Hace no mucho se planteaba que las próximas guerras serían por el agua, y en Uruguay en la actualidad, se libra una batalla de esa guerra contra la mercantilización y la explotación del recurso hídrico, valorado por encima de la vida.
La República Oriental del Uruguay fue el primer país del mundo en consagrar el derecho al agua potable como un derecho fundamental, está rodeado por el Rio Uruguay, el Rio de la Plata y el Océano Atlántico, en su interior cuenta con ríos importantes como el Rio Negro, la laguna Merín y doce ríos que poseen más de 200 km de longitud. Además, el país está asentado en una parte del acuífero guaraní, el tercero más grande del mundo.
Con estos datos, se nos hace impensable que por primera vez en la historia se anuncie que Uruguay este a días de quedarse sin agua para consumo humano.
El gobierno neoliberal del presidente Luis Lacalle Pou, plantea que esto se debe a la intensa sequía que viene viviendo la región desde hace tres años, y a la mala utilización por parte de la población del vital recurso, pero lo cierto es que la explotación intensiva de desarrollos productivos que requieren la utilización de agua dulce y la desforestación que impacta sobre el ecosistema del litoral, son los responsables de tamaño desastre.
La población perderá la posibilidad de consumir libremente agua potable distribuida por la empresa pública OSE, que se encarga del suministro, pero podrá consumirla si compra agua embotellada, y detrás de este negocio, están principalmente, el Grupo Danone y Coca-Cola.
El gobierno ha anunciado que no cortará el suministro de agua, pero advierte que será de menor calidad. ¿Qué significa esto?, según palabras del Ministro de Ambiente de Uruguay, Robert Bouvier, “El agua no es potable, desde la definición perfecta de la potabilidad, que son indicadores… lo que nosotros decimos es que el agua es bebible y consumible… que es otra definición”, esto se plantea pues existe un proyecto de la OSE para mesclar el agua a la que tienen acceso, con la de un sector cercano al Rio de la Plata que posee un alto grado de salinidad.
Aunque para el ministro esta agua es “bebible y consumible”, cualquier persona podrá comprender los riesgos que ocasionaría a la salud de las personas más vulnerables como quienes sufren de hipertensión, problemas renales o mujeres embarazadas. Además, existe el peligro de la exposición prolongada a los trihalometanos que se respiran al ducharse, situación que derivaría en problemas respiratorios y cardíacos.
El tema es que se afecta a la población, pero no se tocan los grandes negocios, como los de las empresas ya mencionadas, al contrario, se las beneficia desde el Estado, pues con el anuncio de la Emergencia Hídrica se eximirá del pago de impuesto a las embotelladoras, mientras se sigue recortando personal y presupuesto de la OSE, haciendo que la desinversión deteriore aún más la infraestructura existente y carente de mantenimiento.
El sindicato que nuclea a los trabajadores de la empresa administradora del agua (OSE) viene denunciando desde hace tiempo la caída en las inversiones del gobierno. el presupuesto para inversiones en relación con el PBI se ubicó en 0,10 por ciento durante 2021 y 2022. Este ajuste se viene prolongando con los distintos gobiernos.
El modelo productivo impuesto por el neoliberalismo desde hace ya varios años se ha concentrado en la exportación de materias primas y la explotación de los recursos naturales más allá de las consecuencias que a la larga ocasionarían. En Uruguay se encuentra radicada desde hace años la empresa finlandesa UPM, que produce pasta de celulosa, esta posee miles de hectáreas con plantaciones de eucaliptus y ahora cuenta con una segunda planta (UPM2) que se estima, consumirá del Río Negro 136.500.000 Litros de agua dulce diarios en 50 años, devolviendo al Río Negro 107.000.000 de litros de agua contaminada, además de estas dos plantas también se encuentra la empresa Montes del Plata, cuyos vertidos caen al Rio de la Plata.
También encontramos la instalación de una planta de hidrógeno verde en el acuífero guaraní, en lo que se denominó el Proyecto Tambores, entre los departamentos de Paysandú y Tacuarembó, compuesto por las empresas Belasay SA, SEG Ingeniería (Uruguay) y Enertrag (Alemania), en la misma se producirá Hidrógeno y metanol para exportar a Europa, consumiendo 600.000 litros de agua por día del acuífero.
La empresa Google acordó con el gobierno la instalación de un Data Center en la localidad de Canelones, con un millón de computadoras que diariamente requerirán para su refrigeración de 7.000.000 de litros diarios. A esta realidad debemos agregar las grandes plantaciones de soja y arrozales, y la ganadería fundamentalmente para la exportación. Todos estos rubros consumen inmensos volúmenes de agua dulce.
El consumo total de agua de toda la población del país se ubica entre los 231 y 274 millones de m3, pero el consumo de las corporaciones es de casi 10 veces más, 2.586 millones de m3 por año.
Este modelo productivo ha hecho de la explotación del recurso hídrico un gran negocio, de eso dan cuenta las 5.091 habilitaciones vigentes para uso de agua con fines productivos repartidas en todo el país y de ellas, la mitad se concentran en las cuencas del Río Santa Lucía, Río Negro y del Río de la Plata. Casi la mitad de estas habilitaciones son para riego.
La sequía es consecuencia también del modelo productivo global, extractivista y desertificador, por eso, es inaceptable culpar a la sequía por la falta de agua potable cuando las inversiones realizadas afectan el consumo de millones de litros de agua dulce, superior al consumo de la población, en aras del supuesto crecimiento económico del país.
Ante esta desgracia, que como vemos no es “natural”, la respuesta del gobierno empresario, además de “consumir agua salada”, se encuentra en el “Proyecto Neptuno” presentado por las empresas (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast) en octubre de 2020, bajo un consorcio denominado “Aguas de Montevideo” y aceptado por el gobierno, luego de diversos cambios y un estudio de factibilidad. El mismo se impulsará en una modalidad en la que los privados se encargarán de la construcción y el mantenimiento, mientras que OSE se hará cargo de la operación.
Se trata de una planta potabilizadora para abastecer el área metropolitana, con una tubería de aducción de 81 kilómetros y un pólder, “entidades hidrológicas artificiales”, una especie de reserva de agua dulce.
Una de las particularidades de este emprendimiento multimillonario, es que el mismo estará ubicado en la zona de Arazatí y Bocas del Cufré, en San José, de donde tomará agua del Río de la Plata, que en realidad es un estuario que presenta episodios de salinidad, situación ya denunciada por organizaciones socioambientales, sindicatos, grupos de vecinos y académicos.
Los negocios de las multinacionales saqueadoras y depredadoras, no solamente amenazan la vida humana y la biodiversidad, también afectan la existencia de la industria como lo empiezan a evidenciar colegios de ingenieros y empresarios del sector metalúrgico, atentos a los daños que ocasionan los altos niveles de salinidad y corrosión en artefactos de uso doméstico e industrial como termotanques o calefones y todo aquello que requiera de la presencia del vital elemento.
Lo concreto es que la crisis hídrica en el Uruguay, se encadenará a una crisis más profunda en lo económico y social y esta profundizará la crisis política para la cual el modelo neoliberal no tiene respuesta.
* Analista político, editor de PIA Global
Este artículo fue publicado originalmente en el portal internacional United World