El destino de cualquier sociedad humana depende en gran medida de su capacidad para proveer a sus miembros de bienes sociales de acuerdo con su contribución a la adaptación social. Cuando este se consigue, los individuos promueven los fines de la sociedad mientras persiguen sus fines individuales, de modo que se optimiza así la adaptación social
Polis – Luis Zaballa
Xiomara Castro quien desde que ascendió al poder ha estado en un permanente acoso contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), es necesario que en vez de estar respondiendo a falsos espejos de inversión, que han llevado a la quiebra de naciones como Venezuela, vea en tales iniciativas una nueva forma de generar progreso y desarrollo en Honduras, máxime cuando estas han sido la mejor carta de presentación para la generación de inversiones, empleos y riqueza de China, Asia y Unión Europea. Caso contrario, debería también ver a El Salvador, donde su homólogo Nayib Bukele acaba de decretar impuestos al 0% para el ingreso de capitales a la nación de Centroamérica.
I Origen y evolución histórica de las ZEDE en Honduras
Desde que comenzó a surgir el proyecto de instaurar en Honduras las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), bajo el mandato de Porfirio Lobo (2011), las mismas, contrario sobre lo que muchos tal vez piensan, y algunos omiten o ignoran, no se iniciaron con tales propuestas hacia el norte, si no que tuvieron su epicentro hacia el sur en su salida por el Pacífico, cuando el ahora ex presidente, en compañía de aquella representación titular de la embajada de España, inauguraron tres parques públicos, y un sistema de aguas residuales en Amapala, obras que comenzaron a ser financiadas desde 2005 con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aaicd), por un monto de tres millones de euros, y cuya inversión fue elogiada por quienes estaban siendo parte de las autoridades españolas, donde se destacó la estabilidad política, así como los instrumentos jurídicos que se habían aprobado hasta ese año para la consolidación de tales iniciativas en el plano económico {1}.
De hecho, en tal acto, por primera vez, un mandatario mencionaba que las zonas económicas, serían parte de un contexto en Honduras con autonomía jurídica y fiscal con una visión de país, que otorgaba en sus pueblos, el derecho de enfocar y orientar sus propios destinos, y que previamente dichas normativas fueron aprobadas por la llamada Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo, y fue allí, cuando in situ, se habló con autoridades e inversionistas internacionales en la posibilidad de la construcción de un tren interoceánico, que ha vuelto a resurgir con el propósito de inversión y construcción de las actuales autoridades políticas del país.
Además, es necesario contextualizar que uno de los promotores en su momento de eliminar las restricciones políticas y económicas sobre Honduras, fue el propio Manuel Zelaya – actual asesor de la presidenta Xiomara Castro – quien entre otros puntos en la Conferencia Internacional Liberal señaló (2004a): "Los esfuerzos y éxitos de un gobierno en particular no sirven de nada si el siguiente gobierno comienza de nuevo, o elimina medidas anteriores, actuando simplemente sobre la base de una visión sectaria e intereses personales o partidistas. Esto luego retrasa la implementación de programas o políticas que bien podrían resultar positivas, pero solo si se les permite seguir su curso a largo plazo" {2}. Hay que destacar, que el ponente, que también fue presidente de Honduras (2006-2009) mencionó en aquel escenario político que la seguridad jurídica y la privatización eran claves para el desarrollo de esta nación y América Latina.
Verbigracia; pretender en la actualidad, el cómo algunos políticos con funciones de poder, y hasta "analistas" desde portales y redes con estólidos argumentos asumen la distorsión de la historia con el tema de las ZEDE por razones circunstanciales, y precisamente de intentar relacionar hechos políticos con tales proyectos que en Honduras se desarrollan con tres iniciativas de millonarias inversiones y generadoras de miles de empleos, a saber: Próspera, Ciudad Morazán y Orquídea, pues son los hechos - inclusive las palabras desde lo más alto del poder ejecutivo -, las máximas del desmentido sobre lo que ha sido la evolución y de las ZEDE en el plano de sus espacios de legitimidad, por supuesto, sobre la base de las estructuras de constitucionalidad, y amplias garantías tanto en leyes internas – donde no pueden aplicarse efectos retroactivos – como del derecho internacional, que cómo han sido mencionados, fueron la base esencial para la creación y desarrollo de éstos innovadores desarrollos en este territorio centroamericano. O sea, aunque la nación centroamericana presente en la actualidad algunos hechos de coyuntura histórica, es la propia historia la que desmiente cualquier vinculación política de las ZEDE en el contexto de la evolución económica y social; porque éstas siempre han estado articuladas con el estado de derecho.
II Soportes constitucionales de las ZEDE
Recientemente, el gobierno de Honduras manifestó su decisión de retirarse del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados – Ciadi - {3}, el cual representa el espacio internacional para dirimir cualquier disputa entre inversionistas y naciones en caso que existan desacuerdos o violaciones sobre los tratados firmados entre ambas partes, y donde no sólo se han ajustado los acuerdos con los promotores de las ZEDE, sino con otros capitales internacionales.
Ahora bien, aunque el actual gobierno de Honduras, decida retirarse del Ciadi, más por razones políticas que económicas, el convenio que fue firmado el 29-5-1986, y entró en vigencia el 16-3-1989 {4}; eso no aplica retroactividad alguna con los acuerdos firmados por las ZEDE y otros inversionistas con el Estado, máxime cuando las primeras están debidamente avaladas por la Constitución en sus artículos 294, 303, 304 y 329, y aunque haya sido derogada la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo; es decir, aunque el parlamento haya aplicado una decisión de arbitrio, y la cual sopesa lo que muchos estudiosos del derecho han llamado decisión antijurídica, creyendo que con ello, pueden originar alguna derivación en favor del poder político de turno, cuando resulta en contrario, porque lo que se estaría intentando sería trasmutar el derecho constitucional, y donde bastaría simplemente realizar una sola interrogante para demostrar ante cualquier espacio del derecho, lo inicuo y vacuo de una decisión que sólo atenta contra el propio Estado ¿Si son "anticonstitucionales" las ZEDE, por qué no lo son quiénes están ejecutando tal decisión arbitraria si fueron electos con esa misma Constitución? ¿Es o no un contrasentido?
Y aunque las ZEDE todavía podría invocarse el diálogo como forma de poder entablar convenios, las recientes declaraciones y comunicados de las autoridades gubernamentales parecieran cerrar esos términos, razón por la cual, es el acuerdo del Ciadi, independientemente del retiro de Honduras de ese tratado de diferencias económicas y jurídicas, e irónicamente motivado por acciones políticas, seguirá predominando el documento ante el órgano internacional, y no podría ser desconocido a priori, más, cuando en el caso de Próspera, el acuerdo garantizó a sus inversores un mínimo de 50 años en el desarrollo de sus actividades económicas, y sobre el cual Brimen (2023) reflexionó:
"Próspera lamenta la negativa por parte de Honduras a entablar negociaciones. Lo que buscamos es seguir invirtiendo en Honduras a fin de traer prosperidad y nuevas oportunidades al país. Próspera tiene el pleno derecho de seguir operando en Honduras bajo el régimen legal de las ZEDE durante el período completo de estabilidad jurídica de 50 años tal como lo había garantizado Honduras. Nuestro deseo es que se respeten los derechos adquiridos y el Estado de Derecho y hacemos un llamado al gobierno para que cumpla con sus obligaciones, lo cual a la vez evitaría un daño duradero a la economía y mejoraría la reputación internacional de Honduras. Cientos de millones de dólares en inversiones adicionales y decenas de miles de puestos de trabajo hondureños adicionales permanecen en suspenso debido a la continua e infundada hostilidad del Gobierno hacia las inversiones estadounidenses en Próspera ZEDE. Queremos trabajar con el Gobierno y si el diálogo no es posible entonces nuestras diferencias tendrán que resolverse en el marco del arbitraje internacional que manejan nuestros abogados de White & Case LLP." {5}.
En tal contexto, las ZEDE, aunque continúen las prácticas de obstaculizar ante los inversionistas, la realidad está sujeta en la constitucionalidad, y por ende, sólo desconociendo la Carta Magna un gobierno podría desconocer una realidad, que también ha sido consolidada en dos oportunidades por la Corte Suprema de Justicia, y la cual, en su más reciente decisión (2021) es precisamente esa cima del derecho en cualquier país, la que fomenta en sus soportes de decisión y ejecución como parte del Estado hondureño en sus condiciones especiales {6}, y más aún, donde cualquier insistencia en su "anulación", sólo comprobaría en semejantes interlocutores que ignoran la máxima jurídica: Actio semel extinct non reviviscit; lo cual deja en extravagancia retórica a quien intente llenar textos, hojas o redes invocando lo contrario; o lo que es lo mismo, su irracionalidad y pleno desconocimiento de las normas básicas de las estructuras y el conocimiento de la aletiología, y en este caso, con un estadio de juridicidad de supremacía de la ley.
III Interpelaciones
Ante la realidad jurídica que soporta constitucionalmente a las ZEDE, es la acción que exigía Zelaya (2004b) de "seguridad jurídica", y que cada vez que se ataca por declarados "enemigos", se transforma en un acto de incertidumbre, y total espacio para la desconfianza sobre las posibles inversiones en el país; aunque exista una retórica de "justicia social" – inexistente en términos de individualidad en cualquier país y tiempo histórico-, porque la realidad es que contaminado el espacio del derecho desde el capricho político, es poco lo que se ayuda a construir un país hacia el desarrollo económico, y menos que éste pueda generar progreso social.
En consecuencia, Xiomara Castro, convertida en presidenta pro-tempore de la Comunidad Económica Latinoamericana y del Caribe (Celac), no le hace un favor a Honduras con una decisión que no sólo está en contracorriente en la que aplican la mayoría de naciones de esta agrupación en el continente, sino que debería comprender junto con sus integrantes, que las Zede, además de representar millonarias inversiones, conjugan los procesos de educación, cultura, salud, biotecnología, espacios financieros, producción, turismo, conservación ambiental, y sobre todo, ciudadanía que han originado la sonrisa de miles de nativas y trabajadores en dignos empleos, que materializan una disminución de la pobreza y la migración. Las ZEDE están en todo el centro de la constitucionalidad de Honduras. La Constitución debe respetarse y evitar que el espejo de Venezuela sea copiado en la patria de Morazán.
Si Xiomara Castro quiere construir una Honduras distinta debe apartarse de equivocadas ideologías que ya no son palpables en tiempos de tecnología y consolidación de nuevos esquemas de producción y financieros. Tiene en las Zede una forma de cambiar a una nación que como Venezuela solo está llena de pobreza y emigración ¿Verá el progreso de las Zede o la destrucción de Venezuela?
@vivassantanaj_
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{1} https://www.laprensa.hn/honduras/amapala-sera-ciudad-modelo-promete-lobo-FELP549084
{4} https://icsid.worldbank.org/es/acerca/estados-miembros/base-de-datos-de-estados-miembros-del-ciadi
{6} https://www.poderjudicial.gob.hn/Comunicados_Acuerdos/Acuerdos/AcuerdoNo.CSJ01-2021.pdf