Tal como anunció hace pocas semanas, el jueves 10 de julio, el presidente Gustavo Petro se hizo presente en la Asamblea General de las Naciones Unidas para dar su lectura y análisis de la implementación y los desarrollos del Acuerdo de paz con las Farc ep, firmados en el segundo semestre del año 2016, entre el ex presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, el principal dirigente, en esos momentos, de la guerrilla fundada por Manuel Marulanda Vélez en el año 1964; también para presentar sus propuestas y mecanismos orientados a destrabar la ejecución de dichos pactos afectados por el sabotaje de la ultraderecha que, envalentonada con la derrota del plebiscito de la paz del 2016 y el triunfo del uribista Ivan Duque, como presidente de la república, orquestó un plan para hacer trizas la paz mediante la parálisis del Plan Marco de la Paz y el más descarado desfalco de los presupuestos y dineros apropiados para tal fin, como claramente ocurrió en el Ocad Paz y en el Fondo Colombia en Paz, entidades en las que se esfumaron miles de millones de pesos –entre el 2017 y el 2022- que fueron a parar a los bolsillos de criminales de cuello blanco como gobernadores, alcaldes, contralores y directivos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y contratistas delincuenciales. Problemas que, a mi juicio, aún subsisten en los entes mencionados, como hace poco lo denunció Petro en Nariño, donde indico que miles de millones de pesos de las regalías y del Ocad paz siguen siendo objeto del más repugnante saqueo.
La presencia de Petro en la ONU no es casual, es el reflejo del papel de este organismo multilateral en la solución de los conflictos armados nacionales, tal como quedó establecido en las bases de su conformación, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945. La ONU, en el cumplimiento de su misionalidad, construyó desde su Secretaria General, un Modelo de paz para superar las guerras civiles nacionales surgidas después de 1945. Es el esquema que sirvió de base a los diálogos y negociaciones del Estado con las guerrillas de las Farc desde el 2012, que incluyó una cláusula para designar un representante especial en Colombia del secretario general de las Naciones Unidas, que es el jefe de la Misión de Verificación de la ONU de la ejecución de los consensos y pactos consolidados desde el 2016.
Ante el auditorio internacional de Naciones Unidas, el presidente Petro, dibujó una iniciativa cargada de distintos proyectos para recuperar la ruta de la ejecución de los compromisos adquiridos por el Estado con las guerrillas agrarias; en ese sentido, retomó un instrumento legislativo utilizado en el 2017 por el señor Santos para agilizar la expedición de una abundante normatividad relacionada con los diferentes temas del AP. Nos estamos refiriendo al Fast track (via abreviada) que se acogió para agilizar en el poder legislativo y en el ejecutivo, el trámite y aprobación de actos legislativos, leyes y decretos relacionadas con la paz, como en efecto ocurrió, aunque, a mi juicio, con muchas limitaciones y recortes que afectaron los potenciales de la paz, como en el caso de la justicia transicional (JEP), la reforma agraria, los derechos de los excombatientes, los dineros para el post conflicto, la amnistía, el indulto y el tratamiento del problema de las drogas y los cultivos de uso ilícito.
El Fast track planteado por Petro se da en otros contextos y con otros parámetros. Su referente es el programa de la Paz total, el proceso constituyente, la incidencia del poder constituyente, el Acuerdo nacional, el reciente ajuste en el gabinete ministerial y la transición que se da en el sistema político, social y económico por el acceso del Pacto Histórico al poder presidencial, luego de 200 años de hegemonía oligárquica a través del bipartidismo liberal y conservador.
En las anteriores piezas políticas es que hay que encajar la propuesta de Petro en la ONU para entender el curso y la dinámica de los próximos meses en que muy seguramente arreciara el ataque contra el gobierno de la ultraderecha uribista y, hasta de pronto, un recrudecimiento de la violencia con atentados y eventos de alto impacto promovidos por el fascismo criollo.
El Fast track esbozado va a requerir de 7 años adicionales a los 15 pactados inicialmente para ejecutar los acuerdos.
Los temas de este Fast track son de gran trascendencia para profundizar la estrategia de las reformas progresistas en que está empeñado el actual gobierno.
Petro detalló su propuesta en los siguientes puntos:
1. Modificación de las vigencias futuras y ajustes en el marco de mediano plazo para priorizar las obras de la inclusión territorial, para corregir las tremendas injusticias en la inversión pública que solo favorecen los territorios más ricos y prósperos del país. Este mecanismo se utilizará para poder redirigir la plata que ya está comprometida en vigencias futuras para las carreteras a obras de inversión social en territorios azotados por la violencia. Lo que se pretende con este cambio es que en el plan fiscal de vigencias futuras se incluya la financiación completa de la transformación del territorio en lo que tiene que ver con infraestructuras e inversiones públicas; que el plan fiscal de mediano plazo financie la inclusión territorial al desarrollo, priorizando la inversión en los territorios periféricos.
2. Cambio en el sistema general de participaciones de departamentos y municipios para destinar recursos a los 170 municipios PDET.
3. Excarcelar a los productores de hoja de coca, reformando la ley 30.
4. Optimización y nuevas inversiones forzosas para los programas colectivos de sustitución de cultivos de uso ilícito.
5. Conversión de los títulos hereditarios en las zonas selváticas.
6. Planteó una reforma agraria para la compra administrativa exprés de la tierra para la reforma agraria. Se trata de una medida urgente y necesaria para poder entregarles a los campesinos sin tierra los 3 millones de hectáreas prometidas en el Acuerdo de Paz de Santos y Timochenko.
7. Crear un sistema único judicial para que todos los sectores (guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, criminales de bandas y a los terceros que apoyaron el paramilitarismo) tengan un solo tribunal de cierre, y no como lo que ocurre con la JEP que no ataca la responsabilidad criminal de empresarios y terceros financiadores del paramilitarismo.
8. Crear una Comisión internacional para investigar y aclarar el asesinato de casi 500 ex combatientes de las Farc y el resurgimiento del paramilitarismo como organizaciones herederas de las bandas de autodefensa ligadas al uribismo, determinando sus autores intelectuales y materiales. Se trata de una misión internacional complementaria de apoyo al grupo especial de la Fiscalía para establecer a los autores de asesinatos de excombatientes y para detener el surgimiento de grupos neo paramilitares en varias zonas del país.
Gran tarea para el nuevo Ministro del Interior, señor Juna Fernando Cristo, experto en las lides de la acción legislativa.