En la noche del jueves 16 de septiembre, unos funcionarios del Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Habitat llegaron sorpresivamente, sin aviso previo, ni notificación a un apartamento de la torre 1 del Urbanismo Juan Vives Suriá, Montalbán III, con el objetivo de desalojar a una familia propietaria, que habita en dicho apartamento, desde hace 10 años. Los funcionarios que iban acompañados de varios agentes policiales pertenecientes a la unidad de Robo y Hurto de Vehículos de la PNB, pretendían cambiar el cilindro del apartamento y le exigían a uno de los habitantes de la vivienda que les entregaran la llave de su vivienda.
Al arribar a esta torre y entrar al apartamento, se corrió la voz de inmediato y quienes se encontraban recogiendo agua, preparando la cena, llegando del trabajo, dejaron a medias sus actividades y quehaceres para correr hasta el apartamento que estaba siendo objeto de desalojo. La comunidad en pleno se presentó para evitar tal desatino, pues indican que son propietarios legítimos de estos apartamentos, y que no van a permitir ningún desalojo, los cuales están prohíbidos por las leyes y por orden presidencial. Además indican que ellos vienen de Terrazas de la Vega, que tienen una sentencia dictada por la Sala Constitucional del TSJ, ratificada varias veces. Sentencia 1714 Sala Constitucional del 14/12/2012; Sentencia 1321 Sala Constitucional del 10/10/2014 y Sentencia 959 de la Sala Constitucional 22/07/2015. Ellos poseen toda la documentación que da soporte a las declaraciones de propiedad de los habitantes de Torre 1 de Juan Vives Suriá. Por lo cual la ley de GMVV no aplica para estos apartamentos y que esta acción es desde todo punto de vista ilegal e inconstitucional.
Estos funcionarios que se identificaron como de Vivienda y Habitat, al no poder ejecutar la acción porque muchos vecinos de la comunidad entraron e impidieron el desalojo del apartamento y al ver que la comunidad en pleno se presentó a defender sus derechos y evitar que cambiaran el cilindro y desalojaran a la familia, cambiaron su versión y les dijeron que ellos sólo habían llegado a cumplir y a entregar una "orden de posesión preventiva", sin embargo, varios afectados y testigos afirmaron que estos funcionarios llegaron exigiendo las llaves para inmediatamente cambiar la cerradura del apartamento, pero no contaban con la comunidad que impidió que se ejecutara el desalojo. Los habitantes de JVS denuncian que aparte de arbitrario proceder, los funcionarios no iban acompañados de un juez ni de fiscal alguno que justificara una acción de ese tipo.
También llama la atención que estos funcionarios hayan sido acompañados por agentes de la Unidad de Robo y Hurto de Vehículos de la PNB, que funcionan al lado del Urbanismo Juan Vives Suría, junto a esta Comisión de Banavih sin ninguna orden de juez ni la presencia de un fiscal.
Por otro lado, los habitantes y dueños de estos apartamentos manifiestan que van a estar vigilantes y que cuando cosas así ocurran, van a defender su propiedad, unidos siempre, como una sola persona, porque cualquier acción que atente contra la estabilidad de sus viviendas será tomada como si se las estuvieran haciendo a cada uno de ellos. Que están conscientes que algunos funcionarios se presentan acompañados de efectivos policiales amedrentando a los residentes, les cambian los cilindros a las puertas y sacan a la fuerza a la gente, dejándolas vulnerables e indefensas, pero que ellos están muy bien organizados y unidos y que así como sacaron a estos "abusadores" lo harán de nuevo si se volviera a presentar una situación similar.
Ante esta situación, se hace un llamado a la Defensoría del Pueblo, a La Fiscalía General de la República, al Ministro de Habitat y Vivienda, Ildemaro Rondón y a la viceministra de Redes Populares en Vivienda del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Johanna Carrillo para que se investigue esta situación tan irregular y violatoria que lesiona los derechos constitucionales de los propietarios del Urbanismo Juan Vives Suriá.