Es increíble como un contrato puede establecerse para derrocar a un gobierno legítimamente establecido y que no pase ¡nada!
Por la medida pequeña, un contrato que diga con todas sus letras que el proyecto u objetivo del contrato mismo es el derrocamiento de un régimen con todas las implicaciones que una acción de esta envergadura implica: secuestro y asesinato del Presidente, líderes del partido de gobierno, ministros, etc. y por supuesto al incluirse el uso de bombas es fácil suponer el alto número de "bajas de población civil" como "daños colaterales" que resultaran de esta operación.
El planeta mundo ha supuesto que el legado de leyes internacionales que rigen a los países miembros de la ONU, están básicamente sustentadas en el modelo democrático. Pero este contrato demuestra que no es así; que los países se presentan democráticos, pero son capaces de aceptar tales adefesios jurídicos; en nombre de la "libre empresa" y de la democracia que esta libertad supone.
Estamos ante una demostración clara de barbarie tal como siempre se ha planteado occidente desde su supremacía, tal como fueron los tratados que consolidaron la conquista de nuestra Abya yala y la repartición de los territorios: tratados de Alcacovas y Tordecillas, y todos aquellos acuerdos firmados o no, entre la monarquía y los corsarios y filibusteros, quienes al mejor estilo de una empresa de mercenarios o sicarios de las de ahorita hacían el trabajo que no hacían los ejércitos.
Queda entonces preguntarse: ¿qué pasa que nos quedamos tan indiferentes ante esta pública y aberrante violación de la democracia?, ¿es que acaso la ONU y los países que la conforman se hacen la vista gorda ante un hecho que en cualquier momento se puede repetir en alguno de sus países miembros?
Es obvio que esto no debe preocuparle a quienes detentan privilegios imperialistas: USA y Europa, pero si a nosotros los países colonizados de siempre, o mejor dicho a las y los pobres de los países colonizados de siempre, porque los ricos de estos países están al servicio de este imperio.
En Venezuela tenemos ley para esta monstruosidad: la Ley Orgánica de la Delincuencia Organizada (2012), porque a quien mata por dinero le sale la pena máxima, sobre todo porque en el encargo se van a llevar por delante a más de uno, es decir, aunque el contrato señale los objetivos al "detal", el desastre de esta acción dará resultados al "mayor", lamentablemente para nosotros y nosotras, no para ellos, a fin de cuentas hasta mejor si arrasan con la "chusma" venezolana.
En este tipo de operaciones no hay escuálidos y chavistas, todas y todos son pueblo venezolano, simplemente.
La Ley Orgánica de la Delincuencia Organizada (2012), tipifica este contrato y sus acciones como un acto terrorista y a quienes los llevan a cabo organización terrorista, y las partes firmantes de este contrato son entonces: TERRORISTAS.
El articulo 44 (Sicariato) dice: Quien comete homicidio por encargo o cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada, será penado o penada con prisión de 25 a 30 años. Con igual pena será condenado quien encargue el homicidio. El artículo 53 refiere al financiamiento del terrorismo y explica como en nuestro país no tiene justificación. Y el artículo 4 define claramente como este contrato es un acto terrorista ejecutado por la delincuencia organizada.
Guaido y todos los firmantes y participes de este negocio de la guerra contra Venezuela deben ser castigados, y en la ONU hay que plantear este caso en una reunión extraordinaria de la asamblea general, así como incluirse todo este caso en el Tribunal Internacional. ¡Ya basta de tanta