La libertad de expresión es el gran argumento de Elon Musk, el milmillonario empresario de las altas tecnologías y otros sectores, al sublevarse contra las normas de la justicia brasileña, que terminó por suspender las operaciones de su plataforma digital X en Brasil el 30 de agosto.
Esa confrontación destaca dos contradicciones. Se trata de un personaje de los más ricos del mundo, que se juntó a la extrema derecha internacional que amenaza destruir la democracia y por ende las libertades, incluso la de expresión.
Además Musk es dueño de empresas que emplean las tecnologías más avanzadas, como Tesla de vehículos eléctricos, Space X de viajes espaciales y Starlink de comunicación por satélites, y que ha puesto al servicio de ideas y políticas retrógradas, que niegan los avances civilizacionales en temas ambientales, de género, étnicos y científicos en general.
Musk se negó a sacar de la red X, como rebautizó a Twitter, perfiles que difundían mentiras y discursos de odio, especialmente contra el Supremo Tribunal Federal (STF), y despidió todo el equipo de X sin dejar un representante legal en el país, violando una exigencia para empresas extranjeras o transnacionales.
Además de exigir que todas las cerca de 20 000 operadoras de internet bloqueasen el acceso a la X, el juez del STF Alexandre de Moraes prohibió el uso de la aplicación VPN, que permite el acceso omitiendo el local de donde se lo hace, imponiendo una multa de 50 000 reales (9000 dólares) a quien viole la medida.
Luego volvió atrás en la prohibición, pero mantuvo la multa, considerada una exageración por los especialistas en comunicación, incluso juristas. La medida más cuestionada fue la de exigir Starlink, otra empresa de Musk, el pago de las multas impuestas a X, que sumaban 18,3 millones de reales (3,3 millones de dólares).
Starlink ofrece conexión satelital a internet en todo el mundo y en Brasil posee 224 000 usuarios, entre ellos el Ejército y la Marina brasileños, principalmente en áreas de difícil acceso, como la Amazonia.
La empresa empezó por negarse a cumplir las órdenes judiciales, pero luego aceptó suspender el acceso a X, mientras recurre al mismo STF sobre el pago de las multas, ya que X y Starlink son empresas independientes y de distintos propósitos, aunque el propietario sea el mismo.
Batalla política
"La cuestión es más política que jurídica", según Flavia Lefevre, abogada especializada en derecho de la comunicación y consejera del no gubernamental Instituto Nupef (Núcleo de Investigación, Estudios y Formación), que promueve el uso seguro de las tecnologías de información y comunicación especialmente entre organizaciones sociales y comunitarias.
"Jurídicamente se puede cuestionar las medidas contra Starlink, pero no la suspensión de la X que violó la Constitución nacional, el Código de Defensa del Consumidor, la ley General de Protección de Datos y el Marco Civil de internet", argumentó a IPS, por teléfono desde São Paulo.
La gota de agua que rebasó el vaso para la suspensión total de la plataforma X en Brasil, hasta que cumpla las normas legales del país, fue la negativa de nombrar un representante, como forma de eludir cualquier responsabilidad, en lo que se calificó como un reto a la soberanía nacional.
Además Musk juega políticamente, apoya al republicano Donald Trump en Estados Unidos en las elecciones de noviembre, al presidente argentino Javier Milei y al exgobernante brasileño Jair Bolsonaro, todos de extrema derecha.
Es tan rico que no le importa perder los usuarios brasileños de X, estimados en más de 20 millones, tampoco la pérdida del valor de su empresa ante los conflictos que genera por razones políticas.
En Brasil ataca personalmente a Moraes, que concentra en sus manos los procesos judiciales que más amenazan a Bolsonaro y sus activistas, como el del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 y el de la difusión de falsedades informativas y discursos de odio.
Musk insultó incluso al presidente Luiz Inácio Lula da Silva al llamarlo "perrito de Moraes", recordó Lefevre.
El blanco es un juez polémico
El juez se convirtió en el blanco principal de la extrema derecha también por adoptar muchas medidas criticadas incluso por juristas, por tratarse de decisiones individuales, cuando seria mejor un juicio colectivo de los 11 miembros del STF, y por ignorar la neutralidad judicial o exagerar sus sentencias, como penalizar a Starlink por delitos de X.
Moraes nunca fue juez de instancias inferiores, su carrera se hizo en la fiscalía, la docencia universitaria y en la seguridad pública, que probablemente conforman su estilo de acción.
La extrema derecha brasileña busca inhabilitar a Moraes como juez del STF, acción que depende del Senado y de una mayoría difícil de alcanzar, de dos tercios de los senadores presentes.
Musk responde también a procesos en Europa por violar la Ley de los Servicios Digitales de la Unión Europea y la legislación alemana.
"Supongo que un fallo del STF generará un precedente importante para otros países" en sus batallas contra los abusos del poder de las plataformas digitales, dijo Lefevre.
La internet, cuyos activistas lograron mantener abierta, inclusiva y democrática en sus tres o cuatro primeras décadas, se convirtió en un campo de los monopolios, de las empresas más poderosas y ricas del mundo, que favorecieron la articulación y la ascensión de la extrema derecha en el mundo, con difusión de mentiras y odio.
Democracia o monopolios en la red
"La internet es democratizadora, el problema no es ella, sino el sistema de algoritmos de las plataformas, que son brazos del neoliberalismo y responden a los intereses de los Estados Unidos", sostuvo Lefevre.
Resaltó que "no se debe confundir la internet con empresas que dominan las redes sociales y los servicios de búsquedas, como Meta (un conglomerado estadounidense de empresas que incluye a Facebook, Whatsapp o Telegram) que tiene 3000 millones de usuarios o Google, que tienen un poder absurdo, incluso electoral, al identificar nichos de electores", para dirigirles mensajes específicos.
Un ejemplo de ese poder de las plataformas ocurrió con la aprobación del brexit (salida de la Unión Europea) en el Reino Unido, que se usaron dados personales de forma ilegal para captar votos a favor de esa medida, que triunfó en el referendo de junio de 2016.
La batalla actual entre Musk y la justicia brasileña es por la regulación de esas empresas y sus plataformas digitales, apuntó la abogada y activista de una internet democrática. Una propuesta con ese propósito está paralizada en el legislativo Congreso Nacional, incluso por presión de las redes sociales, además de los legisladores bolsonaristas.
"Es grave que esas empresas sigan sin reglas, pero es también necesaria una reacción política, para superar la dependencia absurda del país en relación a esas empresas. Servicios públicos informatizados dependen de las nubes de Microsoft, de la Amazon, es peligroso", ejemplificó Lefevre.
Starlink es un caso de riesgo, al generar dependencia de servicios públicos, de la agricultura de exportación e incluso de los militares en relación a los satélites en órbitas bajas, cuya vida útil es de solo cinco años.
Musk y su plataforma X son la negación de la libertad de expresión de una internet democrática, al promover la concentración de los medias sociales y su infraestructura, además de concentrar el poder de X en sus manos, según Ronaldo Lemos, científico jefe del Instituto de Tecnología y Sociedad, con sede en Río de Janeiro.
Ejemplos opuestos y alternativa saludable son redes como Blue Sky y Mastodon, con infraestructura distribuida y federación de servidores, de manera que evita el control de sus plataformas por personas o por el Estado, escribió en un artículo publicado por el diario Folha de São Paulo el 1 de septiembre.
A Blue Sky están migrando muchos de los usuarios de la X ahora bloqueada en Brasil.
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