España: ¿Intenta la derecha ilegalizar a los partidos independentistas?

Miércoles, 24/05/2023 12:59 PM

El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro "Oligarquía financiera y poder político en España" escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet), e iniciado asimismo una deriva totalitaria que habría ya convertido a la seudodemocracia española en rehén del establishment y que tendría como objetivo último la implementación del "Estado Tardofranquista".

Intenta el PP ilegalizar a los partidos independentistas?

La coalición vasca EH Bildu estaría integrada por militantes de Aralar, Alternativa, EA e Independientes, todos ellos fagocitados por la estrella-alfa Sortu pero seguiria estigmatizada por su negativa a condenar el terrorismo de ETA, lo que le habría convertido a ojos del establishment tardofranquista en un "paria político".

En esta coyuntura, EH Bildu decidió revisar su estrategia e incorporar a su bagaje político la llamada inteligencia maquiavélica, consistente en «el uso de comportamiento cooperativos o combativos que le puedan reportar mayores posibilidades de adaptación en función de una situación concreta».

Asimismo, la inteligencia mediática se distingue por una "extraordinaria capacidad para encontrar las debilidades ajenas y utilizarlas en beneficio propio así como de realizar acciones complejas que pueden no ser entendidas en un principio por sus votantes pues sus metas se proyectan hacia un futuro mediato" (República vasca), de lo que sería paradigma el apoyo sin complejos de Bildu a los Presupuestos del Gobierno Sánchez.

Sin embargo, la decisión de los dirigentes de Bildu de incluir en sus listas municipales y autonómicas a 44 personas condenadas por la justicia como colaboradores o miembros de ETA, habría sido aprovechada por la mass media del establishment tardofranquista para iniciar una feroz campaña contra Sánchez al que acusan de "preferir a Bildu antes que a las víctimas".

Al mismo tiempo, habrían solicitado a la Fiscalía General la ilegalización de la coalición Bildu, a pesar de que los candidatos implicados en dicha acusación habrían ya cumplido sus condenas así como su pena de inhabilitación política.

Sin embargo, la Fiscalía General se ha manifestado contraria a ilegalizar a la coalición EH Bildu al considerarla "una formación política democrática que ha condenado y condena públicamente la violencia terrorista y ha asumido el ejercicio de la actividad política dentro del marco democrático y constitucional".

La Doctrina Aznar

Asimismo, la Fiscalía recuerda que "no existen elementos de prueba que permitan vincular a EH Bildu con ETA", con lo que da por finiquitado el contencioso legal y así habría sido asumido por el Presidente del PP, Feijóo que habría dado por zanjado el debate interno abierto en su partido.

Sin embargo, la Presidenta de la Comunidad de Madrid continuaría con su cruzada para descabalgar a Sánchez del poder y afirmó que "Bildu no son los herederos de ETA; es ETA" así como que "ETA está viva, está en el poder".

Asistimos así a la enésima tentativa del establishment tardofranquista para implementar la Doctrina Aznar que tendría como ejes principales la culminación de la "derrota institucional de ETA para impedir que el terrorismo encuentre en sus socios políticos el oxígeno que le permita sobrevivir a su derrota operativa» y el mantenimiento de la «unidad indisoluble de España".

Así, no seria descartable que en el supuesto de que la derecha tardofranquista de PP y Vox logre conformar un Gobierno tras las próximas Elecciones Generales, asistamos a una feroz cruzada recentralizadora. Ello implicaría la asunción de las competencias autonómicas de Policía, Prisiones, Educación y Sanidad por el Gobierno central así como la ilegalización de partidos independentistas periféricos como ERC y Bildu, lo que significará el final de la sui generis democracia española y la implementación de la llamada democracia no liberal. Dicho sistema político sería un gobierno personalista con claros tintes autocráticos caracterizado por ser autoritario, inflexible, bonapartista y partidario del control estricto de la emigración así como de la economía neoliberal y del retorno al sistema heteropatriarcal. siguiendo la estela del húngaro Viktor Orbán.

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