En una de sus breves apariciones en la elitista urbanización de Las Mercedes, convocada para mantenerse en el centro de la atención y denunciar el supuesto fraude electoral cometido por el gobierno nacional en las recientes elecciones presidenciales de Venezuela, María Corina expresó, entre otras cosas, que "nosotros no agredimos" y, como ha manifestado en múltiples ocasiones, "nosotros vamos a cobrar". Sin embargo, no ha aclarado a qué se refiere con esta afirmación, lo que implica que alguien le debe algo, pues si se refiere a las elecciones allí no puede cobrar nada por la sencilla razón que perdió, ella y su candidato parapeto.
En realidad, es ella quien tiene una deuda pendiente con Venezuela, una deuda que proviene de haber entregado el país a enemigos extranjeros, no haber defendido la integridad nacional y haber solicitado intervención militar.
Todas estas son grandes responsabilidades que debe afrontar. Y después de las elecciones del 28 tiene otra deuda mayor con el país como es organizar y dirigir un plan terrorista de destrucción de instituciones, persecución y agresión a personas, incendiar edificios públicos, destruir mobiliario urbano, entre otras acciones delincuenciales
Al actuar de esa manera María Corina, a pesar de contar con la incondicionalidad de Joe Biden ha pisado terreno falso, pues ha entrado plenamente, a la vista, en el terreno de las acciones terroristas. Se ha manifestado directamente como terrorista y por lo tanto sujeta a las normas y leyes correspondientes. No venga a decir después que ella no fue, como hizo Trump con los que atacaron el Congreso de los Estados Unidos, cuando nunca se identificó con ellos.
Y es que en general, un dirigente terrorista no tiene derecho a realizar reclamaciones y las leyes y normativas internacionales y nacionales suelen estar diseñadas para proteger a las víctimas del terrorismo y no a los perpetradores.
Se debe enfrentar por tanto como todos los responsables de actos terroristas a procesos judiciales y penas severas, y no tienen derecho a reclamar nada y mucho menos a la población que como en el caso venezolano, pacientemente los aguanta.
Con esa expresión y el deseo de "cobrar", sostener la idea de que un dirigente terrorista tenga algo que cobrar es contradictoria y debía generar un debate ético y legal profundo ya que en primer lugar, el terrorismo, por su naturaleza, busca sembrar el miedo y la violencia para alcanzar objetivos políticos, ideológicos o religiosos tal como la derecha venezolana ha hecho desde ya más de 20 años. Están por ello incapacitados para gobernar.
Las víctimas del terrorismo son, en su mayoría, personas inocentes que sufren las consecuencias directas de actos atroces. El daño causado por el terrorismo no solo es físico, sino que también deja cicatrices psicológicas y sociales en las comunidades afectadas.
Porque aquí en Venezuela está pasando algo muy particular como es que el Estado venezolano, sus instituciones, el PSUV, Nicolás Maduro y su equipo, los chavistas y el chavismo, los tierrúo y marginales, todos ellos son culpables antes que hagan nada. Son culpables de la crisis del país. ¡No discuta¡. En estas elecciones eran culpables de fraude antes de que se efectuaran y ya realizadas son ellos los que tienen que demostrar su inocencia. Un abogado diría que se ha invertido la carga de la prueba ya que la derecha no puede probar nada, por la sencilla razón que las elecciones no eran su objetivo, pues su participación electoral apuntalaba la victoria electoral del socialismo.
El objetivo de la derecha es precisamente ese, que el Estado venezolano, sus instituciones, el PSUV, Nicolás Maduro y su equipo, los chavistas y el chavismo, los tierrúo y marginales, deben ser reducidos, oprimidos, aplastados, pisados, para que no puedan más nunca intentar llegar al poder y dirigir al país.
Con la nueva auto declaración del 5 de agosto, donde exponen como vencedor a su candidato en las elecciones del 28 y amenazan a toda la población del país de terribles y crueles consecuencias, además de estar cometiendo nuevos delitos violan todos los principios de justicia y moralidad. Como María Corina y su grupo reafirman así sus planes terroristas, como enemigos de Venezuela y desconocimiento total del Estado Venezolano se les debe reafirmar también que el sistema legal se basa en la premisa de que los responsables deben rendir cuentas por sus acciones y reparar el daño infligido y cumplir la pena que dictan las leyes. Con este nuevo acto se borra definitivamente la idea de que un terrorista pueda tener algo que cobrar.
En conclusión, los responsables de los actos de terrorismo son los propios terroristas y deben afrontar las consecuencias de sus actos, deben pagar y no tienen nada que cobrar.
Oscar Rodríguez Estrada 5 de agosto de 2024