El “partido de Lincoln”, como los republicanos gustan llamarse a sí mismos, parece decidido a socavar casi todo lo que defendió y por lo que murió Abraham Lincoln. Esto incluye las iniciativas republicanas para cambiar de manera drástica la forma en que se llevan a cabo las elecciones en Estados Unidos, imponiendo restricciones sobre quiénes pueden votar y alterando los procedimientos de votación, conteo y certificación de votos. El resultado de lo que se anticipa que será una reñida contienda presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris dependerá de los votos en un puñado de estados clave. Desde Georgia hasta Arizona, y desde Nevada hasta Michigan, los republicanos están desplegando un ataque sin cuartel contra el proceso electoral en Estados Unidos, una ofensiva que el periodista Ari Berman ha descrito como una “alarma de máximo nivel para la democracia”.
En conversación con Democracy Now!, Berman expresó: “Al parecer, en Georgia, los republicanos están sentando las bases para no certificar los resultados de las elecciones presidenciales si gana Kamala Harris. Están haciendo exactamente lo que Trump quería que hicieran en [las elecciones de] 2020. Trump convirtió a Georgia en el epicentro de sus esfuerzos para revocar la victoria de Biden en esas elecciones. [El expresidente] instó a la Junta Electoral de Georgia, a las juntas electorales municipales y a las autoridades electorales del estado a no certificar los resultados [en ese estado]. Estos acataron la ley y se negaron [a seguir esas órdenes]. [Pero] parece ser que, en 2024, los republicanos harán hasta lo imposible para intentar implementar las medidas que fracasaron en 2020, para tratar de manipular las elecciones a favor de Trump”.
Los republicanos de Georgia, que controlan el gobierno y la legislatura estatal, han modificado la forma en que los condados del estado cuentan y certifican los votos. El Partido Demócrata de Georgia, el Comité Nacional Demócrata y diez funcionarios electorales demócratas de diversos condados de Georgia han presentado una demanda con el propósito de revertir esos cambios. En la demanda se argumenta que “la Junta Electoral del Estado de Georgia ha aprobado una serie de normas de último momento que amenazan con sembrar el caos y obstaculizar el proceso de recuento de votos”.
Por su parte, Berman advierte al respecto: “Estas juntas electorales estatales y locales están controladas, en algunos casos, por personas que sostienen la teoría del fraude electoral [en las elecciones presidenciales de 2020], por partidarios extremistas del expresidente Trump. […] Cómo se gestionan los comicios es crucial, porque, aunque puedas emitir tu voto y asegurar que se cuente, nada de eso tiene verdadera importancia hasta que se certifiquen los resultados”.
En Texas, el Gobierno estatal, controlado por los republicanos, ha intentado durante años restringir la participación electoral en distritos donde los candidatos demócratas suelen obtener buenos resultados. En las elecciones de 2020, Donald Trump ganó por más de cinco puntos porcentuales en Texas, pero Biden se impuso en las ciudades texanas de Dallas, Fort Worth, Houston, Austin, El Paso, así como también en el área de Rio Grande Valley.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció esta semana que ha removido de los padrones electorales del estado a más de un millón de personas. Esta táctica, cada vez más habitual, acaba por eliminar inevitablemente a votantes legalmente inscritos y, con frecuencia, se aplica mediante filtros de detección de datos imprecisos orientados a eliminar a potenciales votantes demócratas.
Mientras tanto, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, que ha acordado realizar tareas comunitarias para eludir un juicio penal por fraude de valores y que superó un proceso de destitución relacionado con otros asuntos en el Senado estatal dominado por los republicanos, ha ordenado allanamientos en organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios a comunidades inmigrantes y latinas.
La semana pasada, bajo órdenes de Paxton, funcionarios judiciales de Texas, con el apoyo de equipos SWAT, llevaron a cabo allanamientos y registros en las viviendas de una docena de miembros de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés). La puerta de la casa de uno de los activistas fue derribada. La policía allanó también la vivienda de Cecilia Castellano, candidata a la Cámara de Representantes de Texas por un escaño vacante en representación de Uvalde, la ciudad que sufrió uno de los peores tiroteos escolares en la historia de Estados Unidos. Funcionarios del estado confiscaron el teléfono celular de Castellano y, semanas antes del día de las elecciones, han causado un gran desorden en el desarrollo de su campaña.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos declaró en un comunicado: “Las acciones del fiscal general Paxton claramente intentan limitar el derecho al voto de la comunidad latina mediante actos intimidatorios y otros métodos para inclinar el proceso electoral a favor de sus aliados políticos”. La organización ha pedido al Departamento de Justicia de Estados Unidos que investigue a Paxton por ordenar los allanamientos.
Juan Proaño, director ejecutivo de la organización, dijo a Democracy Now!: “El último censo de Estados Unidos reportó que hay 12,1 millones de personas latinas en el estado de Texas. Por primera vez, la comunidad latina supera en número a la población blanca de origen no latino del estado, que asciende a 12 millones. Si consideramos no solo la población latina de Texas, sino también la afroestadounidense y la de origen asiático, […] las comunidades minoritarias representan ahora más del 60% [de la población del estado]. Texas es y ha sido un estado en el que las minorías son mayoría. Por tanto, consideramos que estas tácticas son empleadas por los republicanos para seguir controlando el Gobierno estatal de Texas”.
Por si hicieran falta más pruebas de los intentos republicanos de socavar la voluntad de los votantes, el medio sin fines de lucro Pluribus News informó que Gobiernos estatales bajo control republicano están distorsionando el lenguaje de iniciativas electorales ciudadanas progresistas con el fin de confundir o engañar a la población. El estado de Arizona, por ejemplo, utilizó la expresión “ser humano por nacer”, en lugar de “feto” o “embrión”, en un folleto informativo sobre la iniciativa electoral que busca consagrar el derecho al aborto en la Constitución estatal. En los estados de Florida y Ohio, la población se verá también expuesta a un lenguaje confuso similar en las iniciativas ciudadanas que serán sometidas a votación popular en estas elecciones.
En su último discurso público, pronunciado tres días antes de su asesinato en abril de 1865, el presidente Abraham Lincoln abogó por que se concediera el derecho al voto a los hombres negros que habían sido esclavizados (hasta 1920, solo los hombres estaban legalmente habilitados para votar en Estados Unidos). El Partido Republicano de hoy, empeñado en restringir el derecho al voto de las personas de color, está a años luz del partido que lideró Lincoln.