El diario estadounidense The Washington Post, en una investigación , nombra a dos empresarios radicados en Miami y designados por Guaidó, que estarían involucrados en una supuesta trama de corrupción, cuya suma alcanzaría los 40.000 millones de dólares.
Los implicados serían Fernando Blasi y Javier Troconis, cuyo título dado por Guaidó es de "comisionado presidencial para la Gestión y la Recuperación de los Activos en Estados Unidos".
Fueron los empresarios Jorge Reyes y Pedro Antar quienes informaron al medio de estos actos en el entorno del político opositor, entre los que se incluyen acciones en empresas, automóviles de lujo, casas y deudas no cobradas, ligadas a la compañía petrolera estatal de Venezuela.
El fondo de la investigación del Post
En 2019, y según reveló Reyes al Post, él y Antar recibieron una lista que la calificó para sí como de "demandas impactantes", entre las que se encontraba un pago por adelantado de 750.000 dólares a una compañía de Florida que, según los registros estatales, es copropiedad de Magin Blasi, hermano del funcionario de la embajada venezolana controlada por Guaidó en Washington.
Esa empresa se convertiría en socio, compartiendo una comisión del 18% que los hombres habían negociado con los funcionarios de Guaidó, de acuerdo con el informe. La revelación del Postcuenta con más de 20 entrevistas y análisis de documentos, que incorporan lo que serían posibles contratos, numerosos acuerdos que involucran a Troconis, y pagos de grandes e inusuales sumas de dinero.
El Post afirma que los dos funcionarios del entorno de Guaidó con quienes Reyes y Antar discutieron el acuerdo de Miami, Troconis y Blasi, han negado haber actuado de manera ilegal.
Las denuncias de Reyes y Antar fueron conocidas por primera vez por el sitio web Factores de Poder con sede en Miami, por lo que el "Gobierno interino" emitió un comunicado en septiembre desestimándolas por infundadas. Pero en las últimas semanas, los funcionarios presionaron para que se hiciera una investigación interna, realizada por un comité de legisladores de la Asamblea Nacional controlada por la oposición.
En un informe preliminar, el comité planteó dudas sobre "irregularidades administrativas" en los tratos de Troconis con Reyes y Antar, pero no se habría encontrado evidencia de corrupción. El comité recomendó entonces una investigación adicional por parte de la oficina del contralor del gobierno.
El embajador en Washington, Carlos Vecchio (perteneciente al "Gobierno de Guaidó") le ha pedido al Gobierno estadounidense que realice una investigación propia del caso. Incluso Antar afirma que ya fue contactado por el mismo FBI.
El oficialismo ya tiene en la mira a Blasi y Troconis
El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, ya tiene señalado a estos dos hombres de ser parte de una red que cobraba sobornos para "robar activos venezolanos en el Caribe".
Según la Fiscalía, el Ministerio Público del país ya abrió una pesquisa contra cuatro funcionarios nombrados por Guaidó por intentar el cobro de sobornos para la firma de un contrato que le otorgaría poderes a un consorcio de empresas radicadas en Miami, con el propósito de "robar activos del país en el exterior".
Los cuatro son señalados por el Gobierno de Maduro de pretender apoderarse de los activos de Venezuela en el Caribe, en aparente complicidad con Juan Guaidó.
Saab nombró a la sociedad mercantil Caribbean Recovery Assets (CRA), propiedad de las empresas Lock In Capital y Global Risk Management, representadas por Jorge Reyes y Pedro Antar, de estar involucrada en la red destinada a robar activos del país en el extranjero.
El fiscal afirmó en septiembre de 2020 que "este supuesto Gobierno interino fue puesto por Estados Unidos para incursiones armadas fallidas, para el sabotaje a la industria petrolera y el sistema eléctrico. Actúan para despojar todo lo que puedan conseguir para las transnacionales".
La oposición acusa al oficialismo de "orquestar" la supuesta trama
Javier Troconis, un ex-ejecutivo petrolero, y ahora comisionado presidencial para la Gestión y la Recuperación de los Activos venezolanos, señaló a The Washington Post los "enemigos" de Guaidó y afirmó que las pruebas presentadas son "falsas".
Aún así, funcionarios de ahora y otros anteriores de dicho "Gobierno" han mostrado su preocupación por al menos otros dos acuerdos negociados por Troconis.
Precisamente este martes 5 de enero, el Gobierno de Paraguay confirmó que emisarios de Juan Guaidó ofrecieron reducir a la mitad la deuda que la petrolera estatal venezolana (PDVSA) reclama a Paraguay, de 265 millones de dólares según Asunción, y que no se llegó a un acuerdo por entender que existía una falta de "personería jurídica" en esa recuperación de activos.
El jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, informó que en noviembre de 2019 se produjo esa reunión en Asunción con representantes de Guaidó, entre ellos Javier Troconis.
Pese a las acusaciones y a los señalamientos, Juan Guaidó no se ha referido al tema.
El Vicepresidente Sectorial de Economía y Ministro del Poder Popular para el Petróleo, Tareck El Aissami, anunció que Venezuela recuperará los activos saqueados por Juan Guaidó durante la nefasta Asamblea Nacional (AN) en desacato, que permitió la entrega a los gobiernos de EE.UU. y Colombia las empresas venezolanas en el exterior: CITGO y Monómeros.
"Invocamos al derecho internacional para que se detenga esta arbitrariedad", informó El Aissami durante una comparecencia televisiva pública ante Venezuela y el mundo.
"Queremos ratificar la voluntad firme, absoluta, del Gobierno Bolivariano, de emprender las acciones legales tanto internacionales como nacionales, para rescatar ambas empresas", anunció.
En forma breve pero contundente, relató los hechos que llevaron a Juan Guaidó, como Directivo del Parlamento Nacional en 2019 y sus cómplices en esa instancia en total desacato constitucional, a secuestrar ambas empresas y robar en forma abierta y comunicacional los mil millonarios recursos que despojaron a los venezolanos y venezolanas.
Por el caso de CITGO, ubicada en EE.UU., están siendo investigados los prófugos Luis Pacheco, (quien fue "designado" como pretendido presidente de la empresa), Claudio Martínez, León Miura, María Lizardo, Julián Cárdenas y Alejandro Grissanti.
"Todos ellos están siendo enjuiciados por usurpación de funciones y han venido devastando, destruyendo, desviando y robando fondos de Venezuela. Nosotros denunciamos ante la opinión pública esta operación ilegítima, contraria al orden internacional y la legalidad interna, porque jamás Venezuela ha participado en estas actividades que se han hecho sin consentimiento del legítimo Gobierno Bolivariano".
Destacó, especialmente, el caso de la Fundación Simón Bolívar de CITGO, creada en 2006 para salvar vidas de ciudadanos que requieren atención médica especializada en el exterior, que fue saqueada y despojada por la banda Guaidó, provocando muertes de pacientes que quedaron desprotegidos.
"Han fallecido producto de este acto criminal del robo del guaidosismo y la derecha corrupta. Estamos investigando, porque esos fondos se han constituido en una suerte de caja chica para Julio Borges, Carlos Vecchio, Juan Guaidó, entre otros ladrones. Esta plata la despilfarran en hoteles, bebidas, etc, un desastre total, mientras los venezolanos están a la espera de la atención médica", reclamó.
"Esta Fundación recibía fondos directamente de CITGO, y después del despojo y las violaciones de normas y ordenamiento vigente, Guaidó "designó" a Mariela Poleo como "presidenta", y se apropiaron de millones de dólares destinados a los pacientes venezolanos en el extranjero"
Según documentos oficiales del «gobierno interino», Juan Guaidó se ha pagado a sí mismo 1 millón 901 mil 100 dólares de fondos que originalmente fueron saqueados del Estado venezolano, dinero que fue robado a través de los mecanismos sancionatorios de Estados Unidos.
Este monto habría sido desembolsado el 29 de septiembre de este año.
Desde el 11 de marzo de 2021 Guaidó ha estado transfiriendo dinero en cinco oportunidades, la última vez en septiembre.
- 11/03/2021: $141.461,60
- 08/04/2021: $37.980,69
- 19/07/2021: $407.702,00
- 17/08/2021: $44.737,55
- 29/09/2021: $1.902.100,00
Este año se ha pagado un total aproximado de 2,6 millones de dólares a la falsa «presidencia». Paga y se da el vuelto. Y esto es solo lo que aparece de manera pública como una forma de «dar la cara».
Llama la atención que en meses anteriores las cantidades fueron mucho menores al último desembolso en septiembre. ¿Será porque se viene el fin del «interinato» fake y ya no tendría excusas para seguir saqueando los fondos públicos de manera indiscriminada?