Para el momento en que escribo estas líneas, culmina el mes de febrero de 2021 y nos aproximamos al primer año de la cuarentena social, voluntaria y colectiva en Venezuela, cuando comenzamos a afrontar la contingencia producto de la pandemia global producto de la Covid 19.
Muchas serían las cosas que señalar a lo largo de esa coyuntura y probablemente lo haga en el marco de la conmemoración de la misma. No lo duden ni por un instante.
Pero, quiero referirme brevemente a una situación que sin duda colocó a la extrema derecha venezolana, a como se diría coloquialmente en mi país, a resollar por la herida.
El informe preliminar de la Relatora Especial de Naciones Unidas para la evaluación negativa del impacto de las medidas coercitivas unilaterales para el disfrute de Derechos Humanos en Venezuela, realizado por la doctora Alena Douhan, visibilizó una situación denunciada por los más diversos activistas de Derechos Humanos que nos encontramos en el país y algunos a nivel internacional: la difícil situación que afrontamos en Venezuela producto de que las mal llamadas sanciones, están ocasionando para agravar el drama social que actualmente vivimos en Venezuela.
Este informe, que algunos actores políticos y supuestos defensores de Derechos Humanos catalogan de “parcializado” no es para nada complaciente de la gestión de Nicolás Maduro. De hecho, en uno de sus párrafos critica al gobierno por el impulso de la denominada “Ley Antibloqueo”, por las capacidades discrecionales que se le otorgaría al Estado venezolano para contrataciones con ciertas y determinadas empresas, lo que podría fomentar la opacidad de datos. También se señala en el referido informe sobre ciertos obstáculos que colocaría el estado para la labor de las diferentes Ong dedicadas a la lucha por los Derechos Humanos en Venezuela.
Es decir, más que un informe parcializado, es un informe totalmente objetivo sobre la situación real que vive la República Bolivariana de Venezuela en el año 2021.
Pues bien, cabe destacar el despecho de activistas como William Dávila y Feliciano Reina, quienes solicitan la venida al país de las relatorías de la ONU de sobre la cuestión de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; el ingreso de la Relatoría sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión; de la Relatoría especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias; la Relatoría sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica y del Grupo de Trabajo sobre las detenciones arbitrarias.
El motivo de esta solicitud de estos actores es la de buscan continuar apuntalando la tesis de supuestas violaciones de Derechos Humanos en Venezuela en temas como la implementación de la tortura como política de Estado, censura a medios, implementación de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias y la persecución criminalización a la disidencia política al actual Presidente de la República, enmarcados dentro de la estrategia de estrechamiento del cerco diplomático, político, económico, comercial y financiero que logre un cambio de gobierno y una transición política en el país.
Indudablemente que la relatoría de Douhan es una de las cuarenta y cuatro relatorías con las que cuenta el sistema de Naciones Unidas para el monitoreo de la situación de Derechos Humanos en el mundo, pero no es menos cierto también que la venida al país de dichas relatorías depende de la autorización del presidente Nicolás Maduro como presidente legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
También cabe destacar que nuestro canciller Jorge Arreaza firmó con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet un convenio de asistencia técnica para la presentación de informes en materia de Derechos Humanos el 20 de septiembre de 2019, el cual fue ratificado por nuestro gobierno el año pasado.
Asimismo, ha habido más de 71 presencias en Venezuela de personas integrantes de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, más la presencia de la propia Bachelet en el país.
Y por si fuera poco, luego de la presentación del informe preliminar de Douhan, la propia Michelle Bachelet indicó recientemente, que ha habido una “leve mejoría en el tratamiento de los presos políticos en Venezuela”.
Si bien el pronunciamiento de Bachelet fue tímido y que en Venezuela no hay presos políticos, hay políticos presos debido a su participación en planes conspirativos contra el Estado-Nación que es otra cosa, es un gesto importante que algunos personeros del sistema de Naciones Unidas reconozcan lo que realmente está ocurriendo en nuestro país.
Y simplemente lo que queda para algunos activistas políticos que pretenden manejar de manera politiquera este tema de los Derechos Humanos, simplemente les queda dar “patadas de ahogados” como diríamos coloquialmente en esta patria, cuna de los libertadores de América.
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!