Hace años Xavier Arzalluz, el presidente del Partido Nacionalista Vasco entre 1980 y 2004, dijo que el Estado español es una democracia de baja calidad. Esto es, una democracia con muchos resabios autoritarios: única manera de sostener una monarquía profundamente corrupta. Esos rasgos autoritarios se manifiestan sobre todo por la amenaza del empleo de la fuerza armada del Estado centralista contra las aspiraciones del pueblo trabajador a una política económica más justa; o bien contra las naciones sin Estado con aspiraciones a desarrollar una política propia, independiente de los intereses de la oligarquía española.
La monarquía parlamentaria representa los intereses del gran capital financiero, que domina la vida económica española. El rey es el Jefe de las Fuerzas Armadas, de la policía en todas sus variantes y la cabeza de la administración pública; es decir, todo el poder coercitivo del Estado depende de la realeza. Responsable directo de las intervenciones de los cuerpos armados que ejercen el monopolio de la violencia legítima dentro del territorio español. Impecable formalmente, sin embargo, la parafernalia del Estado oculta una realidad inicua. Que esa acción represiva del Estado sea legítima desde el punto de vista formal de las leyes del estado, no significa que sea legítima desde el punto de vista moral del sentido común del pueblo trabajador.
El formalismo ha sido continuamente la excusa de la derecha para realizar su política conservadora. Así tenemos la tremenda paradoja de un Estado que tuvo que amnistiar los crímenes de la guerra civil, para poder constituirse como una monarquía parlamentaria –democracia de baja calidad-, pero no es capaz de amnistiar a un político cuyo delito es instaurar procedimientos para desarrollar la democracia –Puigdemont, presidente de la Generalitat de Catalunya en el exilio-. La desproporción es tan enorme, que apenas se deja visualizar. Como si comparamos los beneficios de los bancos con el sueldo de una camarera.
En esta paradoja podemos ver toda la desfachatez de una derecha mafiosa que continúa manteniendo grandes cotas de poder económico y político en la España monárquica, y puede determinar las decisiones más importantes sin necesidad de detentar la mayoría democrática en la Cortes, desde fuera del gobierno del Estado; simplemente utilizando resortes de presión en múltiples sentidos, desde el chantaje financiero hasta la amenaza de golpe de estado, pasando por huelgas de funcionarios, presiones judiciales, incumplimiento impune de la ley, etc., etc.
El formalismo de la ley encubre el bandidaje criminal de la mafia que controla los resortes del poder en el Estado español. El ejemplo más claro es el propio rey, exiliado para evitar ciertos procedimientos judiciales que podrían llevarle a someterse a la ley: a la cárcel. No puede ser condenado por la ley española, puesto que los reyes no son responsables de sus actos por ser Jefes del Estado español; los juicios sobre su conducta, que teme el rey huido, no han sido ejecutados por tribunales españoles, sino por otros países más democráticos, como Suiza.
El presidente de la Generalitat en el exilio no ha cometido ningún delito tipificable por las leyes internacionales, sino un delito según una ley española de muy dudosa legitimidad. Pero no puede ser amnistiado. No está huido, sino acogido al derecho de asilo para los perseguidos políticos por causas injustas. En cambio, el rey no está perseguido por la ley española, sino por la justicia europea, por delitos tipificables en la legislación internacional. No está exilado sino huido de la justicia en un país árabe donde no hay acuerdos de extradición con los países europeos. No necesita amnistía porque no puede ser jurídicamente perseguido en España. Pero necesita eludir la justicia y le ayudan los oligarcas y mandamases de este mundo.
Esa asimetría nos muestra un enorme desequilibrio en el ordenamiento jurídico del Estado español. Es de suponer que los políticos españoles encontrarán el camino para resolver esta inconsistencia en los próximos meses. Pero los límites de la solución están claramente marcados por las amenazas que penden sobre los pueblos del Estado español.