Apenas diez días después de su toma de posesión como presidente de la República, el 10 de diciembre, Javier Milei se enfrentaba a la resistencia de los manifestantes en Buenos Aires a sus planes anunciados en la campaña electoral. El 20 de diciembre por la tarde, fecha en la que se conmemora la fuga del expresidente Fernando de la Rúa en helicóptero desde la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, ante un estallido social en 2001, partidos y grupos de izquierda realizaron una primera marcha contra "el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI" con unas 10.000 personas.
Pero lo más significativo es que, en la noche del mismo día, tras el discurso del nuevo presidente en la televisión nacional, cientos de miles de argentinos salieron espontáneamente a las calles de la capital, concentrándose en la Plaza del Congreso, y también en otras ciudades. Manifestaciones que continuaron al día siguiente del anuncio del Decreto de Emergencia Nacional (DNU), que modifica más de 300 leyes y normas existentes.
En palabras del sindicalista Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, el DNU "es una bomba de neutrones que quiere arrasar la Argentina, las instituciones de la república y todos los derechos que durante años hemos podido construir". Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, dijo que "ni siquiera en la época de la dictadura hubo un intento de llegar tan lejos". De hecho, este megadecreto, que tendrá que ser refrendado por el Congreso, pero que ya entra en vigor el 29 de diciembre, declara la guerra a los derechos sociales y laborales, desregula el comercio interior y exterior, anula la ley de alquileres y apunta a la privatización de todas las empresas públicas. En definitiva, todo lo que el capital financiero quiere que apliquen los gobiernos de todo el mundo.
Milei continúa la ofensiva
Tras el DNU, Javier Milei anunció la no renovación de los contratos de cerca de 7 mil empleados de servicios públicos y estatales que se firmaron en 2023, provocando la reacción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los sindicatos argentinos más fuertes, que se declara en estado de movilización permanente. El 27 de diciembre, la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales realizaron el tercer acto de protesta contra el megadecreto de Milei frente al Palacio de Justicia de Buenos Aires, exigiendo que medidas como la flexibilización de los contratos laborales sean declaradas inconstitucionales. Al mismo tiempo, alcaldes y concejos municipales también denuncian los decretos inconstitucionales y exigen que el Congreso revoque el DNU.
Pero Milei, que cuenta con el beneplácito del FMI, también se apoya en la desilusión y la rabia de los sectores populares contra el peronismo y el gobierno anterior para continuar la ofensiva, ahora con la llamada "ley omnibus", un proyecto de "ley habilitante" que refuerza el carácter personal del poder al pedir al Congreso que transfiera el poder legislativo al ejecutivo hasta 2025, lo que incluye los códigos civil y penal, además de cambiar toda la organización económica de Argentina con privatizaciones, incluido el Banco de la Nación.
"Paro General" el 24 de enero
El enfrentamiento que se anuncia será duro. Apenas 18 días después de la toma de posesión de Milei, un pleno nacional de la CGT, la mayor central sindical del país, convocó a un "Paro General", es decir, un paro nacional, a partir del mediodía del 24 de enero, contra el DNU y la "ley ómnibus", un "paro" de 12 horas al que se sumaron las dos CTA. La situación en Argentina, que desde el punto de vista de la vida cotidiana de la gente ya está sufriendo el impacto de las medidas del nuevo gobierno con el aumento de los alquileres, la pérdida de poder adquisitivo de salarios y pensiones, la desorganización de las relaciones laborales y la falta de control de precios, tiende a volverse cada vez más explosiva, mientras el propio gobierno dice que "empeorará antes de mejorar". Un proceso que debemos seguir de cerca en el cambio de año.