Fuente: La mula.pe
La humanidad hace frente en el Antropoceno a un desafío sin precedentes para garantizar su existencia y la de muchos otros seres vivos que forman parte de la biosfera. La complejidad de la reciente crisis provocada por el COVID 19 en sus aspectos sanitarios, económicos, sociales, políticos y geopolíticos, no puede entenderse a cabalidad si no se relaciona con la crisis ecológica global y el creciente caos climático que de manera acelerada padecemos en la actualidad,
Los serios daños causados al ambiente son cada vez más objeto de preocupación a escala mundial, regional y local. Desde la esfera del derecho se ha intentado dar respuestas a esta situación, apelando a la interdicción y restricción de comportamientos que atentan contra los ritmos y procesos ecológicos. Así se identifican y penalizan crímenes ambientales o delitos ecológicos. Ellos abarcan un conjunto de actividades que van desde explotación maderera ilegal hasta pesquería depredadora, pasando por caza furtiva, tala indiscriminada, tráfico ilegal de substancias que descomponen la capa de ozono, tráfico de animales salvajes, vertido y transporte clandestino de desechos peligrosos, mala gestión de desechos electrónicos, entre otros. Esto incluye también acciones realizadas contra el ambiente en el marco de crímenes de guerra. Abarca además dimensiones transnacionales en las que tales actividades son aún mucho más lucrativas. Todas ellas representan serias amenazas a la salud y la estabilidad de los ecosistemas, contribuyendo también al deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones humanas, al aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria, y la promoción de la injusticia ambiental. Pueden también debilitar las instituciones debido a la corrupción y el crimen organizado con los que se asocian.
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No obstante, los principales impactos negativos que se registran en el ambiente provienen de actividades desarrolladas en las modernas sociedades industrializadas que conducen al saqueo de la naturaleza y a alteraciones sustanciales del clima. De tal manera que no resulta del todo fácil distinguir entre conductas consideradas delictivas por las normativas ambientales y efectos ilegales de acciones antiecológicas tenidas como legales. Como ejemplo de estas últimas podemos citar los casos de explosiones de plataformas petroleras, colapsos de represas mineras, y emisiones de gases de efecto invernadero que sobrepasan largamente los límites establecidos por acuerdos internacionales para mitigar los efectos del cambio climático; igualmente cabe hacer referencia al ejemplo de la polución ambiental de extensos territorios provocada por megaproyectos extractivos que implican el deterioro de ecosistemas estratégicos y la degradación de las condiciones de vida de innumerables comunidades humanas. En este contexto ha surgido el concepto de ecocidio que ha permeado el debate político y ciudadano en diversos países. La noción de ecocidio tiene por raíces eco, que significa casa en griego (Oikos) y cidio que proviene del latín occidere y significa matar. Literalmente se alude aquí a todas aquellas acciones que culminan en la destrucción masiva de naturaleza y la destrucción en gran escala de vastas porciones del ambiente,
En los últimos años el apoyo al concepto de ecocidio ha crecido significativamente en distintas partes del mundo y ha ingresado en la esfera política. Pero es importante no caer en la trampa de un combate esencialmente simbólico sino apuntar a la adopción de una herramienta nueva efectiva y eficaz cuyo empleo pueda ser ligado a la responsabilidad ambiental de las corporaciones estatales y privadas y a las preocupaciones sociales vinculadas a la ocurrencia de desastres ambientales. Paradójicamente, mientras los ecocidios y los crímenes graves contra la naturaleza tienden a aumentar, solo en una pequeña proporción esos dossiers explosivos son asumidos por las instancias judiciales. Por otro lado, hay una clara relación entre el incremento de los ecocidios y la corrupción.
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La corrupción, en su forma fundamental, es un abuso por parte de personas y grupos que detentan una posición de confianza, mediante el cual se obtienen ganancias monetarias u otros beneficios que pueden también llegar a manos de asociados o parientes. La corrupción ocurre tanto en el sector privado como en el estatal y adopta diferentes formas. La modalidad más común de corrupción consiste en pagar o recibir sobornos, y en favoritismo a cambio de ganancias personales. Sin embargo, también se relaciona frecuentemente con lavado de dinero, evasión de impuestos, malversación de fondos, fraude, robo, falsificación de cuentas, conflictos de interés, chantaje y, en algunas oportunidades, terrorismo financiero. La corrupción no es un accidente, es intencional.
La corrupción, que es un fenómeno muy antiguo en el mundo, alcanza en nuestros días un altísimo valor a nivel global. La corrupción puede encontrarse en todos los niveles de la sociedad e incluye desde pequeños sobornos hasta esquemas de corrupción en gran escala en los que altos funcionarios gubernamentales o altos ejecutivos empresariales terminan con muchos millones o más valores provenientes de procedimientos ilícitos. El mayor problema de la corrupción es quizás el hecho de que, tal y como ocurre en ciertos países como la Venezuela actual, se ha convertido en parte integral de la esfera política, la dinámica social y los negocios. La corrupción desvía fondos que han sido previamente destinados a otras cosas.
Fuente: BiodiversidadLA
Los altos niveles de corrupción (salvo en casos en que estallan escándalos públicos ligados a ella) no impactan negativamente a quienes pagan los sobornos, sino que son transferidos a la sociedad rebajando la calidad de ciertas obras o productos, o aumentando significativamente su costo. Con frecuencia las actividades ilícitas, cuando son bien ejecutadas, son difíciles de detectar y el daño causado por ellas no se hace visible ante el mundo. Adicionalmente al mal uso de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura, megaproyectos de "desarrollo" u otros propósitos sociales y económicos, las actividades de corrupción se vinculan al ecocidio, al manejo irresponsable y despilfarrador de recursos provenientes de la naturaleza, al uso impropio de la tierra y a emisiones más altas de gases de efecto invernadero. En el contexto de combate al cambio climático. el uso justo, inteligente y eficiente de recursos financieros reviste la mayor importancia. Ignorar los efectos adversos de la corrupción subyacente a proyectos de construcción y de preservación de la biodiversidad constituye una falla imperdonable. Tengamos en cuenta que la transición energética hacia economías descarbonizadas requiere grandes inversiones y la diversificación de la matriz energética.
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Aunque los riesgos de corrupción son más difíciles de percibir que los propios daños ambientales, la corrupción en los procesos extractivos puede empeorar los impactos ambientales perjudiciales. La gran corrupción en la que leyes y regulaciones son configuradas por los propios actores corruptos que se benefician de ella, puede tener consecuencias muy graves para el ambiente. En América Latina es común el hecho de que grandes intereses corporativos (petroleros, mineros, madereros, agroindustriales, pesqueros, etc.) tengan conexiones directas con altos niveles de gobierno y se valgan de ellas para operar ventajosamente en medio de débiles regulaciones ambientales. En lo que respecta a los gobiernos, de izquierda y de derecha, estos colocan a esas compañías en el centro de sus estrategias de "desarrollo", proporcionándoles ayuda continua a pesar de la extensa degradación ecológica de la que son responsables. A nivel nacional, ciertos funcionarios suelen aceptar o solicitar sobornos como requisito para emitir licencias que facilitan el uso de tierras para la extracción que de otra manera permanecerían bajo protección ambiental. Incluso cuando existen en el papel fuertes regulaciones ambientales, estas pueden ser aplicadas de manera ineficaz y corrupta. A nivel local la corrupción puede tomar la forma de sobornos que se le exigen a las compañías para prescindir de requisitos regulatorios y de otra manera reforzar obligaciones legales en una forma ad hoc basada en coimas y comisiones. Los gobiernos locales de regiones con economías marcadamente extractivistas están a menudo infradotados y carecen de personal y capacidades técnicas para hacer cumplir la normativa ambiental, lo que genera condiciones para que impere la destrucción ambiental asociada a la corrupción.
La corrupción representa una seria amenaza para los propósitos reales de enfrentar la crisis ecológica global y sus componentes regionales y locales. Es necesario pues entender las formas en las que la corrupción se enlaza con la devastación ambiental, luchar y trabajar para mitigar y evitar sus impactos. Esto supone, entre otras cosas, tareas formativas, organizativas, políticas y sociales, y la restauración de las heridas causadas a la naturaleza y las injusticias ambientales que ellas generan, mediante la reconstrucción de vínculos ecosociales que hagan posible la emergencia de una ética acorde con el cuido de la naturaleza y los enormes retos ambientales de nuestra época.
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