El gobierno ultraderechista argentino anunció la privatización de la salud y del sistema universitario para los extranjeros, una medida enmarcada en su «batalla cultural». Los cambios en el régimen migratorio implican el cobro de aranceles a extranjeros para el acceso a universidades nacionales y a los hospitales públicos, además del endurecimiento de las condiciones para ingreso y expulsión de los inmigrantes.
El gobierno eligió una nueva minoría como blanco y objeto de estigmatización: los extranjeros, ya que anunció que también «se van a endurecer» las causales de rechazo para el ingreso al país de los extranjeros». Muchas de estas cuestiones ya están contempladas en la legislación vigente. El anuncio parece una forma de buscar la estigmatización de los migrantes.
La visión xenófoba y discriminadora queda clara cuando el vocero asegura que «el presidente quiere que los delincuentes no entren al país, que los que estén acá se vayan, y queremos cumplir un viejo anhelo que tenemos muchos: que el residente argentino esté por encima del no residente en lo académico, en lo universitario y que tengan mejores condiciones y gratuidad aquellos que son argentinos. Lo mismo en los hospitales».
Sobre seguridad, agregaron que «en esta reforma vamos a incorporar más delitos como causas para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante en el país si se lo encuentra cometiendo un delito en flagrancia o por violentar el sistema democrático atacando las instituciones».
El vocero presidencial Manuel Adorni puntualizó que esas personas serán expulsadas «y se les prohibirá el ingreso al país». También que se van a quedar «del otro lado» los que intenten ingresar con documentación apócrifa o que «se sospeche que el motivo del ingreso es diferente al que manifiestan cuando pasan por migraciones». También agregarán una pena de prisión en caso de que «el extranjero viole la prohibición de ingreso».
Según cifras oficiales, menos de un millón de personas pertenece al universo que podría sufrir la discriminación en el segmento sanitario y existen dudas acerca del alcance en el aparato de la educación superior, ya que las leyes vigentes van a contramano de la medida oficializada este martes.
En conferencia de prensa, Adorni atacó a los inmigrantes, y defendió las medidas para «avanzar hacia un país ordenado que cuide sus fronteras y proteja a los argentinos». Pero aunque por ley o decreto el gobierno intente avanzar en este sentido, se encuentra con el límite de que las universidades son autónomas y gran parte de los hospitales responden a las provincias o municipios.
El detalle es que, tanto para su aplicación en el ámbito de la salud como de la educación, el gobierno se encuentra con límites concretos. Aplicar o no un arancel a los extranjeros es algo que depende de las propias instituciones educativas, considerando la autonomía universitaria. En el caso de la salud, excepto por los hospitales nacionales, el gobierno también se ve limitado, considerando que son las autoridades provinciales y municipales quienes deben decidir en cada uno de estos casos.
Atrás de las medidas hay un intento del gobierno de cargar las tintas contra los extranjeros en momentos de aguda crisis social, intentando confundir y llevar agua para el molino de la xenofobia, en momentos en que la pobreza supera el 53% y donde los sectores inmigrantes suelen encontrarse entre los más golpeados, con los trabajos más pesados y peor pagados.
Para que estas medidas se concreten, el Ejecutivo deberá enviar el proyecto anunciado por Adorni al Congreso.
Repercusión
«Las ‘medidas’ que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento», dijo el ministro de salud bonaerense Nicolás Kreplak.
«Este es un debate de quienes pueden o no acceder a la atención sanitaria. Hay que defenderlo como derecho universal. Necesitamos más soluciones reales, no medidas que estigmaticen y excluyan», afirmó.
«Clásica medida populista xenófoba: inconstitucional, discriminatoria, ignorante de la realidad, estrategia para desviar la atención», evaluó Pablo Ceriani Cernadas, integrante del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes.
Según el gobierno, en la actualidad existen cuatro tipo de residencias para un extranjero: la Precaria, que es por 90 días; la Transitoria, que es por un año; la Temporaria, que es por tres años y la Permanente, que no tiene vencimiento. Lo que están buscando desde La Casa Rosada es que las universidades puedan comenzar a cobrar a los estudiantes que tengan cualquier residencia que no sea la permanente.
Adorni señaló que «En primer lugar se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio. Hoy uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero», dijo Adorni sin sonrojarse siquiera y agregó que, «vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros tal como la conocemos hasta ahora».
El vocero oficial trató de restarle dramatismo al anuncio, que implicará –en caso de que se apruebe la ley– que miles de personas que viven en Argentina, trabajan y pagan impuestos, pero aún no tienen la residencia permanente van a dejar de tener acceso a la salud y a la educación pública.
Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires aseguró que actualmente «no hay alumnos en condición de no residentes. Cualquier estudiante que venga tiene que sacar su residencia". De hecho, los estudiantes extranjeros representan solo el 4,1 por ciento de todos los estudiantes universitarios del país. Además, el monto que podría aportar el cobro de estos aranceles es mínimo y no afectaría significativamente el presupuesto universitario.
En tanto, en Córdoba, el ministro de Salud provincial, Ricardo Pieckenstainer, aseguró que «menos del 1,2% de pacientes extranjeros. La mayoría vienen de Paraguay o Bolivia para una atención específica, por un problema de salud grave o una intervención quirúrgica", precisó.
* Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE,
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