Luego de la improbación del informe de gestión 2022, del Gobernador Morel Rodríguez, el pasado 18 de mayo, y posterior entrega del informe de improbación a la Contraloría del estado, comenzaron a caer denuncias por doquier, además de ciertos alegatos incongruentes por parte del ejecutivo regional, a cuyos efectos, vamos a mencionar algunos:
Alegan los representantes del Gobernador, que se ha roto el pacto; nos preguntamos: ¿Qué pacto?; no creo que se refieran a tapar "presuntos casos de corrupción"; en este sentido, entendemos que, sí existe un pacto de reconocimiento y de respeto constitucional y legal, como debe ser, donde el Presidente de la República respeta y reconoce la autoridad del Gobernador de Nueva Esparta, y éste hace lo mismo con respecto al primer mandatario nacional. En cuanto a tapar situaciones que atenten contra el patrimonio público no creemos, todo lo contrario; el Gobierno Nacional ha dado todo su respaldo a las actuaciones del Ministerio Público, ante las imputaciones y detenciones de particulares y funcionarios públicos de alto nivel, pertenecientes a las filas del PSUV, y en Nueva Esparta tenemos ejemplos suficientes de ello, además de posibles casos que se podrían ir presentando, producto de las investigaciones que están en curso.
Por otra parte, escuchamos en la rueda de prensa que se realizo en ocasión de la entrega del informe de improbación a la Contraloría del estado; que los funcionarios del ejecutivo regional alegaban, con respecto a una de las presuntas irregularidades administrativas, como lo es, según lo que salió a relucir en la rueda de prensa, que la Gobernación no entregó el dozavo 2022 correspondiente al Consejo Legislativo; pero luego nos hicieron llegar un oficio, donde reconoce el ejecutivo regional que no entregó los dozavos, mediante comunicación "DAFP-0061-18052023", de fecha 18 de mayo de 2023, dirigida a los Presidentes de Institutos Autónomos, Corporaciones, Fundaciones y demás Entes Descentralizados, firmada por el "Director de Administración de las Finanzas Públicas", de la Gobernación de Nueva Esparta, donde señala: "Para su información y fines consiguientes les remito información contenida en el artículo 20 de la ley de Presupuesto estadal – Gaceta oficial del Estado Nueva Esparta E-5393-28/12/2021 que textualmente dice lo siguiente: La tesorería del estado podrá ejecutar retenciones parciales de los aportes acordados a los entes descentralizados, que posibiliten el logro del equilibrio de las existencias del tesoro estadal o destinarlos a pago directo de determinados servicios prestados por empresas privadas o por organismos públicos". Subrayado y negrillas mías.
Como se puede apreciar del oficio en comento, se establece que podrá realizar retenciones parciales; taxativamente dice "retenciones parciales"; no indica que sean retenciones totales y que nunca se cancelaran; por otra parte se deja entrever que se pueden utilizar esos recursos para cualquier tipo de gasto, destinando pagos a servicios prestados por empresas privadas, que fácilmente podrían ser para publicidad y propaganda, pago de servicios por apoyos políticos o cualquier otra cosa que se nos ocurra. En este sentido me parece una cuestión totalmente ilegal, porque nuestras leyes son claras; cuando se deja algún punto abierto a la interpretación como el señalado, se debe indicar que se podrán realizar tales gastas por emergencia comprobada, a cuyos efectos se debería levantar un informe técnico justificativo; pero en el caso de no otorgar los aportes constitucionales al Consejo Legislativo, se está violando todo ordenamiento jurídico, amén, que es un ente que supervisa y controla la actividad del ejecutivo regional; esto simplemente se hace, para asfixiar a las instituciones y se plieguen a sus antojos; similar manejo vemos en algunas instituciones donde se le da el mínimo de los aportes a las Contralorías locales para que no puedan cumplir su función contralora y garante de buen uso del patrimonio público.
Luego de esto, también se han comenzado a escuchar casos sobre reclamos graves del los bomberos regionales, la Policía del estado y hasta de los trabajadores de la Gobernación; por lo que nos hace presumir que la candela está cogiendo vuelo.