Se trata, por lo menos hasta ahora, de la posibilidad de un fraude electoral. El CNE no ha presentado todavía las pruebas legales para la proclamación de Maduro, por lo que la misma ha sido objetada o cuestionada por la mayoría de la oposición y no sólo por la Plataforma Unitaria Democrática; por el Centro Carter, por la misión de la ONU y por los gobiernos de varios países, entre ellos México, Colombia y Brasil, que no pueden ser acusados de ser contrarios al gobierno de Maduro ni de ser desestabilizadores de nadie. Con muy contadas excepciones, todos han solicitado la publicación de las actas y la entrega de toda la información electoral a los grupos participantes, tal y como reza la legislación vigente, y como el propio Presidente del CNE, prometió en su presentación del primer boletín electoral.
El gobierno aparece como decidido a mantenerse en el poder hasta 2031. Parecería dispuesto, por lo menos hasta ahora, a reprimir en lo interno, tanto con los cuerpos de seguridad del Estado, como con los grupos parapoliciales de que dispone, y a aislarse en lo externo, como lo demuestra la reciente expulsión del país de varias misiones diplomáticas. ¿Ha escogido acaso la vía nicaragüense de Daniel Ortega? ¿No le importa convertirse en una dictadura, con todo lo que eso significa económica y políticamente? Son preguntas legítimas de los venezolanos democráticos, que sólo podremos contestarnos con los acontecimientos futuros, con la respuesta gubernamental a las demandas legítimas de la gente y con su apego, en el enfrentamiento de la violencia delictiva políticamente organizada, al respeto de los DDHH y del debido proceso judicial.
Es claro que ha existido una protesta cívica, pacífica, de parte de los sectores vecinales populares del país, la cual no se puede atribuir a manejos insurreccionales de la oposición, ni puede ser descalificada con ese pueril argumento. Es así, independientemente de que existan grupos organizados violentos, al servicio de la política insurreccional de siempre, desplegando acciones vandálicas de saqueos, destrucción de bienes públicos y hostigamiento de cuarteles y centros policiales. No existen fuerzas internas suficientemente grandes y poderosas, para confrontar de esta forma decisiones gubernamentales alejadas de la legalidad y la democracia. Hay que insistir en hacer valer las leyes y la voluntad de los electores, pero se debe hacer inteligentemente y no con acciones similares a las fracasadas del pasado.
Lamentablemente, no hubo un acuerdo pre electoral, que le diera ciertas garantías a quienes gobiernan, para permitir su separación pacífica del poder sin el temor de ser sometidos luego a juicios y despojos y restringidos en su actividad política. Ésta ha debido ser una de las tareas más importantes de la oposición mayoritaria. Quedaría una sola opción para no seguir el camino del desconocimiento de la ley y de la voluntad popular: señalar la responsabilidad de Amoroso, como en efecto la tiene, en las acciones torpes cometidas al final del proceso de votaciones, luego de un día electoral de los más tranquilos y participativos de los últimos tiempos. Amoroso ha colocado al gobierno en entredicho ante la nación y la comunidad internacional. Hacerlo renunciar, eventualmente juzgarlo y dar la explicación correspondiente a la nación sería lo que correspondería.
Las elecciones, comprometidas totalmente, deberían repetirse, para lo cual habría suficiente tiempo. Fíjense que el Centro Carter dejó claro que no le era posible verificar la supuesta victoria de Nicolás Maduro, pero no dijo que había ganado Edmundo Gonzáles Urrutia, pues eso tampoco ha sido probado. Repetir las elecciones es lo que corresponde a la situación actual, lo que se debería hacer en mejores condiciones que las existentes en el reciente proceso. Cómo mínimo estamos hablando de un nuevo CNE de carácter paritario (2 miembros del gobierno, 2 de la oposición y 1 de común acuerdo), habilitación de por lo menos parte de los dirigentes políticos impedidos de participar inconstitucionalmente, de aquellos partidos claramente atropellados y con las garantías señaladas para quienes gobiernan. Para instrumentar esta salida tendría que lograrse un acuerdo con la oposición mayoritaria y con las llamadas fuerzas vivas del país.
Esta negociación nos permitiría salir de la crisis actual sin que se siga produciendo el muy lamentable saldo de pérdidas de vidas humanas y la prisión de jóvenes muy necesitados de los sectores populares. Hay que acabar con la idea de que la violencia opositora y la represión gubernamental nos traerán la paz y tranquilidad deseadas; no lo han hecho 25 años de esas trágicas prácticas, muy por el contrario, han llenado de dolor y han hecho miserable la vida de las familias venezolanas. ¡Ya basta!