Desafortunadamente, en Colombia, en el rincón olvidado de la conciencia colectiva, YACE la esencia pura de la ética política. Un eco distante de promesas incumplidas se deslizan por los pasillos del poder, mientras la moralidad se desvanece en el tumulto de intereses personales. En el escenario político criollo, la virtud se convierte en una moneda de cambio, negociada a puertas cerradas y sacrificada en el altar de la conveniencia.
Sí, para nuestros gobernantes en su mayoría, la ética es como un faro perdido en la niebla, buscando iluminar el camino oscuro de la política. Sin embargo, las sombras tinieblas del oportunismo y la corrupción amenazan con extinguir la poca luz que nos queda. Los ciudadanos claman por líderes políticos que no solo prediquen la honestidad, sino que la practiquen con fervor. Anhelan una política impregnada de principios sólidos, donde el bien común prevalezca sobre el interés propio.
En este laberinto de ambiciones desmedidas, es imperativo recordar que la ética política no es un concepto abstracto, sino un compromiso vital con la integridad y la justicia. Es el pacto no escrito entre gobernantes y gobernados, forjado en el crisol de la responsabilidad mutua. Solo cuando los líderes políticos abracen esta verdad con humildad y determinación, podremos vislumbrar un horizonte político digno y esperanzador para un país que ha sido azotado no solo por la violencia, sino también por la descontrolada corrupción.
Según una encuesta de CIPE e Ipsos Napoleón Franco, el 41% de las empresas consultadas no cuenta con programas formalizados de integridad para evitar la corrupción al hacer negocios con el Estado. Además, la Secretaría de Transparencia reveló el primer mapa de la impunidad en Colombia, lo que muestra la magnitud del problema. La corrupción también ha salpicado al sector de la justicia y ha generado escándalos en las altas cortes . Es evidente que se requieren soluciones inmediatas para combatir este problema sistémico.
Así, en cada decisión tomada desde el poder, en cada palabra pronunciada en los recintos legislativos y en cada acto que afecta a la comunidad, la ética política debe ser más que una etiqueta decorativa; debe ser el latido sincero del corazón democrático. Solo entonces podremos restaurar su esplendor perdido y devolverle su lugar como baluarte indestructible de una sociedad justa y equitativa.
De acuerdo con el consolidado del estado de denuncias asociadas a corrupción, hay en total 57.582 entre los años 2010 y 2023, de las cuales el 93.99% no tienen condena; el 89.7% sin captura y el 77.15% están en indagación.
En el ámbito político de Colombia, la corrupción ha favorecido el crecimiento de la inestabilidad institucional y el persistente desgaste de las relaciones tanto entre individuos como entre instituciones y gobernados. La pérdida de legitimidad política que experimentan muchos gobiernos locales, la polarización del poder, la ineficiencia burocrática, etc., son algunos de los problemas políticos que se atribuyen a la acción de la corrupción. El creciente desarrollo de bloques o clanes mafiosos y políticos da nuevos aires a esta cuestión, poniendo en la agenda nacional el todo vale para ¡ROBAR!"