Bukele y su partido logró el 28 de febrero una mayoría calificada en las elecciones de la Asamblea Legislativa y en su primera sesión del 1 de mayo, la bancada de su partido destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y los sustituyó por funcionarios afines.
Además, votaron por destituir al fiscal general de la República, mientras apostaban policías en las afueras de la Sala Constitucional.
Al menos 64 parlamentarios votaron para remover a los magistrados propietarios y suplentes. Luego se sometió a votación para nombrar a los nuevos funcionarios judiciales.
Los magistrados por su parte declararon inconstitucional su destitución en una sentencia divulgada pocas horas después de la decisión legislativa, pero Bukele la desconoció a través de su cuenta en Twitter.
La Asamblea siguió con la elección de los nuevos magistrados y fuerzas policiales rodearon el vecino edificio de la Corte Suprema de Justicia, donde poco después los recién electos tomaban posesión bajo resguardo militar.
“La falta de beneplácito del Órgano Ejecutivo no es razón para destituir a jueces constitucionales, a la vez que constituye un factor disuasorio futuro para cualquier otra conformación de esta sala, es decir, una coacción”, señalaba la sentencia de los magistrados destituidos.
Tras la destitución de Melara, el diputado de Nuevas Ideas, Christian Guevara, propuso nombrar como nuevo fiscal general a Rodolfo Delgado, un asesor legal de la Casa Presidencial salvadoreña.
En el país, en las redes sociales y centros de pensamientos se ha volcado contra la decisión. Mayoritariamente la han catalogado como “un golpe de Estado”.
Para la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), el tanque de pensamiento más grande del país, la destitución de los magistrados y el fiscal constituye “un grave atentado contra el sistema democrático y una ruptura del orden constitucional, concretado en una acción propia del autoritarismo, al fraguarse un golpe de Estado por parte del órgano legislativo que busca suprimir el sistema de frenos y contrapesos”.
La oposición, bastante disminuida en la Asamblea después de las últimas elecciones, también criticó las decisiones, pero su nivel de influencia a la hora de votar es casi irrelevante.
Estados Unidos, el mayor socio comercial de El Salvador, es el país que más contundente ha reaccionado a las destituciones.
“Vemos con preocupación la propuesta de algunos miembros de la Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Un órgano judicial independiente es el cimiento de toda democracia; ninguna democracia puede sobrevivir sin eso”, advirtió Julie Chung, la subsecretaria interina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
Chung sostuvo que “la existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas”.
Bukele reaccionó con dureza. Con un mensaje en Twitter, el mandatario le dijo a la comunidad internacional que lo sucedido no era de su incumbencia.
“A nuestros amigos de la Comunidad Internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”, escribió Bukele.
Por su parte, José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, una de la voces críticas y observador permanente de las violaciones a los derechos humanos en América Latina afirmó que fue un “golpe al Estado de derecho es total”,
“Quiero que a Bukele le quede claro: Haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de EE.UU, el Banco Mundial, el FMI y el BID. Hoy en Washington el Estado de derecho es una condición necesaria”, dijo Vivanco en su cuenta de Twitter.