El domingo 8 de enero fue un punto de inflexión en la historia política brasileña del siglo XXI. Más de 100 autobuses llevaron refuerzos al megacampamento ubicado frente al Cuartel General del Ejército. El dispositivo de la policía militar del Distrito Federal simplemente escoltó a los "manifestantes" hasta la Plaza de los Tres Poderes, con la consiguiente invasión de locales con motín operado por la vanguardia de la turba. Más de dos semanas después, mucho se sabe sobre quiénes se encontraban en los edificios históricos, las omisiones y complicidades de militares profesionales (algunos de ellos de alto rango) y otras evidencias de deslealtad frente al resultado electoral. El malestar es evidente y la distensión se consolida en un encuentro con la intención de "pasar para la otra página".
El viernes 20 de enero del presente año se llevó a cabo una agenda importante, que este analista pensó que sólo vería en los libros de historia contemporánea. El Ministro de Defensa, el presidente electo y en funciones y el Alto Mando de las Fuerzas Armadas mantuvieron una larga reunión, de más de dos horas y media. José Múcio Monteiro (el titular de Defensa), insisto, es más un vocero o intermediario que un titular del ministerio en un gobierno civil. Hay controversia sobre su actuación. Un sector de la política nacional le asigna el papel de articulador de un cuasi golpe de estado, cuando mediató el proyecto de decreto para la Garantía del Orden Público (GLO), el domingo 8 de enero. Otra parte ve en su capacidad para eludir las discrepancias una de las garantías de la asunción de Lula el 1 de enero sin mayores problemas al menos en el día.
Además del presidente y del mencionado "ministro", estuvo presente el empresario Josué Gomes (presidente de la Federación de Industrias de San Pablo, la más poderosa entidad empresarial del país) con otros cinco colegas industriales del aún nacional capitalismo, y la cúspide de la pirámide militar brasileña del momento: el general Júlio Cesar de Arruda (Ejército), el almirante Marcos Sampaio Olsen (Marina) y Brigadier Marcelo Kanitz Damasceno (Aeronáutica). También estuvieron presentes el vicepresidente y titular del Ministerio de Industria y Comercio Geraldo Alckmin y el Ministro de Asuntos Civiles Rui Costa. Al final de la reunión, Múcio dijo a los medios que no "observa la participación directa de las Fuerzas Armadas", pero al mismo tiempo, aseguró que no habrá impedimento para los castigos de la Justicia, con el debido proceso de ley. . Esta posición -de sancionar a los involucrados- fue ratificada por los comandantes en jefe militares.
Supuestamente la reunión apunta a una "agenda positiva". Bajo el mando de Josué Gomes, habría una clara intención de retomar la inflexión nacionalista del empresariado brasileño, a través de políticas industriales que atiendan las necesidades más urgentes de las Fuerzas Armadas. En teoría, esta primera conversación acaba con el problema de fondo, es decir, la deslealtad y la desestabilización permanente a través de la posición del Alto Mando de las tres fuerzas, en particular el uso de operaciones psicosociales contra la población por parte del Ejército Brasileño (EB). En la semana siguiente, tanto en la reunión bilateral con Argentina como en la Celac, quedó evidente la posición de la socialdemocracia brasileña en buscar una vía de desarrollo económico, industrial, financiero que atienda incluso a las cadenas de alto valor agregado en conocimiento sensible, incluso a los gastos militares.
Volviento al tema castrense brasileño, parece que estamos viendo una película que ya hemos visto, con la evidente sensación de cansancio que esto provoca. Como observamos en el primer gobierno de Lula – con la estúpida aceptación de la Misión de la ONU en Haití -, en el segundo mandato de Luiz Inácio (con la poco creíble posición nacionalista y antiimperialista de las Fuerzas Armadas) y en el primero gobierno de Dilma – con el avance en todos los niveles de la política industrial, incluido el sector de defensa. En estos tres importantes momentos históricos del siglo XXI, Brasil vislumbró el pantano que es ser una fuerza de ocupación y, al mismo tiempo, las posibilidades reales de proyección del poder en el Sistema Internacional. Para ello es necesario contar con unas Fuerzas Armadas profesionales, leales y capaces de afrontar los posteriores retos de una política exterior centrada en el Sur Global. Es decir, estar a la altura del desafío de enfrentar al Norte hegemónico sin cometer gestos vergonzosos, como el fiasco de los oficiales argentinos (salvo raras excepciones) en la Guerra de Malvinas.
Sincera y honestamente, después de ocho años de guerra psicológica interna, que comenzó con la elección de generales entonces activos para participar en la vida política sin mandato, me quedo con una enorme desconfianza sobre las intenciones reales del estamento militar brasileño. Veamos algunas pruebas.
El terremoto político y la contaminación del Estado
El general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante militar del Sudeste (Sao Paulo) afirmó en un discurso en el miércoles 18 de enero de 2023 que Brasil atraviesa un terremoto político y esta agitación puede romper la cohesión de las Fuerzas Armadas. El discurso del general que se sienta en el Alto Mando llama a respetar el resultado de la urna, "aunque no nos guste, no ser quien queríamos". Se celebra como el discurso más incisivo contra la desobediencia y la "incoherencia y el desacato".
Simultáneamente, el ahora omnipresente ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, para "evitar que parezca que hay un intento de injerencia en la gestión de las Fuerzas Armadas" dijo que no iba a modificar el organigrama dejado por Bolsonaro. Hay más de 800 militares en Defensa, una evidente exageración para atender demandas sectoriales y desvío función. La limpieza o "desbolsonarización" es una necesidad vital para descontaminar el aparato del Estado brasileño de la presencia fascista o "trumpismo tropical", con especial proximidad al Poder Ejecutivo.
En el caso de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), organismo directamente vinculado al Alto Mando y en especial al EB (a partir del gobierno golpista de Michel Temer, abril de 2016 a diciembre 2018), la contaminación es enorme. Tenemos casos de militares profesionales que trabajaban en el Palacio del Planalto y luego fueron a conspirar contra el gobierno electo en el campamento golpista frente al Cuartel General del Ejército. Para evitar ese conflicto de intereses y poder seguir aplicando la "limpia", el jefe del GSI (con status de ministro), general Gonçalves Dias, no fue invitado a la reunión con el Alto Mando de las tres fuerzas.
Si todo el personal militar profesional que participó en actos de golpe es efectivamente castigado dentro de los rigores de la ley, es casi imposible no golpear a generales de cuatro estrellas y oficiales de alto rango. El cerco a Bolsonaro avanza considerablemente y su exayudante de campo, el teniente coronel del EB Mauro Cesar Barbosa Cid sería el elemento central de las operaciones financieras ilegales del expresidente. Es poco probable que estas pequeñas o nada republicanas actividades fueran de algún modo desconocidas para la inteligencia de los cuarteles.
El tamaño de la contaminación es gigantesco. El padre de Cid es general de reserva y amigo cercano de Bolsonaro. El ex ayudante de campo fue asignado por el ex presidente que ahora reside en Florida para comandar el 1er Batallón de Acciones y Comandos, dentro del Comando de Operaciones Especiales (con sede en Goiânia, GO, cerca de tres horas por tierra de Brasilia, la capital federal). Es decir, si la ley llega al asesor de Jair Messias Bolsonaro, la crisis institucional ya estaría efectivada.
Todo indica que la capacidad de gobernar de Lula, del partido de gobierno y de su amplísima base, está directamente ligada a los necesarios castigos a los militares profesionales involucrados en actividades ilícitas y conspiración golpista. Disciplinar los cuarteles no es ni remotamente más relevante que distribuir la riqueza y garantizar políticas públicas para reducir la desigualdad. Pero es sencillamente imposible ejercer el Poder Ejecutivo sin una adecuada red de protección contra nuevos intentos de golpe. El futuro cercano del país, América Latina y parte del Sur Global depende directamente de las investigaciones sobre la conducta de militares de alto rango. Es eso o casi nada que hacer.
Observación final: 24 horas después de la reunión con los comandantes en jefe de las tres fuerzas, el presidente Lula cambia al comandante general del EB y pone en su lugar al general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, comandante militar del Sudeste y autor del discurso legalista y en defensa de las reglas democráticas. Parece haber un candidato al Mariscal Lott – el militar legalista de la década del ’50 en el siglo XX – para el siglo XXI. La primera medida del nuevo Comandante General del Ejército fue suspender el nombramiento del Teniente Coronel Cid, quien es investigado bajo sospecha de operar un segundo banco para Bolsonaro dentro del Palacio del Planalto.
Artículo publicado originalmente en Middle East Monitor versión brasileña (www.monitordoriente.com)