Los planes del FMI y la injerencia de Estados Unidos en la raíz de la explosión de violencia
Lo que ya era cotidiano en Haití llegó a Ecuador: las pandillas extorsionan desde empresas hasta personas del pueblo mediante amenazas y secuestros, peleando entre sí y disputándose el control territorial.
El 7 de enero, el líder de una de las mayores pandillas de Ecuador, encarcelado desde 2011, se escapa sin dificultad. Las mafias rivales, conocedoras de la complicidad de sectores del aparato estatal, se sienten amenazadas. La violencia explota.
El gobierno de Noboa decreta, por 60 días, estado de excepción (el 8) después conflicto armado interno (el 9) con toque de queda, suspensión de los derechos de reunión y circulación, de inviolabilidad de domicilio y poderes policiales para el Ejército.
Las raíces de la crisis
Desde 2017, la desestabilización y corrupción del aparato estatal en Ecuador ha avanzado con la persecución judicial (lawfare), guiada por el Departamento de Estado estadounidense, lanzada contra el expresidente Rafael Correa (2007-2017) similar a la que ocurrió en Brasil contra Lula y el PT.
Los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso, sucesores de Correa, obedecen las órdenes del FMI: privatizar, eliminar derechos de los trabajadores, precarizar los empleos, desmantelar los programas sociales. De esta manera, empeoran la pobreza, abriendo espacio para que el crimen organizado reclute a jóvenes. La revuelta indígena de 2019 tuvo lugar contra estas medidas a favor del capital financiero.
En un país donde el dólar ha sido la moneda oficial desde 2000 -una situación con la cual coexistió Correa sin intentar cambiarla - Moreno-Lasso también relajaron los controles sobre los flujos de capital, facilitando el blanqueo de dinero del narcotráfico.
Tráfico de drogas, aparato estatal e injerencia estadounidense
Durante el mismo período, aumentó exponencialmente la presencia militar y la ayuda financiera estadounidense, supuestamente contra el narcotráfico, pero el crimen organizado penetró aún más en el aparato del Estado. El propio Lasso fue acusado de complicidad con narcos y, para evitar su juicio político, convocó a elecciones anticipadas.
Su ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, eliminó los controles aduaneros a las exportaciones de banano. No pasó mucho tiempo para descubrir que se utilizaba documentación falsa para enviar droga como si fueran plátanos.
Detalle: Manzano fue, durante años, y hasta 2022, empleado de la Corporación Noboa, la mayor exportadora de banano, de la familia más rica del Ecuador, de la que es heredero… el multimillonario presidente Daniel Noboa.
Medidas contra el pueblo, no contra las drogas
Noboa asumió el cargo en noviembre de 2023 y pronto aprobó una ley en el Congreso que autoriza la privatización del sector eléctrico y crea una tarifa adicional por las licencias de vehículos para "financiar la transición energética".
El 11 de enero propuso aumentar el impuesto al consumo (IVA) del 12% al 15% con el pretexto de financiar la seguridad pública militarizada.
Según la prensa, a la reunión del Consejo de Estado del 7 de enero, en la que se aprobó el Estado de Excepción, asistió el embajador de Estados Unidos.
Noboa tiene una cita con la jefa del Comando Militar Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, figura frecuente en Ecuador.
El imperialismo no combate el tráfico, al contrario, para él, las drogas son un instrumento de descomposición de la juventud -y de ganancias especulativas- mientras sus devastadoras consecuencias sociales y su inestabilidad política son utilizadas para aumentar la riqueza de sus multinacionales y la opresión de los pueblos.
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