En Venezuela, las personas siguen impactada por la noticia dada por la ilegal junta directiva de una Asamblea Nacional (2015) que ya cumplió 9 años desde el momento su instalación inaugural y que constitucionalmente su período se le venció el 2020, lo que significa que está cumpliendo 4 años de vencida, pero siguen auto renovándose por los siglos de los siglos, ya que insisten en que deben ser reconocidos como "la única institución legal" que hay en país, y que desde el exterior, se auto probaron para éste 2024, un presupuesto de funcionamiento por 70 millones de dólares o el equivalente a un poco más de dos mil millones de bolívares, sin rendición de cuentas…
La justicia venezolana debe investigar a estas personas y si están fuera del país, hay pedir su extradición y confiscar los bienes que están a nombre de estos particulares corruptos de "la derecha decente", a sus testaferros y a los partidos políticos que lo representan, conocidos como el trio de eficiencia antichavista: Rovoluntad impopular, Segundo Injusticia y Ven te odio Venezuela…
La información que se están manejando es demasiado evidente, por un lado tenemos el caso de CITGO, cuando El director de la Asociación Latinoamericana de empresarios del petróleo, Alejandro Terán Martínez, dirigió una carta al Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, a través de la cual se solicita se abra una investigación penal por corrupción contra el ciudadano Juan Guaidó y sus más cercanos colaboradores, entre ellos: Carlos Veccio supuesto embajador en USA; su relacionado de negocios de Treton Oil, Jesús Pérez Oropeza de la directiva de Citgo ad hoc; Carlos Jordá, Presidente Director CITGO Petroleum Corporation y Horacio Medina de la junta de PDVSA ad hoc, por su responsabilidad en los actos de corrupción y malversación de los recursos de la petrolera CITGO…
Y ahora tenemos la demanda realizada por el Despacho de AA Lawyer Abogados Consultores, en contra de los diputados electos en 2015, José Brito, Freddy Superlano, Adolfo Superlano, Conrado Pérez, Chaim Bucarán, Luis Parra, José Luis Pírela y Richard Arteaga por el impago de honorarios, falsificación de documentos y el desfalco de al menos 1.100 millones de euros.
Hay que investigar, sin impunidad…