Como consecuencia del resultado de las elecciones municipales que ya hemos caracterizado en otras ocasiones, la nueva situación para nuestra base política de apoyo en toda la región Zuliana es compleja y amerita la adecuación inmediata para la continuación de nuestra gestión y ejercicio pleno de nuestros derechos y deberes.
Pero la realidad nos coloca ante dos obstáculos que tenemos que superar para recomponer la unidad de nuestra base política de apoyo, una es la superación de la pasión local por la rivalidad entre liderazgos y corrientes con epicentro en la demanda de la mayoría por más democracia y cero imposición, mientras qué por otro lado está la tradición de la derecha, hoy en la mayoría de las alcaldías y gobernación del Zulia, en un momento histórico que irónicamente asoma vientos de recuperación económica.
La militancia del PSUV está resolviendo sus asuntos internos en el Congreso, los partidos aliados están estancados en el dilema por resolver en el TSJ y otros en espera de "la línea", pero lo que nos ocupa el día de hoy es la tradición de la derecha en el gobierno y específicamente bajo el liderazgo de Manuel Rosales de quien ya conocimos su inclinación hacia la privatización de bienes y servicios públicos como la educación, salud y otros, solo menciono estos dos porque en nuestra Constitución Bolivariana ambos son Derechos Humanos, ellos los convierten en mercancía.
Otra de las costumbres de la derecha y muy particularmente del señor Rosales, es la imitación de estructuras y gestión que hizo en la época del Comandante Hugo Chávez y el paralelismo de crear estructuras que faciliten sus operaciones desconociendo las estructuras existentes que derivan de nuestra Constitución y las Leyes, en este particular es oportuno mencionar la tragedia y la comedia de todas las expresiones del Poder Popular, amenazadas recientemente con la instalación ilegal del CLPP Cabimas y la puesta en marcha de la conformación de una estructura paralela a los Consejos Comunales que ellos han denominado "comunidades organizadas".
El asunto es que nuestra Constitución Bolivariana y las Leyes del Poder Popular establecen las condiciones jurídicas, históricas y sociales, así como el ámbito y competencias de todas las expresiones de la Organización Social de Base, como Poder Constituyente que no puede y no debe estar subordinado al poder constituido representado por el gobernador y los alcaldes.
Pero resulta que el alcalde de Cabimas, quizás por desconocimiento de la Ley o por su origen extranjero, incurre en la vulneración del ejercicio de la gestión comunal saboteando de manera conjunta con la mayoría de concejales de la ultraderecha, la instalación del CLPP de conformidad con lo establecido en las Leyes que regulan está importante materia.
Pero no solo se violenta el ordenamiento jurídico por razones ideológicas ya que los Consejos Comunales y Comunas están vigentes con reciente actualización de vocerías y la mayoría son militantes de izquierda y que una función fundamental de los consejeros y consejeras del CLPP es la Planificación, Ejecución y Control del Presupuesto Municipal con autonomía y tengo la certeza que el principal temor de la derecha es que, el alcalde y concejales fueron electos para el desempeño de las funciones establecidas en la Ley Orgánica de Poder Público Municipal y al mismo tiempo fueron electos consejeros y consejeras del CLPP, pero en el caso de alcaldes y concejales estos son consejeros del poder constituido y los consejeros y consejeras que emanan de las expresiones de la Organización Social de Base tienen la jerarquía Constitucional, legal y legítima de representar al Poder Constituyente, es decir que no están subordinados al Poder constituido y tienen que interactuar en el ejercicio de la gestión pública, convirtiéndo al CLPP en el centro del debate, la planificación, la ejecución y control de la gestión pública.
Con la imitación de crear las comunidades organizadas y el sabotaje al Poder Popular la derecha pretende evadir la vigilancia y control social de la gestión municipal y esto es un atentado contra los derechos políticos de todas las expresiones de la Organización Social de Base en particular y del pueblo de Cabimas en general.
La situación antes señalada amerita la discusión, planificación y acción para denunciar ante los organismos competentes la acción criminal cometida desde la alcaldía de Cabimas y la mayoría de los integrantes del concejo municipal.
De igual manera es pertinente tramitar ante el Ministerio de Comunas la entrega inmediata de los certificados pendientes de los Consejos Comunales para avanzar en la organización de las Comunas en construcción y la gestión del Poder Popular.
Por último, la instalación del CLPP es un mandato Constitucional, legal y legítimo, todo funcionario que se opone a ello está violentando nuestra Constitución y las Leyes del Poder Popular.
Hasta la victoria siempre.