El "golpe blando" por la vía de la guerra jurídica contra el gobierno del presidente Gustavo Petro que fracasó con la salida del ex Fiscal Barbosa, reaparece ahora con una investigación de magistrados ligados a la ultraderecha sobre un supuesto financiamiento ilegal de la campaña presidencial del 2022 mediante la violación de topes financieros y unos vuelos aéreos. Igualmente, el golpe blando ha sumado la algarabía verbal del actual presidente del Senado de la Republica contra el presidente Petro, senador Ivan Name Vásquez, denunciado por sus vínculos con el grupo paramilitar de los Rastrojos en Barranquilla, y autor de varias masacres.
Así, se ha presentado una Ponencia al Consejo Nacional Electoral –conformado por 9 Magistrados- que en sus 300 páginas hace una grotesca manipulación de los apoyos de Fecode (educadores) y la Uso (trabajadores petroleros) a la histórica movilización popular que permitió, por primera vez, el acceso de la izquierda y el bloque histórico popular a la jefatura del Estado colombiano en cabeza de Gustavo Petro.
Según los "investigadores" uribistas (Álvaro Hernán Prada, parapolítico acérrimo, y Benjamín Ortiz) las cuentas no cuadran y le van a proponer a la Sala plena del Consejo Electoral iniciar un proceso judicial de acusación contra el presidente Gustavo Petro y su Director de campaña, el doctor Ricardo Roa, actual director de Ecopetrol.
Dentro del más fuerte hermetismo, los togados electorales van a poner en consideración de la Sala plena del CNE una ponencia que sugiere desatar un proceso judicial electoral con claras intenciones golpistas y desestabilizadoras del actual gobierno.
Se trata de un hecho que no tiene precedentes a pesar de los grandes escándalos que acompañaron otras campañas presidenciales como la de Uribe, financiado por el narcotráfico y el paramilitarismo; la de Santos, con dineros de Odebrecht; y la de Duque, elegido de la mano de los narcos de la "Ñeñepoliticia".
Además de Prada y Ortiz, los otros Magistrados con voto efectivo son Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez Grisales, Martiza Martínez, Alfonso Campo, César Lorduy y Cristian Ricardo Quiroz. Muchos de ellos ligados a la politiquería tradicional y a la parapolítica, con la excepción de los que representan al Pacto Histórico (Velásquez, Márquez y Quiroz). En el seno del CNE vendrá una fuerte disputa política que se extenderá entre la ciudadanía para defender las conquistas alcanzadas con la acción electoral.
Todo este montaje político también cobija al gerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, quien en la actualidad es el presidente de Ecopetrol.
El filo de esta "empapelada" judicial –en que son expertos los ultras de la derecha- apunta a la participación legitima de los trabajadores petroleros de la Unión Sindical Obrera USO y de los docentes de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, que intervinieron activamente en las movilizaciones electorales para respaldar a Petro en la campaña del 2022.
Una vez los magistrados uribistas presenten la ponencia para investigar al presidente Petro y a su gerente de campaña Ricardo Roa, la Sala Plena del CNE tendrá que votar la proposición para determinar si se abre, o no, este expediente contra el jefe de Estado y quien en la actualidad preside la compañía más importante del país.
La prensa corporativa ya desató la correspondiente campaña para manipular y mentir con la "ponencia uribista" sugiriendo que solo faltan tres votos para completar mayorías que ordenen la apertura del proceso, al tiempo que han dado a conocer una encuesta en la que el presidente Petro aparece con una desaprobación del 60%, y un escaso apoyo del 34%.
Obviamente todos estos son ingredientes que son utilizados para promover la marcha convocada por la ultraderecha el próximo domingo 21 de abril contra el presidente Gustavo Petro, las reformas sociales y el proceso constituyente que está en curso con Cabildos municipales, asambleas universitarias, paros cafeteros y acciones por la paz en las regiones afectadas por el conflicto.
Será necesario que las redes y procesos de movilización popular se fortalezcan frente a la arremetida localizada en el órgano electoral secuestrado por los parapolíticos (Maritza Martínez), los corruptos (Lorduy) y las fichas de la hacienda terrateniente palmera (Campos).
El próximo 1 de mayo debe ser un momento especial en la acción popular y en la ruta del proceso constituyente.