La aplicación de la nueva Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras, según Gaceta Oficial Nro.6.687 de fecha 25 de febrero de 2022 y de la Providencia Administrativa SNAT/2022/0000123 que designa a los sujetos pasivos especiales como agentes de percepción de la mencionada Ley, ha generado todo tipo de incertidumbres y dudas en los consumidores finales de productos de la cesta básica alimenticia, así como en bienes y servicios esenciales para el hogar y la familia venezolana.
Esta desagradable situación la vive desde hace una semana el pueblo sufrido y empobrecido de Pariaguán, municipio Francisco de Miranda del estado Anzoátegui, que aparte de la horrenda carencia de agua y la sequía infernal, no tanto por la inclemencia del severo verano tropical como sí lo es por la indolencia e irresponsabilidad del alcalde psuvista Ángel Vásquez, actualmente desaparecido de la comunidad, por cuanto se dice a vox populi que "aquí no hay gobierno".
Los abastos chinos, ubicados principalmente en la extensión de toda la calle Comercio, también en la calle Anzoátegui, la calle Bolívar, plaza Miranda, sector EL Bajo, Las Colinas y avenida Libertador, así como carnecerías, ferreterías, agropecuarias, licorerías, farmacias, zapaterías, tiendas de ropas y telefonía celular, locales del mercado municipal que expenden quesos, aliños, frutas, verduras, pescados, leña, o cualquier otro producto vital para satisfacer las necesidades del pueblo, aplican el criterio de pagar el 3% adicional al monto de la compra al menudeo, si el cliente hace el pago en divisas. De este modo, si la señora o el señor presenta un billetes de 20 dólares para cancelar el kilo de arroz, la pasta, el aceite, los huevos, el poquito de queso, la harina y la mantequilla y la cuenta total da exactamente esos 20 dólares, debe pagar con pago móvil, Biopago, punto de venta o efectivo el equivalente a tres dólares al valor de la página yanqui de Instagram #enparalelovzla.
Si el cliente no consume el total del valor del billete en dólares, le suman el tres por ciento y se lo deducen del vuelto correspondiente, el cual casi siempre se realiza en soberanos y no en divisas. También obligan al ciudadano a gastar la totalidad del billete en dólar, condicionando así sus demás necesidades de compra.
Ante los reclamos generados por el cobro del mencionado valor a las grandes transacciones, los comercios chinos de Pariaguán optaron por borrar todos los precios señalados en divisas en sus mercancías y le incrementaron una barbaridad al señalar los precios en bolívares. De este modo, un ventilador que hasta hace una semana tenía el precio señalado en 30 dólares, equivalentes a Bs. 137 lo tienen señalado ahora en BS. 160, con lo cual le subieron cinco dólares como retaliación por la negativa del pueblo de pagar el tres por ciento mencionado. También las empresas mayoristas que surten pollos y plátanos a Pariaguán desde la vecina ciudad de El Tigre aplican el cobro del 3% al pequeño comerciante que les compra 20, 30, 40 kilos de pollos o plátanos, obligándolos a subir el precio al detal. Eso es un chantaje y una injustica que el pueblo no debe pagar.
Este mismo criterio lo aplicaron al precio del aceite comestible, huevos, carnes, etcétera. Por eso el llamado es para el SUNDEE y SENIAT. Por favor visiten a Pariaguán, y corrijan estos abusos del aumento de precios. Y el Presidente Nicolás Maduro que mande una comisión del DGCIM a ver si logran encontrar al alcalde desaparecido Ángel Vásquez para que le dé la cara al pueblo ante la falta de agua y la falta de gobierno local. Los abusos señalados de los comerciantes son también de su incumbencia y responsabilidad. Así, escondido e invisible ningún alcalde se merece el mote de revolucionario. Más justo sería endilgarle el de sinvergüenza.
Los grandes empresarios y comerciantes mayoristas no quieren pagar un centavo en impuestos. Son ellos quienes deben cumplir la obligación del 3%, no así un pequeño comerciante que lo sumo adquiere 70 dólares en pollo al mayor para venderlo al precio regulado. Esta cadena especulativa de precios debe ser controlada, aclarada y regulada del modo correcto. En ese sentido, los organismos competentes deben aclararle al consumidor, al comerciante y al empresario mayorista lo pertinente.