Nuestro desarrollo científico siempre ha sido escaso y marginal a la vida diaria y a los planes del país, pese al brío de los pocos grupos académicos de alto nivel que han existido y de sus propuestas concretas para mejorar las condiciones productivas y de vida de la nación. En sus inicios, el gobierno de Chávez dio pasos importantes, aunque insuficientes, en el sector científico y tecnológico, cuyo impacto no se detectó por la corta duración del intento, al ser sustituidos los equipos profesionales iniciales por otros más acordes con la incondicionalidad requerida por el Primer Mandatario. A pesar de las realizaciones iniciales, exigidas por la propia comunidad científica, la visión altamente prejuiciada de la oposición política las ignoró y continúa ignorándolas, con una falta de objetividad que les quita hoy autoridad a sus críticas y a sus intenciones de asumir el sector de nuevo en el futuro.
La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la promulgación de la ley correspondiente en 2005, la inclusión en ésta de la obligación de las grandes empresas de invertir en el país en desarrollo científico y tecnológico, la creación del Observatorio Nacional del sector, el crecimiento del Programa de Promoción del Investigador y los proyectos ejecutados desde la OPSU durante 6 años, son claras acciones positivas, que aumentaron las fuentes y los montos de financiamiento e hicieron coherentes el discurso y las promesas con las acciones concretas en el sector. Para 2008, el porcentaje del PIB para investigación científica y tecnológica superó el 2 por ciento. Se inició así un proceso inédito de inversión empresarial en Venezuela dirigido al desarrollo de las ciencias y las tecnologías nacionales.
Este "compre venezolano" en ciencia y tecnología fue muy adversado por PDVSA, empresa que siempre compró en el exterior todo lo que necesitaba en la materia. Mientras nuestro desarrollo científico no arrancaba, la petrolera estatal hacía florecer los laboratorios de los países desarrollados. Y esto no ha variado en la conciencia del sector político dirigente ni siquiera en los gobierno de Chávez. Él mismo nunca entendió la necesidad del desarrollo científico y tecnológico, pues siempre fue seducido por el cuento de los saberes ancestrales y populares. El SENIAT, por su parte, insistió hasta lograrlo en considerar los recursos empresariales obligatoriamente dirigidos a la inversión científica y tecnológica, como impuestos a estar bajo su administración.
Estas erradas concepciones, productos de claras limitaciones intelectuales y de la codicia por el manejo de esos recursos, llevaron a equipos ministeriales ajenos a las ciencias y a unos diputados más ajenos todavía, a modificar la ley y darle a las inversiones empresariales obligatorias el carácter de impuestos parafiscales, con el cual se desdibujó la función específica que tenían. Se comenzó a financiar la burocracia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero no las ciencias, con estas contribuciones. Se satisface el requerimiento de PDVSA y se reduce su aporte financiero de 2 a 0,5 por ciento de sus ingresos brutos (cuatro veces menos), y se permite además que dichos aportes financien programas ajenos al área científica y tecnológica, yugulando con estas dos medidas la única posibilidad real de crecimiento cualitativo y sostenido del sector.
as universidades oficiales, por su parte, no generan tampoco muchas esperanzas en la recuperación del sector de las ciencias y la tecnología, ni las instituciones autónomas ni mucho menos las experimentales y menos aún las llamadas bolivarianas. Internamente, no tienen las fuerzas para superar el deterioro en que se encuentran, presas del facilismo extremo, de la anti academia, la distorsión de sus valores y de la corrupción descarada y tolerada por el gobierno de sus autoridades en todos los niveles. Las universidades han venido cayendo en las manos de unas mafias contrarias a la academia, que se imponían mediante la compra de conciencias, para usurpar las posiciones de dirección, ante la actitud complaciente de una parte del país, la confusión de docentes y estudiantes y la aparente indiferencia del gobierno.
Hoy, este pasado gris se torna negro, luego de la permanencia por varios lustros de las mismas autoridades en los mismos cargos directivos, lo que reduce las posibilidades de llevar adelante un rescate institucional sólo a los pocos cuadros académicos y de investigación con formación, que sobreviven aún en las instituciones. Se requeriría, sin embargo, de una acción coordinada entre un gobierno distinto, preocupado por el desarrollo científico nacional más que por el control institucional, y este sector académico sobreviviente de las instituciones, para poder iniciar un proceso sostenible de recuperación. Pero ello demanda de una comprensión que no parece existir hasta ahora en la dirigencia política nacional, son importar sus signos ideológicos ni posiciones políticas.
Así, en todas las casas de estudio controladas hoy por el gobierno pseudo revolucionario, las conductas académicas han sido substituidas por actitudes malsanas, que se justifican sobre la supuesta existencia de un "nuevo paradigma": la inobservancia de los requisitos académicos universales, considerados propios del "orden burgués". El facilismo, el clientelismo, la demagogia, la corrupción y el lenguaje socialistoide, se han apropiado de la vida de estas instituciones. El sector universitario por su parte no parece, salvo por la existencia de pequeños grupos académicos de excelencia, que tenga un comportamiento muy diferente al gubernamental, si bien el discurso no llega a los extremos de deterioro y perversidad del de aquél. Como en el pasado, al gobierno le interesa la pudrición universitaria nacional, por lo que ha ejecutado decisiones judiciales que han garantizado la permanencia indefinida de las autoridades actuales.
Nada nos hace ser optimistas. Denunciar es lo que nos queda, pero el auditórium polarizado nacional oye muy poco.