El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), de Guatemala, protagoniza durante este miércoles con la exigencia fundamental de la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, según los anuncios hechos en la previa.
Asimismo, exigen la renuncia del juez Fredy Orellana y rechazan «desalojos en comunidades donde se ha hecho uso de la fuerza pública”.
En otro orden de demandas, señalan “altos costos de la canasta básica que incrementan el empobrecimiento de los pueblos”.
De acuerdo con la convocatoria, la reducción en los costos de la canasta básica, que está afectando a millones de familias guatemaltecas, y la nacionalización de la energía eléctrica son otras de sus demandas.
Explican, en ese sentido, que “no estamos en contra del gobierno actual, sino contra la precariedad que enfrenta el país, pero queremos saber si el presidente Bernardo Arévalo está a favor del pueblo o con el Pacto de Corruptos”.
Por otra parte, exigen al gobierno la creación de un Estado Plurinacional, que reconozca a los pueblos originarios y el buen vivir en los territorios.
A partir de los acontecimientos de las últimas semanas, demandan el cese inmediato de los desalojos de comunidades ancestrales, un problema agrario que ha generado tensiones y conflictos en varias regiones de Guatemala, principalmente en Alta Verapaz e Izabal donde habita la población maya Q’eqchi’.
“Hacemos un llamado a la población guatemalteca para que se una en esta lucha por un futuro más justo y equitativo”, dijo la referente de la organización, Bety Florian.
“La movilización de Codeca representa una voz poderosa en el panorama político de Guatemala, subrayando la necesidad urgente de abordar las desigualdades y los problemas estructurales que aquejan al país”, concluyó.