Fabricantes de piqueteros
Vivimos tiempos violentos en los que una nueva y cruenta fase de acumulación originaria tiene lugar en Latinoamérica y el Caribe, ante una inédita concentración de poder, riqueza e influencia social en manos de un grupo cada vez más reducido de la población, mientras vastas mayorías nacionales son relegadas a la marginación y a la desesperanza, a la exclusión, el hambre y la pobreza.
Hoy, en varios países de la región, se insiste en criminalizar la lucha de los desposeídos, los que quedaron sin nada gracias a las políticas neoliberales de gobiernos corruptos y antipopulares, en cada uno de los países de Nuestra América. Criminalización, multas, represión y prisión para quienes protesten -trabajadores, estudiantes, desocupados, campesinos, indígenas- es la cantinela repetida hasta el cansancio por políticos y los medios hegemónicos de comunicación.
Las calles de París, Roma y Berlín, entre otras ciudades europeas dan la impresión de una riqueza ampliamente compartida y del confort del siglo XXI. Detrás de las fachadas ornamentadas y de las avenidas ultramodernas existe una realidad paralela: personas hacinadas en viviendas del casco céntrico, deterioradas construcciones suburbanas e incluso campamentos al aire libre sin instalaciones sanitarias.
En Europa se calcula que hay 20 millones de personas viniendo en villas miseria. La exclusión y la pobreza en el primer mundo no la cuenta nadie en los medios. La Unión Europea transita por el peor momento histórico desde su creación y los peligros de desmembramiento y de ruptura de su moneda ya ocupan el centro del debate.
Francia está en el ojo de la tormenta por las protestas y violentos disturbios. El estallido social responde al asesinato de un joven de ascendencia africana de 17 años en las banlieus de Nanterre, al noroeste de París.
América Latina ha sido expuesta al mundo con todas sus cicatrices, denostada por su inestabilidad social y política, castigada por sus crisis y sus éxodos. Los países del primer mundo, que rara vez acercan su mano hacia este continente saqueado por ellos y Estados Unidos, tienen la habilidad de no mostrar su miseria y exclusión.
El brutal ajuste fiscal en Grecia, exigido por el capitalismo usurario y el FMI para «refinanciar» su deuda se presenta como la mecha de un potencial estallido social en cadena que podría, como emergente principal, desencadenar un proceso de crisis política y de pérdida de la gobernabilidad que se proyecte de la eurozona a toda la periferia europea.
Los que salen y toman las calles sienten que no tienen otro recurso, son víctimas inocentes del mismo sistema de asistencialismo que creó el Estado para ayudarlos, pero que es ineficiente y los hunde cada vez más en la pobreza.
¿Causas de los estallidos? Para citar una sola: en 2023 son 735 millones las personas que sufren hambre en el mundo, 122 millones más que los 613 millones de 2019. Y estos datos significan que el hecho de poner fin al hambre en 2030, que se habían planteado como objetivos organizaciones internacionales, será muy difícil de cumplir.
¿Más desocupados que trabajadores?
La Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)señaló que América Latina y el Caribe enfrenta en 2023 un mercado laboral “altamente complejo y cargado de incertidumbre” a causa de una conjunción de múltiples crisis que impactan los mercados de trabajo y hacen necesaria la aplicación de políticas para crear empleo formal. Y por ello se multiplican las ollas populares que garantizan la alimentación solidaria.
Añade que la región es afectada por múltiples crisis a nivel global -persistencia de la pandemia, la guerra en Ucrania-, y al mismo tiempo enfrenta la perspectiva de un crecimiento económico bajo, las secuelas de una elevada inflación,desocupación, limitado espacio fiscal y altos niveles de endeudamiento.
Desde el momento mismo de la fundación de América Latina, el Estado fue una fuente de rápido aprovisionamiento para políticos y gentes influyentes. La clase dirigente vivía del Estado, lo que acabó convirtiéndose en un rasgo permanente: en general, los políticos y funcionarios arribaban al poder para saquear al país. Los políticos son los mayores fabricantes de miseria por antonomasia, contra quienes se alza el dedo acusador de la sociedad, seguramente porque son los más visibles.
A ellos se suman en conchupancia la sombra militar creciente. Esos viejos fabricantes de miseria política, económica y moral en América Latina vuelven a la carga, a veces disfrazados, otras a cara descubierta. Después de obligados a retirarse a sus cuarteles ante la ola democratizadora, han vuelto a poner las botas sobre la mesa: el autoritarismo civil apoyado en los ejércitos y la anemia de las instituciones democráticas con la última era de dictaduras latinoamericanas.
“Hoy el verdadero poder es otra cosa. Es financiero y económico. Cada vez los gobiernos se convierten en simples delegados, agentes que cumplen los mandatos de sus superiores. Más que un gobierno por el pueblo y para el pueblo, nos enfrentamos a algo que podríamos llamar la fachada democrática. ¿Para que elegir dirigentes políticos sí los financistas tienen todo el poder?”, preguntaba cuarto de siglo atrás el pensador portugués José Saramago.
Los «ranchitos» de Caracas, las «favelas» brasileras, los «pueblos jóvenes» peruanos, los «gamines» colombianos, las «villas miserias» argentinas, los “cantegriles” uruguayos la prueba de la gravedad de la crisis social que se expresa en cruentos procesos de desintegración social y la fractura de las redes colectivas de solidaridad que, no hace tanto tiempo, colaboraron eficazmente a mejorar las condiciones de vida de grandes sectores de nuestras sociedades, desalojados por convivencia social que alimentan el círculo vicioso de la impunidad, el crimen, la corrupción, el narcotráfico, la exclusión social y la marginación.
Violentos por el “darwinismo social” del mercado, con su cortejo de previsibles minorías ganadoras e igualmente previsibles y masivos perdedores.
Si hace 70 años el ingreso per cápita de los países de América Latina equivalía aproximadamente al 50 % del que tenían los habitantes de los países industrializados, esta proporción descendió a la mitad en la década de los 90 y sigue en caída permanente. La polarización parece avanzar de una manera irresistible, tanto en los capitalismos metropolitanos como en los que pertenecen a la periferia del sistema.
Cada año mueren alrededor de 16 millones de niños a causa del hambre o de enfermedades curables, buena parte de ellos en esta parte del planeta, hecho que es invisibilizado por los medios hegemónicos de comunicación de masas, gigantescos emporios privados que dominan sin contrapesos, nuestra esfera pública, reproduciendo una visión conformista y optimista de la realidad, para ocultar los estragos que las políticas neoliberales produjeron y siguen produciendo en nuestros países.
Un estudio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) señala que en cuatro años los niños victimizados por la violencia neoliberal, violencia “institucionalizada” que se oculta tras los pliegues del mercado, igualan a los 60 millones de muertos ocasionados por la Segunda Guerra Mundial. Como bien lo observara Ernest Mandel, “cada cuatro años una guerra mundial contra los niños.”
Añade que con una pequeña burguesía conservadora y en conjunto próspera, el neofascismo no tiene ninguna posibilidad objetiva de ganar una amplia base de masas. Los ricos propietarios no se lanzan a combates en la calle contra los trabajadores revolucionarios o los estudiantes de extrema izquierda.
Hoy se hace necesario superar la camisa de fuerza de la “alternancia sin alternativas” que predomina en la política de nuestros días a partir de la aceptación sin discusión de la bondad del “modelo” y evidenciada en la verdadera competencia partidaria para ver quién otorga mayores y mejores garantías a sus excluyentes beneficiarios.
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) indica que en lugar de discutir los inocultables problemas que ha suscitado el ajuste neoliberal, tales como: crecimiento escalofriante de la deuda externa y la consiguiente vulnerabilidad de la economía, los desajustes fiscales, el colapso de las economías regionales, regresividad tributaria, empobrecimiento extremo de las clases y capas populares, desprotección social, auge de la violencia y la inseguridad ciudadana, la clase política se empeña en preservar a todas costas un modelo que condena a las mayorías y destruye los fundamentos mismos de la vida social.
Piquetes, estallidos
La Confederación Europea de Sindicatos (CES) estimó que 19 millones de trabajadores viven bajo el umbral de la pobreza en el continente y reclamó más empleo y de mayor calidad ante la evidencia de que tener trabajo remunerado no garantiza quedar a salvo de la exclusión social en Europa. Las personas en riesgo de exclusión social en Europa rebasan los 80 millones, por lo que llamaron a las distintos Estados a “reforzar el papel de los servicios públicos”.
El momento que provoca el estallido social, la gota que derrama el vaso viene en diferentes presentaciones hasta el punto que puede parecer insignificante, pero se convierte en el momento que revela los problemas fundamentales de una sociedad.
No son nuevos los estallidos sociales en la región. Caben destacar el Caracazo en Venezuela, las llamadas «guerras» del gas y del agua en Bolivia y el estallido del 2001 en Argentina. En los últimos años, la presión sobre los gobiernos ha aumentado debido a un malestar general de la población.
No todos los levantamientos sociales han tenido el mismo origen, la misma línea ideológica o el mismo desenlace. El momento que provoca el estallido social, la gota que derrama el vaso viene en diferentes presentaciones hasta el punto que puede parecer insignificante, pero se convierte en el momento que revela los problemas fundamentales de una sociedad.
Quizá 2019 sea recordado como el año del estallido social en América Latina. En su último trimestre, emergieron protestas nueve países, entre ellos Ecuador, Chile (en octubre de 2019 y marzo de 2020), Bolivia y Colombia. El miedo al contagio de covid-19 pareció sofocarlas cuando la pandemia llegó a la región en 2020. Sin embargo, en Bolivia y en Colombia, el descontento pudo más que el miedo y la gente salió a las calles aun con pandemia, bronca, desesperación.
En Perú y Paraguay, que habían vivido crisis institucionales en 2019, las protestas estallaron a fines de 2020 y principios de 2021, respectivamente. En Chile, Perú y Colombia, los jóvenes lideraron las protestas en el marco de una menor densidad organizativa de la sociedad civil y, por ende, la falta de representantes claros con capacidad para negociar salidas de la crisis
El despertar democrático no trajo redistribución para las mayorías, sino procesos de ajuste económico y una ola de reformas de mercado. Las elites económicas perdieron el miedo a la democracia, y si bien los militares se resistieron a los intentos de juzgar sus crímenes contra los derechos humanos, se mantuvo la paz social, ya fuera por miedo a la represión pasada o por el desgaste que implicaba la supervivencia económica, con el aumento de la pobreza y la informalidad que trajeron los años 90.
Cuando las elites políticas parecían acordar en el Consenso de Washington (reformas que incluían privatizaciones, desregulación y liberalización comercial), la resistencia de las clases populares empobrecidas comenzó a surgir y se agudizó con la crisis económica que caracterizó el último lustro del siglo xx.
El piquete es uno de los paradigmas en los cuales se concentra parte de la protesta comunitaria. Consiste en la interrupción -no total ni violenta- del tránsito normal de una vía de comunicación, con el fin de obtener mejores condiciones de vida o al menos que no empeoren las existentes.
Se conoce como movimiento piquetero al movimiento de trabajadores desocupados surgido en Argentina a mediados de la década de 1990. El crecimiento de la desocupación y los índices de pobreza, que fueron en aumento durante la presidencia de Carlos Menem, crearon un caldo de cultivo en el país para el surgimiento de múltiples protestas y formas de organización de trabajadores que perdían su empleo y corrían el serio riesgo de quedar excluidos del mercado laboral.
El movimiento piquetero argentino nace de una necesidad vital para los trabajadores (y no sólo de los desocupados): la lucha contra el desempleo, que con el neoliberalismo adquirió dimensiones de catástrofe, ante el absoluto abandono de los desocupados y de sus reivindicaciones por parte de la burocracia oficial de los sindicatos. En la medida en que «organiza a los desorganizados», el movimiento piquetero es un freno al intento de atomizar a la clase obrera a través del desempleo.
La denominación «piquetero» proviene del hecho de que los movimientos de desocupados principalmente tienen como forma de protesta social la instalación de piquetes en lugares estratégicos, para imposibilitar total o parcialmente la circulación por calles, caminos o rutas.
El piquete es una forma de llamar la atención sobre un reclamo a quienes gobiernan y presionar para que sea resuelto. Los desocupados se ven obligados a ejercer este tipo de acciones porque el capitalismo no les ofrece ninguna alternativa. Contra ello es que los piqueteros se organizan: para garantizar su propia vida, algo que el capitalismo y su democracia burguesa no puede hacer, a pesar de la ficción de los “derechos”, como el derecho a tener trabajo y a comer.
A comienzos del siglo XXI, la Argentina se vio azotada por una catástrofe social: 25% de desocupados y un 60% de pobres e indigentes en un país que supo encabezar la lista de los países más ricos del mundo. Con la intención de rescatar la memoria contra el olvido, el director de cine Pino Solanas construyó La dignidad de los Nadies, con relatos e historias de los protagonistas de la resistencia social, de las clases medias empobrecidas, desocupados y piqueteros.
La ciudadanía con demandas insatisfechas busca una democracia que la escuche y la siente a la mesa de las decisiones. Esa demanda de legitimidad democrática es más importante que los límites a la política pública que sugieren los «transitólogos» socialdemócratas, con el pretexto del miedo al retorno militar.
Pero esa legitimidad no es suficiente si no se asocia a una esperanza de mayor bienestar futuro. Y si los gobiernos no lo logran, seguirán los estallidos, porque sus políticas neoliberales son las que en realidad fabrican a los piqueteros.
*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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