima de sus marcos legales y constitucionales.
EXIGIMOS LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO PDVSA-CHEVRON!!!
NO A LA CESIÓN DE LA SOBERANÍA PETROLERA!!!
EXIGIMOS EL RESPETO A LA CONSTITUCIÓN
Santiago Arconada Juan García Edgardo Lander
Roberto López Guatavo Márquez M Oly Millán
Héctor Navarro Ana Elisa Osorio
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[i] Office of Foreign Assets Control - La Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”)
[ii] https://www.bancaynegocios.com/ceo-de-chevron-no-habra-mas-inversion-ni-aumento-de-produccion-en-venezuela-al-menos-por-seis-meses/