Como parte de nuestra agenda político mediática que en estos momentos tenemos, y pese a la cuarentena radical, colectiva y voluntaria en la que nos encontramos y de estar compartiendo en familia la Semana Santa, quiero formular algunas ideas con respecto al debate de la Ley de Ciudades Comunales.
El Comandante Eterno Hugo Chávez delineó la ruta para superar el viejo Estado signado por la exclusión social con la propuesta estratégica del desarrollo del socialismo en las cinco dimensiones ética, política, social, económica y territorial, con el objetivo de asegurar el ejercicio de la democracia participativa y protagónica contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el sistema de agregación comunal, como apuesta para prefigurar una sociedad impregnada de una nueva espiritualidad socialista capaz de superar la decadencia capitalista, y lograr la irrupción del nuevo Estado Social y Democrático, de Derecho y de Justicia.
En este momento histórico que vive la Patria por iniciativa del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, la Asamblea Nacional se apresta a deliberar y legislar con la urgencia parlamentaria, para la aprobación de la Ley Orgánica de las Ciudades Comunales; respondiendo de esta manera a las exigencias legislativas del Poder Popular en su diversidad, como una respuesta oportuna y eficaz a la vocería de los Consejos Comunales y Comunas; así, como de los voceros y las voceras de las organizaciones y movimientos sociales, que desde sus ámbitos territoriales, han deliberado reunidos en asambleas de ciudadanos y ciudadanas o en sus respectivos parlamentos comunales, para exigir un salto cuántico desde la innovación democrática, asumiendo en el marco del poder constituyente la construcción de la Ciudad Comunal como una nueva forma político organizativa en el territorio.
De esta manera la Asamblea Nacional se aboca con la urgencia debida, a reconocer e interpretar jurídicamente la realidad del país, para transformarla integralmente en todo su contexto, con el compromiso Constitucional y democrático de facilitar y consolidar el ejercicio del autogobierno comunal que emerge en el territorio nacional como producto del desarrollo integral del Poder Popular en la Comuna.
Esta iniciativa responde a razones históricas, que motivan al ente legislador a la elaboración de un instrumento legal de transcendencia histórica, correlativo con el espíritu del constituyente, quien establece en el articulado de la Constitución Nacional el papel protagónico y organizado del pueblo a través de sus prácticas de autogobierno, como se explica a continuación:
Art. 5: "La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente" (...).
Art. 62: "Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos (...) La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo".
Art. 70: "Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas (…)" .
La propuesta de ley de Ciudad Comunal desarrolla una nueva configuración jurídica, que pretende fortalecer a la ciudadanía y reconocer la unidad en la diversidad de los territorios comunales, a partir de unidades funcionales con criterios geohistóricos e identidad de sus habitantes, con la finalidad de consolidar y expandir los nuevos procesos sociales, políticos y organizativos, a fin de resolver las necesidades colectivas desde la práctica de los valores del Socialismo Bolivariano como son: la inclusión, el respeto, la diversidad, la pluralidad, el desarrollo del feminismo, y los aportes de los pueblos indígenas y afrodescendientes para la construcción de una sociedad más humana.
La Asamblea Nacional al discutir y refrendar la Ley Orgánica que crea la Ciudad Comunal, fortalece el conjunto de leyes del Poder Popular y el marco legislativo dirigido a promover que el pueblo organizado participe y amplíe su capacidad de decidir en las políticas públicas desde lo territorial, en concordancia con el sistema de Leyes del Poder Popular.
Esta ley se inscribe en el articulado de la Constitución y las leyes de la República, como expresión concreta del pensamiento Bolivariano y el desarrollo programático del Plan de la Patria y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Organización de Naciones Unidas.
Las Ciudades Comunales están llamadas a ser epicentros de revolución cultural, de configuración de una nueva ética socialista más allá de los valores destructivos del capitalismo; deben ser sustentables y ecosocialistas; deben apostar por nuevas relaciones sociales que logren territorializar la lucha antipatriarcal, avanzando en la construcción de territorios libres de violencia y en formas organizativas cada vez más paritarias entre hombres y mujeres. La democracia participativa y protagónica garantiza cada vez más poder para el pueblo venezolano.
Pero es muy importante, en el marco del debate que se está dando con respecto a este instrumento jurídico, que para el año 2050 el mundo irá hacia la conformación de ciudades- estado. De ahí la importancia de la aprobación de esta ley.
Igualmente, en el marco de este debate se da en el marco de la correlación de fuerzas que están en disputa, pues como todas y todos sabemos, la política es razón-fuerza, porque no sólo basta tener la razón argumentativa para impulsar las transformaciones sino que debemos tener organización y fuerzas que le den viabilidad, que nos permitan concretar las transformaciones necesarias para los tiempos que se viven.
También es bueno acotar que la Ley de Ciudades Comunales está basada en el ecosocialismo, es decir, el desarrollo del Plan de la Patria en concreto.
Pero una observación que no podemos pasar por debajo de la mesa es que en la Ley de Ciudades Comunales no se plantea, o por lo menos no se le observa en su espíritu, el tema de la defensa integral de la Patria. Y de ahí que en medio del debate que se está dando, esta ley debe plantear y ser tomada como un importantísimo elemento de defensa del Estado- Nación venezolano.
Esto lo señalo porque uno de los ataques que está teniendo este instrumento jurídico por parte de gobernadores y alcaldes de la oposición es que la ley atenta contra la descentralización. Bueno es acotar que el proyecto neoliberal en nuestro país, Henrique Salas Römer era el que abanderaba ese proyecto de descentralización, que no era más que el desmantelamiento del Estado- Nación para legarnos un nuevo coloniaje y reforzar la dominación. Pero lo más importante de todo esto es que ese proyecto aún no ha muerto, y por eso se opone férreamente a la aprobación de esta ley. He ahí una importante contradicción que se está dando con esto.
Por ello, es que tenemos que ir hacia las realidades concretas en los territorios, porque la democracia al igual que el desarrollo de las políticas públicas deben tener una expresión concreta, basada en la toparquía, en el gobierno del lugar que es lo que busca desarrollarse con esta ley al igual que el resto de las leyes que conforman el cuerpo del Poder Popular, para poder ir a un proceso de formación de la conciencia revolucionaria y del manejo del programa revolucionario.
Y también porque el desarrollo de este concepto nos va a permitir, y esto para garantizar la supervivencia de la Revolución, de organizar políticamente los frentes antiimperialistas con la complementariedad territorial y de la centralización de las fuerzas políticas aliadas al proyecto político revolucionario.
Es decir, es el desarrollo en concreto de lo que Chávez en su momento planteo con la denominada Nueva Geometría del Poder. Concepto este que estamos obligados a repasar.
Así están planteadas las cosas en estos momentos en la República Bolivariana de Venezuela.
¡Bolívar y Chávez Viven! ¡Y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!