La transformación actual de Venezuela es, de este modo, el producto de una tensión entre el poder constitutivo y el poder constituido, donde el principal agente de cambio es el constitutivo. El poder constitutivo es la capacidad creadora, colectiva, y legítima de los seres humanos, expresada en los movimientos y en la base social organizada para crear algo nuevo sin tener que derivarlo de algo previamente existente. En el proceso Bolivariano, el poder constitutivo –el estado y sus instituciones– acompaña a la población organizada; el cual debe de ser el facilitador de los procesos ascendentes, de tal forma que el poder constitutivo pueda adelantar los pasos necesarios para transformar la sociedad.
Este enfoque fue elaborado en varias ocasiones por el ex-presidente Hugo Chávez y ha sido confirmado por su sucesor, Nicolás Maduro, durante la reciente campaña electoral. Éste es compartido por sectores de la administración y por la mayoría de los movimientos organizados. Tanto desde el gobierno como desde la base del movimiento Bolivariano, existe un compromiso declarado para redefinir el estado y la sociedad sobre la base de una interrelación entre los dominantes y los dominados, de ese modo, moverse hacia relaciones capitalistas trascendentes. Aunque no está libre de contradicciones y conflictos, este enfoque de doble vía, ha sido capaz de mantener y hacer más profundo el proceso de transformación social en Venezuela.
El poder constitutivo, que es completo y extenso, ha sido el fundamento para cada revolución, democracia, y república; es el motor más grande de la historia, la fuerza social más poderosa, e innovadora. Históricamente, sin embargo, poderes constitutivos, silenciados y debilitados, después de apenas llevar a cabo su papel de legitimar el poder constituido. En un proceso revolucionario auténtico, el poder constitutivo debe de mantener su capacidad para intervenir y moldear el presente, para crear algo nuevo que no se derive de lo viejo. Esto es lo que define la revolución: no el acto de to-mar el poder, sino más bien, un proceso de construir lo nuevo, un acto de creación e invención. Este es el legado global del proceso Bolivariano.
En Venezuela, el concepto del poder constituyente apareció a finales de 1980, como el rasgo característico de un proceso continuo, de transformación social. El lema principal de las asambleas de barrio era: "Nosotros no queremos ser un gobierno, queremos gobernar." La idea, entendida cada vez más, en términos radicales, vino a orientar la transformación revolucionaria, adquiriendo un El proceso Bolivariano empezó por reclamar el fortalecimiento de los derechos civiles y humanos y por la construcción de una "democracia participativa y protagónica" en busca de una "tercera vía" aparte del capitalismo y socialismo."
A partir de finales de 2005, sin embargo, el Presidente Hugo Chávez describió el socialismo como la única alternativa para provocar la trascendencia necesaria del capitalismo. La elección presidencial del año 2006 fue definida por Chávez como una elección entre el capitalismo y una senda hacia el socialismo. El comienzo de la era de la presidencia de Chávez se extiende y refuerza las posibilidades participativas y estructuras de consejo, y permitió la creación de unas nuevas. La idea de la participación fue definida por Chávez como una elección entre el capitalismo y una senda hacia el socialismo. Debido a las dificultades obvias de definir una senda clara con respecto al socialismo o un concepto claro delo que el socialismo puede ser hoy, el objetivo fue definido como "socialismo del siglo 21," el cual es un proyecto continuo. El nombre también sirve para definirlo desde los "socialismos reales" del siglo 20. El proceso de buscar y de construir está guiado sobre todo por valores, tales como colectividad, igualdad, solidaridad, libertad, y soberanía. Este está encarnado en la construcción de los consejos.
En enero de 2007, Chávez propuso ir más allá del estado burgués al construir el estado comunal. De este modo, él escogió y aplicó más ampliamente una preocupación que se originó en las fuerzas anti sistémicas. La idea principal era formar estructuras de consejos de todo tipo (consejos comunales, comunas, y ciudades comunales, por ejemplo), como estructuras ascendentes de auto-administración. Los consejos de los trabajadores, estudiantes, campesinos, y mujeres, entre otros, tendrían entonces que cooperar y coordinar a un nivel superior, para reemplazar, de manera paulatina, el estado burgués, con un estado comunal. De acuerdo con el Plan Nacional para el Desarrollo Económico y Social 2007-2013, "puesto que la soberanía reside absolutamente en la gente, la gente misma puede dirigir el estado, sin necesidad de delegar su soberanía como sucede en la democracia indirecta o representativa."
La noción de separación entre la "sociedad civil" y la sociedad política" –como se expresa, por ejemplo, por las ONG es de esta manera, rechazada. El foco radica más bien en fomentar el potencial y la capacidad directa de la base popular para analizar, decidir, poner en práctica, y evaluar lo que es relevante para su vida. El poder constitutivo está encarnado en los consejos, en las instituciones del poder popular, y en el concepto básico del estado comunal. Como se propuso en la reforma constitucional, que fue rechazada en el referendo de 2007, el futuro estado comunal debe de estar subordinado al poder popular, el cual reemplaza a la sociedad burguesa civil. Esto evitaría el cisma entre lo económico, lo social, y lo político– entre la sociedad civil y la sociedad política– que subraya el capitalismo y el estado burgués. También prevendría, al mismo tiempo, la centralización excesiva que caracterizó a los países del "socialismo real."
Los consejos comunales son una estructura de la democracia directa y el mecanismo más avanzado de auto-organización a nivel local en Venezuela. En el año 2013, aproximadamente 44.000 consejos comunales se habían establecido por todo el país. Puesto que la nueva constitución del año 1999 definió a Venezuela como una "democracia participativa y protagónica," se ha experimentado con una variedad de mecanismos para la participación de la población en la administración local y en la toma de decisiones. Al comienzo, éstas estaban conectadas con las autoridades representativas locales e integradas al marco institucional de la democracia representativa. Al competir en el mismo territorio como autoridades locales y dependiendo de las finanzas autorizadas por estos cuerpos, las diferentes iniciativas tuvieron poco éxito.
Los consejos comunales se empezaron a formar en el año 2005 como una iniciativa "desde abajo." En diferentes partes de Venezuela, las organizaciones de base, solas, promovieron formas de auto-administración local llamadas "gobiernos locales" o "gobiernos comunitarios." Durante el año 2005, un departamento de la administración de la ciudad de Caracas se enfocó en promover esta propuesta en los barrios pobres de la ciudad. En enero del año 2006, Chávez adoptó esta iniciativa y empezó a expandirse. En su espacio televisivo semanal, "Aló Presidente," Chávez presentó los consejos comunales como un tipo de "buena práctica." Hasta este momento, ya existían alrededor de 5.000 consejos comunales. En abril del año 2006, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de los Consejos Comunales, que fue reformada en el año de 2009, siguiendo un proceso de consulta amplio de voceros de los consejos.
Los consejos comunales en áreas urbanas comprenden entre 150-400 familias; en zonas rurales, un mínimo de 20 familias; y en zonas indígenas, por lo menos 10 familias. Los consejos constituyen una estructura no representativa de participación directa que existe paralela a los cuerpos representativos electos del poder constituido.
Los consejos comunales están financiados directamente por instituciones nacionales del estado, de esta forma, se evita la interferencia de los órganos municipales. La ley no le da a ninguna entidad la autoridad para aceptar o rechazar las propuestas presentadas por los consejos. La relación entre los consejos y las instituciones establecidas, sin embargo, no siempre es armoniosa; los conflictos surgen principalmente de la lentitud del poder constituido para responder a las demandas hechas por los consejos y de los intentos de interferencia. Los consejos comunales tienden a trascender la división entre la política y la sociedad civil (es decir, entre quienes gobiernan y los gobernados). Por lo tanto, los analistas liberales que apoyan esa división ven los consejos comunales de manera negativa, argumentando que no son organizaciones de la sociedad civil independientes, sino más bien están ligados al estado. De hecho, constituyen una estructura paralela a través de que el poder y el control gradualmente se apartan del estado para gobernar por su cuenta.
En un nivel superior de autogobierno existe la posibilidad de la creación de comunas socialistas, que pueden ser formadas mediante la combinación de varios consejos comunales en un territorio específico. Los consejos deciden sobre la geografía de estas comunas. Éstas pueden desarrollar proyectos de mediano y largo plazo de mayor impacto mientras que las decisiones se toman en las asambleas de los consejos comunales. A partir de 2013, hay más de 200 comunas en construcción.
En el contexto de la creación de comunas y ciudades comunales, es importante distinguir analíticamente entre el espacio político-administrativo (absoluto) y el espacio socio-cultural-económico (relacional). Las comunas reflejan lo último; sus límites no corresponden necesariamente a los espacios político-administrativas existentes. Como éstos siguen existiendo, la institucionalización de los consejos comunales, comunas, y ciudades comunales se desarrolla y conforma el espacio socio-cultural-económico. Por lo tanto, la idea del consejo no-representante local de auto-organización crea una "nueva potencia-geometría." El concepto de poder en geografía humana, elaborada por Doreen Massey, se ha puesto "al uso político positivo" siguiendo el "reconocimiento de la existencia e importancia, dentro de Venezuela, de potencia-geometrías, altamente desiguales y por lo tanto no democráticas." Varias comunas pueden formar ciudades comunales, con la administración y planificación "desde abajo" si todo el territorio se organiza en comunas y en consejos comunales. El mecanismo de la construcción de comunas y de ciudades comunales es flexible, ellas mismas son quienes definen sus tareas. De esta manera, la construcción del auto-gobierno empieza con lo que la población misma considera los más importante, necesario, u oportuno. Las ciudades comunales que se han empezado a formar hasta ahora, por ejemplo, son rurales y son estructuradas al-rededor de la agricultura, tales como la Ciudad Comunal Campesina Socialista Simón Bolívar en el estado sureño de Apure o la Ciudad Comunal Laberinto en el estado noroeste de Zulia.
La organización y la construcción de las comunas y ciudades comunales han sido más fáciles en áreas suburbanas y rurales que en las áreas metropolitanas, puesto que hay menos distracción y menos presencia de la oposición, mientras que al mismo tiempo, los intereses comunes son más fáciles de definir.
Con respecto a la democratización de la propiedad y la administración de los medios de producción, Venezuela ha experimentado con una serie de diferentes modelos. Entre 2001 y 2006, el gobierno venezolano, además de afirmar el control estatal sobre la base de la industria petrolera — centrado en la promoción de las cooperativas para cualquier tipo de empresa, incluyendo modelos de cooperativas administradas conjuntamente con el estado o empresarios privados.
La Constitución de 1999 asigna a las cooperativas un peso especial. Se concibieron como elemento contribuidor a un nuevo equilibrio económico y social, recibiendo así ayuda masiva estatal. Las condiciones favorables llevaron a un auge en el número de cooperativas fundadas. A mediados de 2010, según la Superintendencia Nacional de Cooperativas –Sunacoop– 73.968 cooperativas se certificaron como operativas, con un total estimado de 2 millones de miembros, aunque algunas personas participaron en más de una cooperativa y por lo tanto fueron contadas más de dos veces. La idea inicial de que las cooperativas automáticamente producirían para la satisfacción de las necesidades sociales y de que su solidaridad interna, basada en la propiedad colectiva, se extendería a las comunidades locales, resultó ser un error. La mayoría de las cooperativas todavía siguieron la lógica del capital; concentrarse en la maximización de los ingresos netos sin apoyar a las comunidades circundantes, muchas no lograron integrar nuevos miembros.
A la luz de estas experiencias, cambió el enfoque del gobierno en el apoyo a la creación de cooperativas a cooperativas controladas y de propiedad de las comunidades.
En respuesta al bloqueo de los empleadores de 2002-2003, la "huelga de los empresarios", con la intención declarada de la de derrocar al gobierno de Chávez, los trabajadores comenzaron el proceso de tomar los lugares abandonados por sus dueños. Al principio, el gobierno relegó los casos a los tribunales laborales y luego en enero de 2005, comenzaron las expropiaciones. A partir de julio de 2005, el gobierno comenzó a prestar especial atención a la situación de las empresas cerradas y desde entonces cientos de empresas han sido expropiadas. Pero una política sistemática para las expropiaciones en el sector productivo no existía hasta el año 2007.
Las empresas expropiadas oficialmente se supone que deben transformarse en "propiedad social directa" bajo el control directo de los trabajadores y de las comunidades. En realidad, la mayoría de ellos no es administrada por los trabajadores y las comunidades, sino por las instituciones del estado. Las condiciones de trabajo no han cambiado fundamentalmente, y las expropiaciones no han producido automáticamente cogestión o control obrero.
El concepto de "propiedad social directa" también se supone que se aplica a cientos de nuevas "fábricas socialistas" construidas por el gobierno en el contexto de una estrategia global de la industrialización. Los consejos comunales locales seleccionan los trabajadores, mientras que los profesionales requeridos son seleccionados de las instituciones del estado y del gobierno.
El objetivo es transferir gradualmente la administración de las fábricas en las manos de los trabajadores organizados y de las comunidades. Pero la mayoría las instituciones estatales involucradas hacen poco por organizar este proceso o para preparar a los empleados, lo cual ha generado crecientes conflictos entre los trabajadores y las instituciones.
En 2007, Chávez recogió la idea de los "Consejos Socialistas de Trabajadores," que ya estaba siendo discutida por muchos trabajadores de base y por las iniciativas existentes de Consejos y de los trabajadores. De hecho, existía una red con el mismo nombre: los Consejos Socialistas de Trabajadores (CST). Chávez presentó los CST como una buena práctica y llamó a los trabajadores a formar CST en sus lugares de trabajo. Sin embargo, puesto que la mayoría de las instituciones se opusieron a los consejos de trabajadores, sólo unos cuantos consejos se formaron al principio, principalmente en fábricas recuperadas como la fábrica de válvulas, Inveval o la fábrica de tuberías de agua, Inefa.
La creciente presión desde abajo llevó a varias instituciones del gobierno a empezar a aceptar o incluso a fomentar la creación de consejos de trabajadores en lugares de trabajo institucionalmente administrados, incluso sin el beneficio de una ley promulgada en los consejos de trabajadores. Pero mientras, por un lado, la mayoría de las instituciones trató de impedir la constitución de consejos de trabajadores en sus lugares de trabajo, en otros y en las empresas administradas por el estado, las instituciones muchas veces trataron de asumir el liderazgo y constituyen por sí mismas el CST. Este movimiento representó un intento de distorsionar el propósito de los consejos y reducirlos a una autoridad representativa que trata de asuntos de trabajo y de salario dentro de la burocracia del gobierno. Como consecuencia, el CST se convirtió en otro sitio de lucha para el control de los trabajadores.
El intento más exitoso de una democratización de la propiedad y administración de los medios de producción es el modelo de las Empresas de Propiedad Social Comunal (EPSC), promovido para crear unidades de producción local y las empresas de servicios comunitarios. Las EPSC son propiedad colectiva de las comunidades, que deciden sobre la estructura organizativa de las empresas, los trabajadores incorporados y el uso eventual de los beneficios.
Las instituciones y empresas estatales han promovido las empresas comunales desde 2009, y desde el 2013 se han constituido varios miles EPSC. La mayoría pertenece a los sectores de servicios a la comunidad como transporte público o se dedica a la producción de alimentos y procesamiento de alimentos. La empresa petrolera estatal, PDSVA, configura una distribución local de gas líquido administrada por las comunidades que se llama Gas Comunal. Desde 2007, la capacidad del gobierno para reformar se ha enfrentado cada vez más con las limitaciones inherentes en el estado burgués y el sistema capitalista.
Los movimientos y las iniciativas de autogestión y autogobierno, diseñados para superar el estado burgués y sus instituciones, con el objetivo de reemplazarlo con un estado comunal basado en el poder popular, han crecido. La ampliación de la participación popular directa conlleva un aumento en los conflictos entre el estado y su base popular (especialmente en la esfera de la producción), así como dentro del propio estado, que se convierte en un sitio de conflicto de clase.
No en vano, la profundización de la transformación social multiplica los puntos de confrontación entre estrategias ascendentes y descendentes Pero al mismo tiempo, debido a la expansión del trabajo de las instituciones del estado junto con la consolidación del proceso Bolivariano y crecientes recursos, las instituciones del estado generalmente se han fortalecido y se han vuelto más burocratizadas.
Las instituciones del poder constituido, pretenden controlar los procesos sociales y la reproducción de sí mismos. Puesto que las instituciones del poder constituido están al mismo tiempo fortaleciendo y limitando el poder constituyente, el proceso de transformación es muy complejo y contradictorio. Las instituciones, así como muchas personas a cargo de las instituciones, siguen una lógica inherente de perpetuar y de ampliar su poder institucional y de control para garantizar la supervivencia de la institución. O como Thamara Esis, activista del consejo comunal de Caracas, explica en una entrevista personal, "Estas buenas personas que ya se sienten cómodas en sus oficinas, no estás dispuesta a renunciar a sus beneficios, viven de las necesidades de las personas. Es como una pequeña empresa, ¿entiendes?" Esta tendencia se fortalece en tiempos de profundos cambios estructurales cuando el propósito y la existencia de cualquier institución son cuestionados dentro del contexto de la transformación.
De hecho, el Ministerio de las Comunas resulta ser uno de los mayores obstáculos para la construcción de comunas y la mayoría de las comunas en construcción se queja acerca del Ministerio. Sólo la creciente organización "desde abajo", especialmente la red auto-organizada de activistas de la comuna que reúne alrededor de 70 comunas podría traer suficiente presión sobre el Ministerio de las Comunas para empezar a cambiar su política a finales de 2011. Obligaron al Ministerio a registrar a unas 20 comunas.
En cambio, las comunas tuvieron que instalar la hoja de registro desde el Ministerio de las Comunas; no sólo no se registraron ningunas comunas en los tres primeros años de su existencia, y un año después de que la ley de las comunas había sido promulgada, aún no se había creado un procedimiento oficial para la inscripción de las comunas. Sin embargo, las estrategias "desde arriba" y "desde abajo" se han mantenido en el mismo proceso de transformación durante 14 años y la conflictiva relación entre el poder constituyente y el constituido ha sido el motor del proceso Bolivariano.
En su plan de gobierno para 2013-2019, presentado durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2012, Chávez manifestó claramente: "No deberíamos traicionarnos a nosotros mismos la formación socio-económica predominante en Venezuela es aún de carácter capitalista y rentista."
Con el fin avanzar más hacia el socialismo, Chávez subrayó la necesidad de avanzar en la construcción de los consejos comunales, las comunas, y las ciudades comunales y el "desarrollo de la propiedad social sobre factores básicos y estratégicos y medios de producción." Su sucesor, Nicolás Maduro, comprometido con el programa, creó uno de los lemas centrales de los movimientos de apoyo a su campaña electoral que decía: "Comuna o nada." Pero después de la elección de Nicolás la comuna quedó en frases Nicolás te entrego la comuna como si fuera mi propia vida, comuna o nada. Traición pura traición…….
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