"La prisión de Pedro Castillo es ilegal en un país sin Estado de derecho"
Entrevista con Guido Croxatto, su abogado defensor
El 10 de mayo el abogado argentino Guido Croxatto, coordinador del equipo jurídico que defiende al ex presidente peruano Pedro Castillo, golpeó a la puerta de las Naciones Unidas en Ginebra. La maratón jurídica-política a favor de su defendido lo lleva a recorrer buena parte de América Latina y varias capitales europea.
En los próximos días, junto con el reconocido jurista y compatriota Eugenio Zaffaroni (que también integra el equipo de la defensa) visitarán nuevamente en México al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien viene levantando el tono de su voz para denunciar la actual situación de Castillo, detenido desde el 7 de diciembre pasado en una prisión de Lima.
Desde allí, en las últimas semanas Castillo ha escrito de puño y letra cartas personales a muchos de los actuales presidentes y vicepresidentes latinoamericanos (Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner), así como a personalidades políticas de gran relieve, como Pepe Mujica y Evo Morales, entre otras.
El contenido esencial de las mismas busca explicar las causas que provocaron esta situación: "Nos hemos negado a renovar las concesiones de Fujimori y a permitir que se sigan regalando los pocos recursos naturales que nos quedan en Perú", como escribe, por ejemplo, en la misiva al presidente y la vicepresidenta de Argentina. Castillo también agradece la solidaridad internacional y solicita que se tomen muy en cuenta los argumentos jurídicos de sus abogados Zaffaroni y Croxatto.
Es muy probable que en estos próximos días "Castillo se pronuncie, públicamente, por escrito, sobre su situación jurídica y denuncie aspectos procesales que hacen que su detención sea completamente ilegal", anticipa Guido Croxatto en su entrevista exclusiva con este corresponsal durante su corta estadía en Suiza.
Sin un Estado de derecho, buscar apoyo internacional
P: ¿Por qué un abogado debe asumir tareas casi "diplomáticas" y llegar, incluso, a las Naciones Unidas en Ginebra?
Guido Croxatto (GC): Pregunta muy reveladora. Es significativo y preocupante que un abogado deba recurrir a las Naciones Unidas para exigir que se respeten las garantías básicas del debido proceso de su defendido. Y que, incluso, deba contactar a presidentes de Estados y a personalidades políticas relevantes con ese mismo objetivo. Sin embargo, en el caso de Pedro Castillo todas estas iniciativas se hacen necesarias dado que la justicia peruana no garantiza hoy imparcialidad e independencia. Por tal razón, el equipo que lleva adelante su defensa --integrado también por miembros peruanos, en su mayoría varios de sus ex ministros-- decidimos tomar la iniciativa internacional. Hemos promovido muy diversos contactos de alto nivel con representantes del sistema interamericano, es decir, instancias de la Organización de Estados Americanos (OEA). También tuvimos y seguimos promoviendo encuentros con diferentes comisionadas-os de las Naciones Unidas (ONU). Además, junto con mi colega Eugenio Zaffaroni hemos presentado una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Pedro Castillo. Argumentamos que se han producido violaciones a los derechos políticos del presidente ilegalmente destituido. Y, además, que se están violando en Perú los derechos políticos de los electores, ya que el actual gobierno irrespeta los compromisos que había asumido electoralmente. Situación que ha producido una respuesta popular intensa y extendida con el costo de más de 70 manifestantes asesinados a partir de diciembre pasado.
P: ¿Se puede confiar en resultados favorables al recurrir a una organización como la OEA, que está muy devaluada por su falta de independencia?
GC: Debemos hacerlo. Sabemos que las instituciones interamericanas tienen una imagen muy desgastada. Pero, justamente, para no seguir perdiendo crédito deben demostrar apertura. Y eso es lo que buscamos: que nuestros argumentos jurídicos sean escuchados y sean tenidos en cuenta.
Por otra parte, es sorprendente constatar que los diferentes funcionarios de la ONU con quienes venimos reuniéndonos nos solicitan informaciones fidedignas y de primera mano. Cuentan con muy poca información de calidad sobre lo que realmente sucede en el país sudamericano.
Debemos explicar los impedimentos que nos ponen en tanto equipo de la defensa para poder asistir correctamente a Pedro Castillo. También, que las autoridades peruanas rechazaran hace algunas semanas que, junto con Eugenio Zaffaroni, pudiéramos visitar en la cárcel a nuestro defendido. Tampoco saben que el 28 de marzo Amnistía Internacional iba a presentar su informe anual sobre Perú en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, en el municipio de Miraflores, en la provincia de Lima. Y que ese mismo día el Gobierno decidió clausurar dicho sitio. Los hechos irregulares y las violaciones de derechos fundamentales son incontables…
Se violaron todas las garantías esenciales
P: El Gobierno peruano argumenta que la prisión de Castillo está justificada por su intento de cerrar el parlamento. ¿Cuál es la visión jurídica de la defensa?
GC: Para los casos en que un presidente disuelve el Congreso, en Perú existe un procedimiento legal, que no se respetó con Pedro Castillo. Su vacancia está mal aplicada. Se violó el debido proceso, que es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito. En ningún momento Castillo gozó del derecho a la defensa. Su detención, siendo presidente de la República, se produjo por elementos que apuntaban con armas a sus familiares, incluyendo a su hija menor. En síntesis, no tuvo derecho alguno a un proceso político constitucional correcto y adecuado. Por lo tanto, su prisión es arbitraria e ilegal.
P: ¿Eso significa para la defensa que todo el proceso debe ser relanzado y que Castillo debe recuperar su libertad?
GC: Sin duda alguna. Y si bien nosotros lo fundamentamos con argumentos jurídicos, algunos de los más importantes gobernantes latinoamericanos incorporan también fundamentos políticos a la defensa de Castillo. En las últimas semanas hemos encontrado, entre otros, al presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, así como al mandatario colombiano Gustavo Petro.
El 28 de marzo pasado, López Obrador envió una carta a António Guterres, secretario general de la ONU --misiva a la cual adhieren otra-os mandataria-os del continente-- donde le explica que "el presidente Castillo fue destituido por el Congreso de su país mediante un proceso irregular, violatorio de su propio reglamento, que no respetó cuestiones procedimentales mínimas". Y señala que se le "acusa de delitos que no corresponden, como rebelión, conspiración y usurpación de funciones. Además, el Congreso le retiró la inmunidad presidencial en un procedimiento expedito y sin garantía de audiencia de modo que se le pudiera imponer la prisión preventiva por 36 meses". La misiva también explica que "el Congreso y el Poder Judicial le impusieron una guerra política y jurídica, unidos, aunque parezca increíble en estos tiempos, por el clasismo, la discriminación y el racismo… A Castillo no lo aceptan por ser serrano y ser indígena…", subraya López Obrador en su comunicación al secretario de la ONU.
Maltrato a Castillo, represión al pueblo
P: ¿Cuál es la situación de detención de su defendido?
GC: En prisión --como también lo señala el presidente de México-- recibe malos tratos. No se le permite el acceso libre de sus abogados. Está completamente incomunicado de su familia, exiliada en México. Todos estos elementos son violatorios del sistema interamericano e internacional de Derechos Humanos.
P: Una situación bastante irregular en el marco de un país que desde diciembre vive una coyuntura socialmente convulsiva.
GC: Sin duda. No puedo dejar de relacionar la detención --y las condiciones carcelarias-- de Pedro Castillo con la represión que viene sufriendo una parte importante del pueblo peruano desde los sucesos del 7 de diciembre pasado. Hoy en Perú no se respeta el Estado de Derecho y reina la impunidad total. Las mujeres, los pueblos originarios, las y los campesina-os, sectores todos que se movilizan contra la destitución del presidente Castillo, soportan una represión similar a la que vive el mandatario en prisión. Y a esta realidad también hacen referencias mandatarias-os y personalidades latinoamericanas de primer nivel cuando expresan su preocupación por la represión policial y militar contra las protestas sociales pacíficas, la que ha provocado más de 70 personas muertas y cientos de heridas y detenidas de manera arbitraria y bajo tortura. De ahí la importancia del mensaje del presidente López Obrador a la ONU, a través del cual le pide que "intervenga para restablecer el Estado de derecho y el orden constitucional en Perú".