El cese bilateral del fuego y de las hostilidades acordado para los próximos seis meses (1 de enero al 30 de junio del 2023) entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y las organizaciones de la resistencia guerrillera colombiana (Farc EP, Segunda Marquetalia, Eln), que igualmente se contempla para conglomerados violentos y criminales vinculados con el narcotráfico, la ultraderecha, los militares, la policía y el neoparamilitarismo (Uribeños y Pachencas de la Sierra Nevada de Santa Marta) se inscribe en el nuevo modelo de paz que impulsa la administración del Pacto histórico enfocado en los territorios y en las expresiones especificas de la violencia con sus actores correspondientes, con factores estructurales que apalancan el conflicto como la concentración latifundista de la tierra, el poder militar contrainsurgente y la ausencia de democracia y derechos políticos.
La clave hoy consiste en las acciones humanitarias para proteger el derecho a la vida de las comunidades que son golpeadas por el terror, el homicidio, la masacre, la tortura, la desaparición y el desplazamiento masivo de centenares de familias.
Se trata de una violencia crónica, feroz y compleja que tiene su origen en un ejercicio arbitrario del poder concentrado en las instituciones gubernamentales, específicamente en los aparatos armados, judiciales y culturales que privilegian la fuerza, el atropello y el terror como formas del control de la población en las áreas periféricas del territorio: Yarí, Guayabero, Tumaco, Chocó, Catatumbo, Guaviare, Arauca, Sur de Bolívar, Cauca, Norte de Antioquia, Perijá, Sierra Nevada, Bajo Cauca antioqueño, sur del departamento de Córdoba, Buenaventura y medio Pacifico (Guapi y Timbiquí).
Al abordar esta violencia perversa hay que saber que son las entidades militares, policiales y judiciales, conjuntamente con redes del neoparamilitarismo, las encargadas de desatar las oleadas violentas con graves daños en las poblaciones locales.
El gobierno ha expedido un conjunto de normas con el fin de parametrar el cese bilateral con la organización de una Comisión nacional integrada por el ministro de la Defensa, el Director de Inteligencia (Casanova, ex M19) y el Alto Comisionado de Paz Danilo Rueda, la cual estará encargada de planificar las tareas y acciones puntuales del control a la violencia; pero a esta Comisión le falta la representación de las comunidades, las veedurías y auditorias comunitarias, responsables de la vigilancia directa de los eventos de violencia (masacres, homicidios y desplazamientos), especialmente de los que se desprenden de las actividades ilegales del ejército y la policía que en el caso de la Fudra Omega, los batallones antinarcóticos y las otras Fuerzas de tarea conjunto operan como ruedas sueltas en asociación con el neoparamilitarismo violentando a indígenas, campesinos y afros.
Hay varios elementos que requiere del mayor cuidado en la implementación de este Cese bilateral del fuego y de hostilidades:
Uno es la caracterización objetiva de los territorios y las organizaciones guerrilleras para determinar con exactitud las acciones a desarrollar. Aunque la Defensoría del Pueblo (en manos de reconocidos socios del paramilitarismo conservador de Montería) ha acumulado varias "Alertas tempranas" en los últimos años sobre distintas regiones, las mismas han servido al ejército y a los paramilitares para desatar sus acciones violentas como ocurrió en la masacre militar de los indígenas en Puerto Leguizamo; y varias ONGs (Indepaz, Cerac y Fundación Ideas para la paz), financiadas por la Embajada Americana a través de USAID (CIA), han elaborado "documentos, mapas y gráficos" (Ver https://indepaz.org.co/informe-sobre-presencia-de-grupos-armados-en-colombia-2021-2022-1/ ) con las zonas y grupos guerrilleros en los que es posible encontrar sesgos y unilateralidades, es prioritario elaborar nuevos estudios y análisis que incluyan enfoques científicos sobre las múltiples manifestaciones de la violencia y los actores involucrados. El Cese al fuego bilateral no puede depender de unos estudios y documentos que carecen de rigor y objetividad.
Dos, se debe propiciar, promover y facilitar la más amplia participación de las organizaciones comunitarias, de las veedurías y auditorias sociales, de las alcaldías, personerías y demás autoridades locales en la vigilancia del Cese bilateral del fuego y de las hostilidades. Para que tal intervención ocurra se deben dar todas las garantías a dichas comunidades para controlar las presiones y desmanes de los militares, la policía y los grupos paramilitares controlados por los potentados y mafias locales. El gobierno ha determinado que las organizaciones comunitarias que van a realizar estas tareas se deben registrar en la Oficina del Alto Comisionado de Paz.
Tres, es importante que las comunidades y las entidades publicas y militares en su ámbito local y regional entiendan que este Cese bilateral no va cerrar con una supuesta entrega de armas en los términos de los modelos de paz conocidos como el firmado por Santos y las Farc de Timochenko en el 2016, que implico una rendición y una cooptación de ese sector adverso al proyecto de transformación radical de la sociedad colombiana.
Cuatro, a mi juicio, el Cese bilateral en curso debe abrir el debate sobre nuevos procesos de reestructuración de las Fuerzas Militares y de Policía como garantía de que la Paz total va a implicar una transformación profunda en las concepciones de seguridad del Estado plagadas hoy de las doctrinas pentagonistas contrainsurgentes, anticomunistas y enfocadas en el denominado "enemigo interno" que abarca a campesinos, indígenas, afros, organizaciones populares y movimientos de la izquierda revolucionaria.