La República de Perú ha estado durante el mes de diciembre de 2022 y lo que va del mes de enero de 2023, en el foco de los medios de comunicación mundiales, debido al conflictivo proceso político que se ha desatado en este país sudamericano, y que ha implicado la reclusión carcelaria del ahora expresidente Pedro Castillo, el nombramiento de Dina Boluarte como nueva presidenta e intensas protestas en varias regiones peruanas, con un sangriento saldo negativo de personas fallecidas y heridas.
Perú, que puede ser dividido a su vez en el Perú litoral, el Perú andino y el Perú amazónico, para precisar su división macroregional, es un país que cuenta con inmensos recursos mineros, gasíferos, marinos, agrícolas y turísticos, disputados intensamente por los grupos económicos nacionales y por el capital internacional, a los que se suma una variada gama de organizaciones políticas, sociales, ecologistas, campesinas e indígenas.
Este país, que tiene una compleja ubicación geopolítica, al limitar con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, y que cuenta con una larga costa bañada por las aguas del océano Pacífico, fue escenario durante las décadas de los ochenta y de los noventa del siglo XX, de una insurgencia armada protagonizada por las organizaciones Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, de las cuales aún quedan algunos vestigios activos.
Ese mismo Perú es, en estos tiempos que transcurren, el escenario de un proceso insurgente protagonizado por vastos sectores de la población peruana que exige profundas transformaciones en el sistema político-económico que hasta ahora ha venido imperando, cuya evolución es de difícil pronóstico, dadas las marcadas diferencias que existen entre las visiones geopolíticas de los bandos en disputa. Como bien lo dijo en su oportunidad el sociólogo peruano Héctor Béjar, estamos en presencia de un histórico punto de quiebre. Es la hora del Perú insurgente.