Durante la reunión de los presidentes suramericanos en Brasilia, el mandatario chileno criticó la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Desde su entronización a la Presidencia de Brasil en enero de 2023, Lula da Silva se ha esforzado por relanzar el proceso de cooperación regional en un continente fragmentado y dividido. Con esta óptica organizó la Cumbre de Sudamérica que reunió a los presidentes de la zona el 29 y 30 de mayo de 2023 para reforzar la integración y el dialogo entre los diferentes vecinos, entre los cuales Venezuela. Este país sufre sanciones económicas extremadamente severas impuestas por los Estados Unidos desde hace años, que atentan gravemente contra los derechos fundamentales de los venezolanos.
El Presidente Lula denunció el ostracismo y la guerra política, económica, diplomática y mediática de la cual es víctima Venezuela, señalando "la narrativa que se construyó contra Venezuela de la antidemocracia y el autoritarismo", particularmente por razones ideológicas. También criticó el doble discurso de algunos países: Es "muy extraño [que] las exigencias que el mundo democrático hace a Venezuela no son hechas a Arabia Saudita".
El Presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou y el Presidente de Chile Gabriel Boric criticaron las palabras de Lula sobre Venezuela. Si la postura del dirigente uruguayo, conservador, es poco sorprendente, la del mandatario chileno, de centro-izquierda, suscitó más incomprensión. Insistió en "el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria", sin decir una palabra sobre las sanciones económicas estadounidenses que ahogan el país y que son la principal causa de este éxodo. "Los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar", concluyó.
Dos realidades ponen en tela de juicio la sinceridad de las preocupaciones del dirigente chileno. Primero, el último informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en América Latina es abrumador para muchos países. Si uno se basa en la realidad factual del estudio, no es posible señalar específicamente a Venezuela sobre esta cuestión. Las violaciones de los derechos humanos son numerosas y gravísimas en todo el continente.
Luego, para poder erigirse en juez, es imprescindible tener la autoridad moral necesaria. Ahora bien, el último informe de Amnistía Internacional de 2022/23 sobre Chile habría debido llevar a Gabriel Boric a dar prueba de más humildad. En efecto, la institución denunció la impunidad de la cual se benefician los agentes del Estado responsables de "violaciones de derechos humanos". AI también subrayó que las fuerzas del orden eran culpables de "crímenes contra la humanidad", "de torturas y otros malos tratos" durante la crisis social de 2019. Del mismo modo, AI hizo partícipe de "arrestos arbitrarios": "Muchas personas han sido absueltas por falta de pruebas tras pasar largos periodos en prisión preventiva". AI señaló también casos de "tortura y otros malos tratos" para con pacientes de un hospital psiquiátrico y subrayó que, lejos de perseguir a los responsables de esos crimines, "la fiscalía de Valparaíso pidió la suspensión definitiva del caso".
Frente a las cámaras Gabriel Boric expresó su compasión hacia los migrantes y refugiados venezolanos. Se trataba en realidad de una postura de fachada destinada a la prensa y desprovista de sinceridad. En efecto, Amnistía Internacional denunció las violaciones "de los derechos de las personas refugiadas o migrantes" en Chile. "Las autoridades han reiniciado las expulsiones inmediatas de personas extranjeras sin evaluar su necesidad de protección internacional". AI incluso publicó una carta abierta a Gabriel Boric expresando su "grave preocupación sobre la situación en la que se encuentran personas que necesitan una protección internacional en la frontera entre Chile y Perú", denunciando el "despliegue de fuerzas armadas y la instauración de estado de excepción", medidas contrarias "a las obligaciones internacionales de Chile".
A la luz de estos elementos, Gabriel Boric no dispone de autoridad moral para disertar sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Sus declaraciones están más motivadas por consideraciones políticas y la voluntad de complacer a ciertos sectores que por una preocupación sincera sobre la suerte de Venezuela. Si al Presidente chileno le alarma el bienestar del pueblo venezolano debería condenar las sanciones económicas estadounidenses contra Caracas y exigir su levantamiento inmediato.