Las juntas de acción comunal en Colombia conforman un poderoso movimiento social que asocia mas de 6 millones de personas en aproximadamente 70 mil de tales organizaciones que lidera la Confederación Comunal Nacional de Juntas.
En estricto sentido se trata de un Movimiento social con su propia identidad, su marco de análisis (en tanto es portador de creencias e ideologías que hacen parte de procesos de construcción de significado para los participantes y los adversarios); y con sus propios repertorios de lucha.
Las juntas comunales se formalizaron en Colombia desde el año 1958 con la Ley 19 y a lo largo de las ultimas 6 décadas han transitado por distintas fases en las condiciones que los diversos contextos sociopolíticos lo han definido. Guillermo Cardona, el actual presidente de la Confederación Comunal, y de un amplia trayectoria en el movimiento popular colombiano lo describe muy bien y en detalle en su texto "Historia de la Acción Comunal y perspectivas en el posconflicto" publicado por la Universidad Industrial de Santander en el año 2018 (Ver file:///C:/Users/hduque/Downloads/isurezpinzn,+Gestor_a+de+la+revista,+1-Guillermo-Cardona%20(2).pdf ), cuya lectura recomiendo.
A raíz de las grandes movilizaciones populares ocurridas en los años 2019, 2020 y 2021 (abril y mayo) cuando se registró la mayor explosión social en la historia de Colombia, las juntas comunales, sus asociaciones, federaciones y confederación nacional, alcanzaron un papel destacado en la rebelión generalizada contra el gobierno ultraderechista y neoliberal del señor Iván Duque.
Desde esa experiencia, el movimiento comunal fue un pilar definitivo de la campaña presidencial del senador Gustavo Petro y de su triunfo en las votaciones del 2022, como integrante del Pacto Histórico y de la plataforma política que desplazo del gobierno al bloque neoliberal del uribismo.
Así, los Comunales son parte de la coalición de gobierno que encabeza el presidente Petro y en esos términos intervienen en la gestión de la administración y del Estado a partir del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia, potencia mundial de la vida".
A lo largo de su trayectoria política Petro ha considerado al movimiento comunal parte sustantiva de su proyecto de cambio; ya como jefe del gobierno su determinación ha sido la de involucrar directamente a los comunales, en el marco de las Alianzas Publico populares, en la gestión del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en las comunidades energéticas, en la construcción de las vías terciarias, en tareas ambientales (reforestación) de la transición energética, en la veeduría comunitaria para combatir la corrupción en el Sistema de Regalías y en la instalación de internet de fibra óptica.
El propósito es hacer de las Juntas Comunales gestoras de importantes obras como parte del modelo de la Economía popular, alternativo a las Asociaciones Público-Privadas, promovidas por los gobiernos de la derecha desde hace 12 años para adjudicar obras a mega contratistas privados con prácticas oscuras e irregulares que han originado desastres como la caída del puente de Chirajara en la vía al Llano y de otros viaductos en sitios estratégicos de las redes de carreteras del país.
En ese sentido se ha previsto que durante el actual gobierno del Pacto Histórico se alcance una contratación con los comunales equivalente a los dos billones de pesos hasta el 2026.
Un sector clave de las alianzas del gobierno con los comunales es el de las vías terciarias donde las comunidades son muy eficientes en su construcción y mantenimiento.
En ese sentido el presidente, amparado en las facultades extraordinarias que le confirió el Plan Nacional de Desarrollo, expidió el decreto ley 1961 del 2023 que creo el Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), entidad que dejaba el camino libre para contratar la construcción y mejoramiento de vías terciarias con comunidades indígenas, campesinas, Juntas de Acción Comunal, y comunidades vulnerables del país.
Así, el Invias ha reportado que en el año 2023 fueron suscritos un total de 1.135 convenios, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, que contaron con una inversión de $283.000 millones, de los cuales 670 proyectos se encuentran finalizados con un avance ponderado del 76% y el resto en ejecución. Además, se esperaba intervenir al menos 1.585 kilómetros de vías veredales, con influencia en 521 municipios, distribuidos en 29 departamentos.
En el 2024 fueron asignados para el mejoramiento y mantenimiento de vías regionales recursos por un valor de $489.648 millones a ser ejecutados. A la fecha se han formalizado 1.339 convenios de los 1.400 programados.
En la línea de empoderar las juntas comunales, la presidencia publicó el decreto 0874 de 2024, el cual dio vía libre a las entidades estatales para contratar hasta por mínima cuantía con personas naturales y entidades sin ánimo de lucro, como las Juntas Comunales, que sean parte de la economía popular; en este decreto se reglamentan las Asociaciones Público-Populares (Appo), que buscan incluir a personas, familias, micronegocios o microempresas en proyectos públicos de bajo costo.
Sin embargo, hace pocos días saltó la liebre y en el marco del golpista bloqueo institucional y legal (lawfare) que adelantan las Cortes judiciales contra el gobierno nacional, declaró inexequibles las normas del Decreto 1961 de 2023 ya reseñado; así esa Corte reaccionaria tumbó la contratación directa para vías regionales con las Juntas de Acción Comunal. Por mayoría, declaró inexequibles las normas del decreto del presidente Petro para crear el Instituto Nacional de Vías Regionales. Según la Corte, Petro se extralimitó en sus competencias que dicta el artículo 368 del Plan Nacional de Desarrollo.
Así, la Contratación directa que venía realizando el Gobierno con las Juntas de Acción Comunal (JAC) y otras comunidades para la construcción o mantenimiento de vías rurales quedó sin efecto, después de que la Corte Constitucional determinara que el presidente Petro no está facultado para establecer un régimen especial en esta materia.
Una de las disposiciones que la Corte declaró inexequible es el parágrafo primero del artículo 35, el cual indica que "para la contratación con comunidades rurales, cabildos, organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y/o comunidades étnicas, comunidades en todas sus diversidades, mujeres y víctimas, para el desarrollo de proyectos, e infraestructura vial, las cuales se someterán a la contratación directa, sin importar su cuantía".
Con anterioridad otro ente judicial como el Consejo de Estado (Sala civil), involucrado en la cadena golpista del Consejo Electoral, suspendió un artículo de otro decreto que dice que solo podrán celebrar de manera directa convenios solidarios para la ejecución de obras los entes territoriales del orden nacional, departamental, distrital y municipal con los organismos de acción comunal; lo que también significó un golpe a las políticas del gobierno por descentralizar la contratación y dejarla en manos de lo que denomina la "economía popular"; que va desde contratar la construcción de carreteras rurales hasta servicios de conectividad.
No obstante esta feroz guerra jurídica, el gobierno (Colombia compra eficiente y el DNP) y los comunales defienden la legalidad y legitimidad de las Alianzas Publico populares y de los correspondientes convenios para ejecutar obras y proyectos de especial interés para el bienestar de las comunidades.
Además de toda esta oposición judicial dicha estrategia también encuentra obstáculos muy fuertes en las burocracias publicas enraizadas que sabotean la democracia participativa e ignoran la visión ampliada del Estado implicada en las Alianzas público-populares que lidera el presidente Petro. Toca vencer el muro burocrático y la maraña de la corrupción que anida en los establecimientos públicos secuestrados por las mafias de la contratación y la politiquería.