El gobierno argentino encabezado por Javier Milei decretó un aumento del salario mínimo del 9,3%, una cifra considerablemente menor a la inflación. La cifra no alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria que necesita una familia para no pasar hambre.
El gobierno de Argentina publicó el 26 de diciembre un decreto que fija el salario mínimo vital y móvil (SMVM) en $296.832 para marzo de 2025, con un incremento del 9,3% escalonado en cuatro cuotas entre diciembre y marzo.
Sin un acuerdo tripartito, el gobierno tomó de manera inconsulta la resolución de fijar un aumento que representa el nivel más bajo en dos décadas.
Deterioro del poder adquisitivo
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reflejan que el salario mínimo ha perdido el 58% de su poder adquisitivo desde 2017.
Luis Campos, investigador de la CTA, destacó en su análisis que esta situación no solo afecta a los trabajadores que perciben el salario mínimo, sino que también debilita el piso salarial de todo el mercado laboral. «Destruir el SMVM implica quitarles el piso a los trabajadores de menores ingresos», señaló en sus redes sociales.
1. El Gobierno Nacional actualizó unilateralmente el SMVM. A partir de marzo de 2025 queda en $ 296.832. En términos reales es el valor más bajo de las últimas dos décadas. Cayó un 17,8% contra diciembre de 2023 y un 39% contra fines de 2019 pic.twitter.com/xxMzUp4Geo
— Luis Campos (@luiscampos76) December 26, 2024
Críticas de sindicatos y postura oficial
La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA emitieron comunicados condenando la medida. Para la CGT, el gobierno ha mostrado «una falta de respeto institucional» al evitar consensos en el Consejo del Salario y favorecer los intereses empresariales.
Actualmente, Argentina enfrenta un complejo panorama económico y social marcado por una inflación anual superior al 140%, el incremento de la pobreza y una pérdida generalizada del poder adquisitivo de los trabajadores. Estas tensiones se agravan por las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno, que incluyen recortes en programas sociales y medidas que generan incertidumbre en sectores vulnerables, como los jubilados y trabajadores informales.