El Libertador Simón Bolívar, nos recuerda: “La imprenta es tan útil como los pertrechos en la guerra y ella es la artillería del pensamiento”. También escribió: “El derecho de expresar sus pensamientos, y opiniones de palabra, por escrito, o de cualquier otro modo, es el primero y más estimable bien del hombre en sociedad. La misma Ley jamás podrá prohibirlo, pero tendrá poder de señalar justos límites, haciendo responsables de sus impresos, palabras y escritos, a personas que abusaren de esta libertad, y dictando contra este abuso penas proporcionales”.
Sin embargo, en nuestros días observamos todo lo contrario sobre lo que dijo el Padre de la Patria acerca de la libertad de expresión e información.
En efecto, las campañas violentas de los medios de comunicación social privados se han intensificado tanto que han alcanzado límites desproporcionados y azarosos para la propia existencia de los pueblos.
El sindicato de los dueños de estos medios aglutinados en la Sociedad Interamericana de Prensa y el Bloque de Prensa Venezolano, son los “fieles” guardianes de la libertad de información. La cual tiene su historial milenario donde se hizo visible el “periodista” para perpetuar reyes, tronos, imperios, al margen de los intereses más sagrados de los pueblos.
Sucede que los medios de comunicación social se han convertido en un poder político colosal, potencialmente es el más importante de todos, como si fuera Dios mismo quien habla. Lo que no se transmite por el poder mediatico no existe.
El “poder salvaje” de los medios amenazan la estabilidad, por lo que no pueden actuar impune e indiscriminadamente. Allí está la prensa amarillista haciendo de las suyas con sus aberraciones y atentando contra la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, contingencia que aún no ha sido atendida como lo aclara la Ley que protege a los niños de la Patria. Los ejércitos de mercenarios de la desinformación para editar la realidad a favor de los intereses imperiales están enquistado en al capitalismo salvaje que determina la pauta.
Los derechos constitucionales sobre la libre expresión del pensamiento y a la información, están consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolívariana de Venezuela. En estas normas se consagran a la luz de su contenido:
1° El derecho a la libre expresión de pensamiento;
2° El derecho a comunicar o a informar;
3° El derecho de difusión sin que pueda establecerse censura previa, quien asuma este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado;
4° El derecho a recibir información oportuna, veraz e imparcial;
5° El derecho a réplica y a rectificación frente a informaciones inexactas o agraviantes;
6° Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información para su desarrollo integral.
Las enunciadas normas se complementan los artículos 13 y 14 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales tienen rango constitucional conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Carta Fundamental Bolivariana y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La información es un derivado de la libertad de expresión, pero por su especificidad y autonomía, la trató aparte el Constituyente patrio, sobre todo al tomar en cuenta la existencia de los medios de comunicación, ya que en la información se comunica y, de no ser así, prácticamente no existiría.
Vale subrayar que las informaciones noticiosas deben estar contextualizadas y no al libre alboreó sin ton ni son, justamente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al respeto precisó:
"Un abuso de los medios, que contraría la libertad de información, emitir conceptos negativos o críticos sobre ideas, pensamientos, juicios, sentencias, etc., sin señalar en qué consiste lo criticado, impidiéndose a las personas que tienen el derecho a informarse, enterarse de qué es lo deleznable. De igual entidad abusiva es acuñar frases con lugares comunes, tales como que una actitud es funesta, una idea un exabrupto o una locura, sin exponer cuál es la actitud o la idea criticada, o aislando de un contexto un sector y comentarlo, sin tomar en cuenta el todo donde se insertó lo resaltado, lo que cambia el sentido de lo aislado".
Del mismo modo, señaló la Sala: "Hay falta de veracidad, cuando no se corresponde los hechos y circunstancias difundidas, con los elementos esenciales de la realidad".
Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósitos de la actuación de los medios de comunicación, se encargo de destacar:
"Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medio, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas".
Hay que recordar que Venezuela es un Estado de derecho y justicia social en el que predomina el imperio de la Ley, en suma no es un Estado fuera del marco constitucional y de las leyes de la República, incluyendo las normas allende de la nación en materia de los derechos fundamentales.
La protección que brinda el Estado contra los perjuicios al honor y a la reputación de las personas, así como la malicia informativa derivados del ejercicio de la libertad de información, se concretiza en la responsabilidad ulterior y están sujetas a las normativas venezolanas y a las disposiciones internacionales sobre los derechos humanos.