En su afán de tratar de mantener su debilitado régimen imperial, Estados Unidos presiona a los países occidentales para que sean los primeros en confiscar los activos rusos congelados y usarlos para incentivar el conflicto ucraniano en el que desde el principio está envuelta la OTAN.
Esa medida arbitraria e ilegal, representaría un golpe demoledor contra el sistema financiero internacional y sería un inconveniente muy serio para todo ese sistema.
En diciembre pasado Washington propuso al Grupo de los Siete (G7) examinar y analizar formas de hacerlo y dar una respuesta a finales de febrero del 2024.
El 24 de enero, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense avaló el proyecto de ley para "entregar" los activos congelados rusos a Ucrania aunque el documento debe ser aprobado por el pleno.
Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Japón y Canadá congelaron en 2022 más de 300 000 millones de dólares en activos del Banco Central ruso en respuesta al operativo militar especial de Moscú para desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. Unos 200 000 millones se encuentran en Europa, principalmente en el depositario belga Euroclear.
De acuerdo con los datos del Banco de Rusia, en junio de 2021, unos 288 000 millones de dólares estaban depositados en Austria, el Reino Unido, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia y Japón, y otros 63 000 millones en países no mencionados.
Ucrania se halla en una profunda crisis financiera y militar ante el fracaso de su contraofensiva en el frente de guerra, mientras el presidente Joe Biden enfrenta una oposición en el Congreso de gastar otros 61 000 millones de dólares en ayuda a Kiev, al tiempo que Europa no había podido acordar (por el veto de Hungría) otro paquete de asistencia a esa nación por 50 000 millones de euros que al final lo aprobó el pasado 31 de enero.
Ante la ilegal artimaña de incautar los activos rusos, el presidente Vladimir Putin declaró durante el Foro Económico Oriental efectuado en Vladivostok en septiembre de 2023 que esa medida "cruza simplemente todas las fronteras".
La portavoz de la cancillería rusa, María Zajarova, señaló que consideraban ese tipo de acciones no solo como un robo banal, sino también como una guerra comercial y de suceder, prometió que se tomarán medidas de represalias "notables y dolorosas".
A finales de enero, Bruselas, Washington y Canadá aprobaron, en diferentes instancias parlamentarias, la incautación de esos activos para entregárselos a Kiev los cuales se convertirán en armas, equipos y financiamiento para continuar aupando la guerra contra Moscú.
Desde Occidente varias son las voces que llaman a la cordura y a evaluar las consecuencias que traerá.
El ministro de Finanzas de Bélgica, Vincent van Peteghem, significó que el bloque comunitario debe ser "muy prudente" sobre la propuesta y destacó la importancia de que la medida sea "jurídicamente correcta" para que el bloque "evite cualquier impacto en la estabilidad financiera".
El canciller de Luxemburgo, Xavier Bettel, subrayó la importancia de que exista una base legal de la medida. "Imagínense que decidimos, políticamente, dar miles de millones [de activos rusos] a Ucrania, y al cabo de seis meses tenemos una decisión judicial diciendo que no nos está permitido dárselos. Entonces, ¿quién va a pagar?",
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha advertido en varias ocasiones que Moscú impugnará en los tribunales las posibles medidas emprendidas porque son ilegales, van en contra de todas las reglas posibles y al final supondrán costos judiciales y legales muy graves para quienes tomen tales decisiones.
Como se conoce, Rusia podría denunciar esa ilegal artimaña en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. O sea, la decisión de apoderarse de los activos rusos dará lugar a múltiples disputas legales en los tribunales que durarán años y podrían desencadenar una guerra de confiscaciones.
Moscú ha expresado que podría responder de manera simétrica a las acciones de Occidente y confiscar activos de países hostiles mucho mayores que sus fondos congelados en Europa y Estados Unidos.
Esta guerra híbrida que las naciones occidentales han desatado contra Rusia para intentar desestabilizar al gobierno de Moscú, ahora ha entrado, como le han llamado varios analistas, en un cataclísmático y catastrófico conflicto financiero que también producirá un daño colateral a la hegemonía del dólar.
Si hoy se comete esa ilegal acción contra los activos rusos, mañana podría ser contra China, Arabia Saudita, India y otras naciones.
Los reguladores chinos ya celebraron reuniones con los principales bancos nacionales y extranjeros para buscar formas de proteger sus intereses. Beijing, es uno de los mayores acreedores extranjeros de Washington, posee aproximadamente 860 000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense y acumula activos en el extranjero por casi 10 billones de la divisa verde.
En resumen, la guerra financiera del decadente imperio estadounidense se ha incrementado y al final muchos serán los perjudicados.