En estos momentos, hay un trascendental debate sobre la elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva de la Empresa de Petróleos de Colombia Ecopetrol.
Ecopetrol es la principal empresa de Colombia y una de las más importantes en su área en el mundo de la industria de los hidrocarburos.
Ecopetrol es ciento por ciento una empresa del Estado (87% de las acciones), que administra la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Fue creada en 1951 y a lo largo de sus 73 años de existencia se ha consolidado como un poderoso activo de los colombianos y el Estado.
La ultraderecha neonazi tiene allí instalados, como de costumbre, sus venenosos tentáculos y a lo largo de varios años ha sido manipulada para favorecer a poderosas fichas del uribismo (Luigi Echeverri, el campeón del contrabando de combustible saqueando barcos mercantes en Coveñas), que han hecho hasta para vender con esta entidad: robo de combustibles, control de amplias franjas de funcionarios y direccionamiento privado de las utilidades y las regalías que le corresponden al Estado.
En estos momentos se adelanta un proceso de elección de su Junta Directiva que está integrada por 9 miembros, casi todos extraídos de los ámbitos financiero, corporativo y de las alcantarillas políticas de la ultraderecha asociadas con Uribe Vélez, Ivan Duque, Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana.
Coherente con su programa de gobierno, con el Plan Nacional de desarrollo, el presidente Gustavo Petro ha planteado la necesidad de escoger como nuevos miembros de la Junta Directiva a representantes de los sectores sociales, ambientales y progresistas del país.
En ese sentido, el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quien le corresponde por ley hacerlo, ha postulado a los ciudadan@s Ángela María Robledo, reconocida activista por los derechos sociales y de la mujer; a Edwin Palma, ex presidente del sindicato de Ecopetrol, la USO, y actual Vice Ministro del Trabajo; a Lilia Tatiana Roa, actual vice ministra del Medio ambiente y líder contra el Fraking; y al ex senador liberal del departamento de Nariño Guillermo García Realpe, para que integren la nueva Junta Directiva que se elegirá en la Asamblea de accionistas del 22 de marzo que se adelantará en Bogotá.
Esta lista no ha sido de buen recibo de la casta imperante en la actual Junta directiva, recargada de tecnócratas neoliberales y de las fichas de los conglomerados financieros asociados con la Bolsa de New York y el BID.
Los argumentos esgrimidos en el rechazo tienen que ver con temas reputaciones, con ausencia de títulos en universidades gringas y por el origen popular y democrático de los postulados por la presidencia de la república.
La actual Junta Directiva de Ecopetrol es una encopetada casta que no refleja los intereses comunitarios de Colombia, ni los compromisos del gobierno nacional que encabeza el presidente Gustavo Petro.
Es evidente que este exclusivo club de privilegiados no comparte el compromiso ambiental que representa Lilia Taniana Roa y su lucha contra el Fraking; menos la trayectoria sindical de Palma; y menos, aun, la raíz progresista de García Realpe.
Como en el caso de la elección de la nueva Fiscal que ha recaído en la persona de la ilustre jurista Luz Adriana Camargo, tenaz luchadora contra la corrupción y la impunidad, en que la persistencia y perseverancia del campo progresista echo atrás las maniobras de los carteles de la corrupción y el crimen en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía de Barbosa/Mancera, en la votación de Ecopetrol toca propiciar la movilización popular y social hasta lograr que la Junta Directiva de Ecopetrol de un cambio en favor de la democracia, los derechos humanos y ambientales asociados con la transición energética y la protección de la naturaleza. Vamos por esa. No hay que bajar la guardia ni facilitar los planes de los pulpos burocráticos petroleros. Ecopetrol es del pueblo y esta debe actuar en función de los cambios que avanzan en Colombia, no obstante, la feroz oposición del viejo régimen