Pegaso, el caballo alado de Zeus, el primero en estar entre los dioses del Olimpo, en la mitología griega, es el nombre con el cual se bautizó al software de espionaje israelí, creado y desarrollado por la empresa tecnológica NSO Group, que se le ha vendido a muchos gobiernos de derecha en el mundo, para ser utilizados para la infiltración e interceptación de comunicaciones en general, y de llamadas de telefonía celular en línea, de un nutrido espectro de la sociedad global, afectando a personas y grupos en su privacidad, se estima pertenecer a las familias reales árabes, a líderes de empresas y corporaciones, a activistas de derechos humanos, a periodistas, políticos, funcionarios públicos de diversos gobiernos, que incluyen a jefes de Estado y de Gobierno; ministros, diplomáticos, y cuantas individualidades son objetivos militares, políticos, sociales, o de cualquier otra índole que consideren enemigos y amenazas para los intereses de los que controlan desde el poder al mundo.
A través de este programa Pegasus se espían todas las actividades, públicas y privadas, con una alta capacidad desde dispositivos electrónicos móviles, para recabar información sensible de manera clandestina. En Colombia se armó un zafarrancho, cuando el presidente Gustavo Petro reportó la adquisición que se realizó con aportes del fisco nacional en 2021, en el gobierno de Iván Duque, y la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) habría cancelado 11 millones de dólares en efectivo, para adquirir el software de espionaje Pegasus; compra que se hallaba en el radar mediático, y la Policía como el Ministerio de Defensa habían negado su adquisición. Senda tecnología de vigilancia extrema, invasiva, permite acceder con total impunidad y por completo a dispositivos, se incluyen cámaras, micrófonos, geolocalizadores, y cualquier medio electrónico, planteando lo que son graves riesgos para la privacidad. Las investigaciones abiertas sobre el uso indebido de Pegasus en otros países como México, España y República Dominicana, incluirían a Colombia como el cuarto país latinoamericano donde se ha detectado este abuso.
Tales compras controvertidas y el uso que se le ha dado al software, generaron un escándalo mayor, y las denuncias de los opositores políticos, y de los jóvenes que denunciaban actos de espionaje para ser apresados y eliminados por ser supuestos terroristas. Las investigaciones en pleno desarrollo, su curso seguirá lo que las autoridades judiciales a petición del ejecutivo soliciten, activándose los controles respectivos para detectar las fallas y desvíos de la seguridad ciudadana en general, y de lo que significa el software, que se usó durante la campaña política. son algunas de las implicaciones que violentan los derechos humanos y el debido proceso. El impacto de Pegasus ha significado para muchos gobiernos de la aldea global, una preocupación extrema, puesto que se ven afectadas las instituciones. En México el gobierno de AMLO ha sido acusado de utilizar a Pegasus para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos, lo que ha llevado a un clima de tensión y miedo, y a practicar la autocensura en los medios. Por su parte Hungría reportó que también usó Pegasus para vigilar a críticos y opositores, prendiendo las alarmas sobre el estado de la democracia en el país. Activistas y opositores políticos polacos han denunciado el uso de Pegasus por el gobierno, generando protestas y llamados de atención a que se rinda cuentas al respecto. Igualmente, en los Emiratos Árabes Unidos acusan de haber utilizado el software espía contra los disidentes y activistas de derechos humanos, lo que ha llevado a condenas internacionales.
En la India se reportaron casos de vigilancia a periodistas y activistas a través de Pegasus, cuestión debatida sobre la libertad de expresión y la privacidad en el país. Pero las acusaciones, demandas y sanciones por el uso y de espionaje interno e internacional por Pegasus, ha provocado debates sobre la ética de la vigilancia y la necesidad de las regulaciones estrictas para proteger los derechos individuales y colectivos de las organizaciones y las instituciones que luchan por adecentar las prácticas de los gobiernos, que por lo demás afectan significativamente a la democracia.