En los últimos siete días la imagen cotidiana han sido las marchas y concentraciones en esta capital y en otras ciudades y la represión de las fuerzas policiales apelando a los carros lanza agua, las bombas lacrimógenas y el uso de 'armas disuasivas' como escopetas de perdigones y balines de goma.
Las protestas obedecen al llamado de la Mesa de Unidad Social, que agrupa a casi 200 organizaciones, para mantener la movilización en rechazo al denominado Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, firmado la semana anterior por los partidos de derecha y algunos de la oposición.
El entendimiento es rechazado por amplios sectores porque según han espuesto numerosos políticos y representantes de las organizaciones sociales fue hecho entre cuatro paredes, sin consultar a los movimientos populares y sin incluir a la ciudadanía que se sigue movilizando en todo el país.
Igualmente consideran que no ofrece garantías para la creación de una asamblea constituyente, integrada solo por la ciudadanía y sin la participación de ningún político, que es el modelo que el 64 por ciento de los chilenos respalda, según una encuesta publicada el lunes.
El sondeo reveló además que el 81 por ciento votará por una nueva constitución en el plebiscito anunciado para abril de 2020.
Pero también reclaman respuestas efectivas del gobierno al pliego de demandas que permitan mitigar las extremas desigualdades imperantes mientras que desde La Moneda, la agenda social anunciada por el gobierno no ha pasado de anuncios o medidas insuficientes.
Otro hecho importante en la semana fue la presentación el martes de una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, que de triunfar podría terminar con su mandato e inhabilitarlo por cinco años.
El texto de la acusación fue presentado en la Cámara de diputados con las firmas de 11 parlamentarios de los partidos Comunista, Socialista, Revolución Democrática, Comunes, Humanista, Convergencia Social, por la Democracia y Liberal.
Una de las firmantes de la acusación, la diputada comunista Carmen Hertz , señaló que este paso obedece a las graves, reiteradas, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales de las personas perpetradas por agentes del Estado desde que comenzó la revuelta popular, que son responsabilidad del mandatario.
En tanto, ante la reiteración de las denuncias por la represión desmedida de las fuerzas policiales, el jefe del cuerpo de Carabineros, general Mario Rozas, no tuvo otra opción que suspender temporalmente del uso de escopetas antidisturbios durante las manifestaciones populares que se mantienen a todo lo largo del país.
El alto oficial admitió que se dispuso esa medida producto de los cuestionamientos por el material que componen los balines que emplean esas escopetas.
Un estudio realizado por un laboratorio de la Universidad de Chile a balines extraídos a personas heridas en las manifestaciones reveló que solo contienen 20 por ciento de goma y el resto corresponde a plomo y otros minerales.
En tanto, ya se vislumbra una semana más de protestas, pues la Mesa de Unidad Social convocó a un nuevo paro nacional para el lunes y el martes.