Gobierno de Brasil combate la minería ilegal en defensa del pueblo indígena Yanomami

Un helicóptero, un avión, una excavadora y estructuras de apoyo logístico para la minería ilegal fueron destruidos en una operación contra la actividad ilícita por agentes ambientales del Gobierno de Brasil.

El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables —Ibama, por sus siglas en portugués— coordinó una acción con la Fuerza Nacional de Seguridad Pública y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas para detener actividades de minería ilegal operadas en territorio de la comunidad indígena Yanomami, en el estado de Roraima, ubicado en el norte del país y en frontera con Venezuela.

El operativo también permitió el aseguramiento de dos armas y tres embarcaciones con cerca de 5.000 litros de combustible, informó la dependencia ambiental en un comunicado.

Además, se instaló una base de control en el río Uraricoera para interrumpir el flujo de suministros para las actividades extractivistas, pues con lanchas de motor los responsables acarreaban toneladas de alimentos, generadores y antenas de internet, así como refrigeradores.

"Todos los suministros fueron retenidos y serán utilizados para abastecer la base de control. Ninguna embarcación con carga de combustible y equipos tendrá permitido continuar desde el punto de bloqueo en dirección a las minas", señaló el Ibama.

Además, las autoridades brasileñas especificaron que se instalarán otros puntos de control en el territorio indígena.

El operativo también contempla la identificación de pistas de aterrizaje clandestino en la región, así como sobrevuelos para localizar las herramientas de estas actividades de minería ilegal, como vehículos, helicópteros y aviones.

En su comunicado, la dependencia ambiental acusó al Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro de estimular la minería ilegal, lo que derivó en una crisis humanitaria en la zona indígena.

"La Policía Federal investiga el crimen de genocidio contra los yanomamis. El Ibama también fiscaliza a las distribuidoras y revendedores responsables del comercio irregular de combustible de aviación que abastece a las mineras", apuntó la dependencia ambiental.