Esta nueva declaración extractivista alentará una mayor minería que durante años ha sido un semillero de enfermedades infecciosas, mientras el país trata de evitar la propagación del Covid-19.
El 8 de abril, el Gobierno venezolano según Gaceta Oficial N° 6.526, declaró seis ríos del estado Bolívar (sur) aptos para la explotación de oro y diamante dentro del proyecto del Arco Minero, que se ha traducido además ecocidio desde 2016 cuando se aprobó desde Miraflores la actividad minera, denunciada por los pobladores, por organizaciones ambientalistas y rechazada por la Asamblea Nacional.
Estas cuencas vitales para la Amazonía siguen siendo exprimidas y transgredidas por el gobierno venezolano. La amenaza a la biodiversidad de Venezuela ha sido indetenible y ha puesto en riesgo también a la población, conformada por más de 54.000 indígenas, además a la fauna y flora amazónica.
Que el gobierno venezolano haya declarado aptos los ríos Caura, Cuchivero, Aro, Yuruarí, Cuyuní y Caroní significa que la perdida de biodiversidad irá en aumento, porque el Arco Minero del Orinoco, además de haberse convertido en el epicentro de la destrucción ambiental, ya que el dragado en los ríos implica «contaminar con mercurio, y otros que podemos estar desconociendo, y significa contaminar las aguas y toda especie viviente alrededor. De todas las actividades depredadoras que ha autorizado el Gobierno en Parques Nacionales esta es la más dañina porque afecta directamente los cauces de seis ríos importantísimos de la región amazónica.
Este ecocidio provoca, además del envenenamiento de las aguas, la deforestación y el convertimiento de los ríos en desiertos. Esto ocasiona también el desvío de los cauces que pueden ocasionar desbordamientos e inundaciones, e incluso la inutilidad de la represa del Guri (hidroeléctrica más grande del país) que proporciona el 70% de la energía a Venezuela.
Además, la explotación a todo dar sin el equipamiento correspondiente ni con la tecnología necesaria, representa un impacto fatal para el medio ambiente y pone en riesgo tanto a la biodiversidad como a las comunidades originarias que habitan en la zona.
El artículo 129 de la Carta Magna establece que es una obligación realizar un estudio ambiental y sociocultural en las actividades que puedan causar graves daños al ecosistema. A este se le suma el artículo 120 que el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas "se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas".
Nos preocupa el auge de la minería aurífera dentro del Parque Nacional Canaima, declarado patrimonio de la humanidad la UNESCO, pues ha desatado luchas territoriales en el Bolívar entre mineros ilegales e indígenas por hacerse del control de zonas ricas en oro. Para los explotadores de este metal precioso el término "medio ambiente" es demasiado "abstracto".
Con el uso rudimentario y sin control del mercurio para la extracción de oro, miles de litros de esta sustancia tóxica están corriendo a diario por los ríos y afluentes del minero estado Bolívar, contaminando peces y sembrados, y generando un alto riesgo de malformaciones en recién nacidos y problemas neurológicos en los pobladores a corto plazo, según denuncian organizaciones ambientales.
El mercurio se utiliza para separar y extraer el oro de las piedras en las que se encuentra. Este se adhiere al valioso mineral, formando una amalgama que facilita su separación de la roca, arena u otro material. Luego se calienta la amalgama para que se evapore el mercurio y quede el oro, explica una guía del Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente (PNUMA).
En el caso de Venezuela, la extracción del oro se realiza generalmente a cielo abierto deforestando bosques y vertiendo mercurio sin reparar en las consecuencias para el medio ambiente y las poblaciones indígenas.
Una vez más alzamos nuestra voz de protesta en contra de otro gran ecocidio causado en Venezuela. Nos oponemos a los impactos de la minería ilegal y las graves violaciones a los derechos humanos. La contaminación del agua y la expulsión de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Un llamado de conciencia nacional sobre los daños futuros. Si el oro genera riquezas hoy, las tierras muertas traerán miseria y desertificación en el futuro.